Las víctimas de la represión franquista vivieron casi 40 años de represión, asesinatos, burla y desprecio por parte de la dictadura. Se les borró su historia a golpe de miedo, fusiles humeantes y fosas. Miles de familias no pudieron enterrar con dignidad a sus seres queridos cuyos restos estaban en esas fosas comunes. No fue hasta casi 70 años después de acabada la guerra que comenzaron a tener voz gracias a una ley, la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero. En 2022 esa ley se reforzó con la Ley de Memoria Democrática, pero ahora el partido de ultraderecha Vox, con la cooperación del PP, pretende derogar las leyes autonómicas para sustituirlas por las llamadas leyes de concordia que, como en la peor época del franquismo, vuelve a dejar sin voz y sin reparación a las víctimas y a sus familiares. Si nada lo impide, la Comunidad Valenciana será una de las primeras en derogar su ley de memoria, que será sustituida por otra que blanquea el franquismo, es negacionista y olvida a las víctimas.

Los familiares de esos represaliados están viendo atónitos, como esa luz al final del túnel del olvido y la represión más brutal que les dieron las leyes de memoria se apaga por culpa de la genuflexión del PP ante la extrema derecha. Matías Alonso es el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en Valencia. Preguntado por qué significa para las víctimas este cambio legislativo, Alonso dice que, sobre todo, "significa volver atrás después de años de una acción positiva por parte de las instituciones y del Gobierno, y desproteger a las víctimas. A las víctimas y a sus familiares, que hasta ahora han podido recuperar sus restos gracias al apoyo de leyes como las que quieren derogar".

El paredón de España

Matías Alonso atiende a ElPlural.com desde uno de los lugares más significativos de esa represión: el paredón de Paterna, más conocido como el paredón de España. “Estamos en el segundo lugar de España donde más españoles fueron fusilados en la posguerra, es decir, cuando ya no había bandos y ya no había fusiles. Simplemente tras la victoria del franquismo, pues en España siguió habiendo venganza, terror, fusilamientos y sangre. Aquí es donde se produjeron 2.237 de aquellos fusilamientos”, rememora el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El paredón de España tiene vestigios de aquellas masacres. Los agujeros de bala en la piedra son un recordatorio de la brutalidad que allí se cometió. Sin embargo, el muro casi llegó a desaparecer enterrado por escombros. Solo la lucha incansable de los familiares evitó que este lugar desapareciera físicamente, lo que hubiera significado su desaparición de la memoria colectiva.

“Es vergonzoso el estado en que se encuentra un lugar como este, que en cualquier país sería un monumento nacional”, afirma Alonso que, además, explica que hay un proyecto para eliminar todo lo que sobra, los escombros y la tierra que tapan el muro porque “ha estado a punto de desaparecer víctima de una acción de ocultamiento”, para ponerlo en valor con un “memorial digno”. “Este lugar está en peligro si se aprueban las leyes de las que estamos hablando”, afirma Matías Alonso con contundencia.

Una ley que no solo blanquea el franquismo, sino que además es totalmente negacionista con lo sucedido durante la guerra civil y la dictadura con frases como: “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la guerra civil y el franquismo”, o “una convulsa segunda república”, en claro menosprecio a este período histórico. Pero es que va más allá, pues pone en el mismo plano a la República, un régimen democrático, con la dictadura, algo impensable en cualquier país civilizado.

Un período que el portavoz de Vox, José María Llanos, parece no conocer, pues en la rueda de prensa de presentación de la ley aseveró, para justificar que se incluya el período desde 1931 a 1936 en la ley, que también hay que recordar “a las víctimas de la violencia revolucionaria del Frente Popular”, pese a que esta coalición de izquierdas se formó en 1936 y no durante los años de la república.

José Múñoz, el sindic del PSPV en Las Corts es tajante cuando habla sobre la nueva ley que PP y Vox pretenden aprobar: “El Partido Socialista lo que piensa es que esta ley lo que hace es blanquear al franquismo. Es absolutamente aberrante que el Partido Popular y la extrema derecha lo que estén planteando es una ley que equipara a las personas represaliadas durante 40 años de dictadura con un régimen democrático como fue la Segunda República. Es una ofensa a la democracia y a todos los españoles que lucharon por las libertades”.

Con respecto a la constitucionalidad de estas nuevas leyes, la fiscal delegada de Memoria Democrática en Valencia, Susana Gisbert, afirma que “habría que ver si la ley vulnera los valores de nuestra Constitución. En cualquiera de los casos, el choque de una ley autonómica con una ley nacional, el decir cosas contrarias, puede ser no necesariamente inconstitucional, pero sí que puede ser ilegal y por tanto, susceptible de anulación de alguna manera”.

Y apostilla que “incluso parece contradictorio el término concordia cuando lo que hace no es decir que no hay víctimas o que no hay verdugos, sino que lo que hace es decir "hay unas, pero también están otras víctimas". Eso no es concordia, eso más bien parece una equiparación de hechos más o menos luctuosos según quién lo que lo dicta”. 

El 27 de octubre de 1940 Rafael Real le escribió una carta a sus padres desde la cárcel Modelo de Valencia antes de ser fusilado días después en Paterna:

“Me consta que soy inocente. Mi conciencia es el tribunal ante el cual hago comparecer mi conducta y cuando la interrogo esta conciencia permanece tranquila, esto es la verdad, solo siento el sufrimiento de ustedes pues en este momento es cuando más falta les hago y menos les puedo ayudar (…) pero hay que esperar que ya llegará el día en que los hombres reconozcan mi inocencia y entonces me reestablecerán con ustedes”.

Una carta en la que decía que moría inocente y que, algún día, se reconocería esa inocencia. Las leyes de Memoria Democrática pretendían dar voz a esas víctimas que clamaban por su inocencia. Sin embargo, la nueva ley les vuelve a arrebatar a la voz a ellos y a sus familias.