"Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que mi nombre no se borre en la historia".

La madrugada del 5 de agosto de 1939, Julia Conesa, una de las 13 rosas, era asesinada fusilada en el muro del cementerio de la Almudena, en Madrid. Antes de que le aplicaran la Pepa, Julia le escribió una carta a su madre en la que le pedía a su familia: “Que mi nombre no se borre en la historia”. Durante casi 40 años, el nombre de Julia, junto con el resto de los miles de represaliados por la dictadura de Francisco Franco fueron olvidados forzosamente a golpe de terror y de represión. Sus vidas, pero sobre todo sus asesinatos a manos del régimen no existieron. La Ley de Memoria Democrática sacó del olvido a los asesinados y desaparecidos bajo el yugo franquista pero ahora, en 2024, el Gobierno de Castilla y León pretende, con el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo, a la cabeza, y el PP de Alfonso Fernández Mañueco como cooperador necesario, aprobar una ley, según ellos de 'concordia', que nos retrotrae a lo peor del franquismo.

La nueva ley dejará sin voz a las familias de los represaliados, llegando al punto de legislar la ilegalidad que supondrá sacar del olvido a las víctimas. En el artículo 4.4 de esa ley se puede leer, literalmente: “La Administración de la Comunidad de Castilla y León cooperará en las actividades de las entidades vinculadas a la concordia, prioritariamente en el desarrollo de proyectos de investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas. Los proyectos habrán de respetar durante todo su desarrollo, en todo caso, la legislación especial de protección de datos y el derecho a la intimidad, no pudiendo ser objeto de difusión pública imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”.

Los historiadores, investigadores y profesores de Castilla y León, a los que se han sumado otros muchos desde distintas comunidades autónomas, han difundido un escrito que hasta el momento firman 115 personas en el que muestran públicamente su “enérgico rechazo” a la proposición de ‘Ley de Concordia’ planteada por los grupos de PP y Vox a las Cortes de Castilla y León que, consideran, “desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes”, además de basarse en “una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978”.

En ese manifiesto se refieren específicamente al ignominioso artículo 4.4 de la proposición, que prohíbe la difusión pública en el marco de los proyectos de “imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo a las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo”, algo que entienden como una manera de “impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y la libertad de investigación”.

Castilla y León: una “ley mordaza”

Para María Jesús Izquierdo, historiadora e investigadora del grupo de Memoria Democrática de la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, concretamente, el artículo 4.4 convierte el proyecto de Ley en una “ley mordaza”. “Cuando lo leí no podía dar crédito”, afirma, “es tanto como impedir el derecho a la verdad y la libertad de investigación, frenar el conocimiento histórico que está poniendo de relieve lo que ocurrió en este país”.

La historiadora calcula en un mínimo de 16.000 las víctimas de la dictadura en Castilla y León, y considera que “es una obligación de investigadoras e investigadores dar a conocer tanto a las víctimas como a los victimarios”, de modo que la afirmación contenida en el artículo 4.4 es, en su opinión “una ignominia”. “Es un intento de someternos para no construyamos el relato que está demostrando el genocidio que ha ocurrido en nuestra Comunidad y en nuestro país, la dimensión de la represión”, subraya.

Izquierdo recuerda que durante muchos años se impusieron el silencio y el miedo “para evitar la verdad, la justicia y la reparación”, y afirma que “como se están dando cuenta de que las investigaciones están aflorándolas, pretenden impedir que cumplamos con nuestro deber como profesionales y como demócratas”.

“No sé a dónde pueden llegar inmiscuyéndose en la labor de los historiadores, lanzándonos el mensaje de ‘cuidado con lo que publicáis’ y frenando el conocimiento de lo ocurrido”, concluye, recordando que ya existen leyes sobre protección de datos personales que es necesario cumplir cuando se publican esas investigaciones.

En el mismo sentido se pronuncia Sherezade Benito, vicepresidenta de la Asociación memorialista soriana para el Recuerdo y la Dignidad: “Esta ley oculta a las víctimas hasta el punto específico de que no podemos hablar de ellas ni difundir los documentos que demuestran los crímenes y abusos, documentos que además, fueron producidos por el régimen”, lamenta. “El objetivo”, añade Benito, “es borrarlos definitivamente de la Historia. Hablan de protección de datos para censurar la información que podemos emitir para procurar ‘la concordia del franquismo’, que no es otra cosa que el silencio y el olvido”.

Julia Conesa no quería que la historia olvidara su nombre. Vicente Gómez, asesinado en el paredón de Paterna, conocido como el paredón de España, le decía en una misiva a su mujer días antes de morir fusilado:

“Tú, querida esposa, sabes bien cuan inocente soy de los hechos que se me acusan. Sabes que muero asesinado por la maldad de unos individuos. Sabéis quienes son los causantes de mi muerte. Pues solo os pido que si algún día podéis aclarar la verdad los perdonéis, como yo los perdono. La compasión que les tengo me impide que los maldiga. No tengáis rencor porque son unos desgraciados, que no saben lo que se hacen, porque de saberlo no hubieran contribuido en mi asesinato. (…) Voy cara a la muerte poco a poco, sereno, con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien levantada pues el único delito que he cometido ha sido el pensar en una sociedad más justa y equitativa que la presente. Moriré mirándoles   la cara a mis asesinos con la convicción absoluta de que no tardaran mucho tiempo en reconocer que es un crimen lo que conmigo han cometido”.

Pues bien, si la nueva ley de PP y Vox sale adelante, no podremos conocer a las víctimas que quedan en las fosas como sí conocemos a Julia Conesa o a Vicente Gómez. No conoceremos sus vidas, ni sabremos sus nombres y apellidos. No serán parte de la historia. Serán, tal y como pretendía el franquismo, olvidados.