Víctimas de abuso sexual en la Iglesia solicitarán este martes al Parlament que se retire la Medalla de Honor en categoría de Oro -el reconocimiento más destacado- a la Abadía de Montserrat, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press este lunes.
Según ha informado El Periódico, afectados por el abuso sexual en la Iglesia entregarán una carta -que recoge Europa Press- a los miembros de la Mesa para pedir que la Cámara catalana reconsidere su decisión.
El documento está firmado por Miguel Hurtado (víctima en Montserrat); Alejandro Palomas (agredido en un colegio de La Salle), Manuel Barbero (padre de una víctima en los Maristas) y Jordi de la Mata (abusado en los Jesuitas), entre otros.
"Los firmantes de esta carta hemos sufrido graves y prolongados abusos sexuales por religiosos catalanes. Este trauma sexual se ha visto incrementado, cruel e innecesariamente, por la ley del silencio impuesta por la jerarquía católica", expresan en la carta.
Han afirmado que su "trayectoria, compromiso y dedicación en esta lucha por los derechos humanos de la infancia" les otorga la legitimidad para cuestionar el grave error que representa la concesión de esta medalla de Oro, en sus palabras.
Desde la Abadía "ocultaron y encubrieron" las agresiones sexuales
La Abadía de Montserrat es una de las instituciones religiosas donde al menos 14 niños fueron víctimas de agresiones sexuales, cuyos dirigentes "ocultaron y encubrieron".
A raíz de las primeras denuncias contra el Monasterio y de que las víctimas solicitaron una investigación independiente del caso, liderada por el Síndic de Greuges, la Abadía hizo caso omiso de la petición, "designando a su propia comisión, la comisión de 'Transparencia' compuesta por miembros elegidos a dedo por el Monasterio".
En la carta lamentan que, ante esta situación, la comisión "se limitó a culpar al muerto" y que el abad de la época, Josep María Soler, simplemente se limitó a pedir perdón a las víctimas y reconoció que los mecanismos de control y supervisión fallaron.
"La conclusión lógica de que una institución reconozca que uno de sus integrantes es un depredador sexual y que ha podido cometer sus crímenes porque los mecanismos de control y supervisión fallaron, es que esta institución tiene una obligación moral de reparar integralmente a las víctimas. La realidad fue diametralmente opuesta", lamentan.
