Alvise Pérez está bajo investigación por haber cometido un presunto delito de fraude y financiación ilegal por haber recibido 100.000 euros de una plataforma centrada en criptomonedas. ¿A qué penas de cárcel podría enfrentarse el eurodiputado ultraderechista?
Este telón de fondo evoca directamente a la Ley de financiación de partidos políticos, la cual prohíbe que dichas formaciones puedan aceptar dinero de gobiernos, entidades o empresas públicas extranjeras. Según establece dicha normativa, queda excluido por la vía penal si esta financiación se destina a una campaña electoral, es decir, que el procedimiento se remitiría a la vía administrativa.
De esta manera, las probabilidades que caben de una pena de cárcel sobre Alvise Pérez se concentran en que, si se demuestra el delito de financiación irregular a partidos, se le impondría una multa de cinco veces mayor al dinero defraudado, es decir, hasta 500.000 euros. Esto en términos económicos, pero, en los referido a una posible pena de prisión, el eurodiputado se podría enfrentar a una pena de entre seis meses a incluso cuatro años de prisión.
Un escenario que se materializaría si se prueba que la donación de 100.000 euros que recibió ‘Se acabó la fiesta’ de parte de Madeira Invest Club (MIC) se destinó a “sufragar el funcionamiento ordinario del partido y cumpliera determinados requisitos” para interponer una pena de cárcel.
La Fiscalía reclama investigar al club financiero que patrocinó Alvise
En este contexto, cabe recordar que este mismo lunes la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió investigar a los responsables de Madeira Invest Club (MIC), la oficina de inversión apadrinada por el eurodiputado ultraderechista por este presunto delito de estafa, reclamando así que se admitan a trámite hasta tres denuncias presentadas por diversos colectivos afectados.
En la denuncia figura Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain' y fundador de esta entidad, quien se postulaba en redes sociales como un experto en elusión fiscal, dando consejos a sus seguidores para dejar de pagar impuestos. De esta manera, consiguió aunar a una comunidad de unas 30.000 personas para unirse a su club de inversión, prometiendo así grandes inversiones.
En su vínculo con Alvise, Romillo confesó haberle entregado 100.000 euros a modo de intercambio para su entrada en el Parlamento Europeo y promocionar sus adeptos en la plataforma de criptomonedas.
Desde Aránguez Abogados, que actúan en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas -una de las entidades afectadas- defienden los intereses de algo más de 500 afectados y cifran el fraude en más de 300 millones de euros. Sin embargo, por parte de Zaballos Abogados, en representación de la Asociación de Afectados por Inversores de Criptomonedas, hablan de 2.700 afectados y daños económicos que ascenderían a los 600 millones de euros.
Vox y los préstamos de un banco húngaro
Sobre esta cuestión que vulneraría la ley de financiación de partidos también se ve involucrado Vox. El partido de Santiago Abascal ha evitado revelar la entidad bancaria, de procedencia húngara y vinculado con el presidente Viktor Orbán, que la prestó más de nueve millones de euros para financiar sus campañas en las elecciones generales de 2023.
En aras de defender esta operación, la formación de extrema derecha la calificó de “absolutamente legal”, defendiendo a su vez no desvelar la identidad del banco para no caer en la “demonización”. Es necesario remarcar que dicha ley prohíbe expresamente que los bancos financien a partidos políticos a través de la condonación de deudas o la concesión de préstamos con intereses, siendo este último escenario el que concierne al caso de Vox.
Tal y como se refleja en las cuentas públicas del partido, éste hizo uso por primera vez de un préstamo bancario valorado en 6,5 millones de euros, el cual se amplió posteriormente con otros 2,6 millones destinados a los comicios municipales, lo que hizo un cómputo total de 9,2 millones de euros. Vox ya ha devuelto parte de esta cuantía, aunque aún siguen pendientes más de siete millones.
Tampoco es la primera vez que Vox se ve señalado por una cuestión de este calibre. Este verano, el Tribunal de Cuentas sancionó al partido de Abascal con una multa de 233.000 euros por haner recibido donaciones ilegales para financiar una querella contra Quim Torra, el expresidente catalán. En 2019, la formación abrió un proceso de colecta para recaudar un total de 15.000 euros; así, el órgano fiscalizador tachó de irregular la colecta de 10.563 euros, ya que el resto del cómputo procedió de afiliados.
