La batalla entre el Gobierno central y tres Ejecutivos regionales liderados por el Partido Popular y Vox a cuenta de la Ley de Memoria Democrática se recrudece. Moncloa ha anunciado este jueves que va a recurrir ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, que derogan la norma estatal, impulsadas por los gobiernos de populares y ultraderechistas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que estas son contrarias a los valores recogidos en el texto aprobado la pasada legislatura. Así, y tras llevar al Tribunal Constitucional el "blanqueo de la dictadura" por parte de estas Administraciones, los de Pedro Sánchez harán lo propio en Naciones Unidas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa.

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El Gobierno, contra PP y Vox por la Memoria

Según han informado fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa va a elevar esta cuestión "por su gravedad" ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa. Lo hace después de que esta misma semana anunciara que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si los Ejecutivos en coalición de Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria. De hecho, asegura que son "contrarias a los valores" que recoge la norma original.

Por organismos, en Naciones Unidas, el Ejecutivo central recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas para que "evalúen" la conformidad de estas medidas "con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos", según indican las citadas fuentes. En la Eurocámara, promoverán iniciativas para "incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación" por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas. Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán "la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos".

En esta misma institución también van a promover "un debate urgente" en la Asamblea Parlamentaria de este organismo "para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox". Además, informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos "para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación" así como que, por último, va a "solicitar la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox" en estas tres regiones.

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Antes de Europa, el Constitucional

Esta apuesta por parte de Moncloa se produce después de que este mismo lunes el Gobierno central anunciara que va a llevar las iniciativas impulsadas por Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón para acabar con la ley de Memoria Democrática hasta el Tribunal Constitucional por vulnerar la normativa nacional. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado lo que adelantó Dina Morant, ministra de Ciencia, días antes contra la principal aspiración de los ejecutivos autonómicos conformados por la extrema derecha y los populares, que es "blanquear la dictadura" y establecer el discurso de la guerra fratricida o de los dos bandos, algo que ha sido tildado como "inadmisible" por el titular de la cartera competente en la materia.

"Elevaremos al Consejo de Ministros un estudio inicial que han realizado los servicios jurídicos de la ley ya aprobada por el Parlamento Aragonés, que deroga la de 2018, y las proposiciones de ley que aún no se han aprobado en Castilla y León y Comunidad Valenciana", ha confirmado Torres, anunciando que irían al Constitucional en el caso de que estas Administraciones no retiren sus proyectos. "Invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos", ha sostenido el ministro, defendiendo que "durante la dictadura franquista hubo represión, desapariciones, torturas y marginación por cuestiones políticas que desarrolló un golpe de Estado militar contra un orden democrático que era la Segunda República".

Los apartados que se quieren eliminar llegan incluso a afectar al nazismo, que también desaparece en la legislación de Aragón, que ha acabado con el mapa de fosas "para dificultar o imposibilitar las exhumaciones", con lugares de memoria y con los homenajes a los aragoneses asesinados en los campos de concentración nazis. Los servicios judiciales han terminado su estudio inicial y el ministro de Memoria Democrática ha trasladado las conclusiones claras: "se iguala lo que fueron los años de la dictadura con un régimen democrático como fue la Segunda República". En consecuencia, "lo que se pretende por los Gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, con la ultraderecha marcando el territorio y sus principios, es blanquear la dictadura igualándola a un régimen democrático y eso es imposible de igualar".

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