Los gobiernos de coalición extremista conformados por Vox y el Partido Popular (PP) en varías comunidades autónomas se han puesto como objetivo acabar con la ley de Memoria Democrática y blanquear la dictadura franquista que millones de personas sufrieron en España durante 40 años. Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón son los tres territorios, destacando el último por su avance en borrar los crímenes del régimen y condenar al olvido a sus víctimas. Para evitarlo, el Gobierno de España ha anunciado que llevará estas leyes al Tribunal Constitucional por vulnerar la normativa nacional.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado lo que adelantó Dina Morant, ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos. La principal aspiración de los ejecutivos autonómicos conformados por la extrema derecha y el partido heredero de la Alianza Popular de Manuel Fraga es “blanquear la dictadura” y establecer el discurso de la guerra fratricida o de los dos bandos, algo que ha sido tildado como “inadmisible” por el titular de la cartera competente en la materia.
“Mañana elevaremos al Consejo de Ministros un estudio inicial que han realizado los servicios jurídicos de la ley ya aprobada por el Parlamento Aragonés, que deroga la de 2018, y las proposiciones de ley que aún no se han aprobado en Castilla y León y Comunidad Valenciana”, ha confirmado Torres. “La conclusión del informe es que, una vez esté cerrado el expediente, interpondremos un recurso de acuerdo con ley de Aragón para ponernos de acuerdo en los plazos. En caso de que no lo hubiese, iríamos al Constitucional, haciendo lo propio con las otras dos autonomías”, ha explicado.
“Invaden claramente el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos”, ha explicado el ministro, defendiendo claramente que “durante la dictadura franquista hubo represión, desapariciones, torturas y marginación por cuestiones políticas que desarrolló un golpe de Estado militar contra un orden democrático que era la Segunda República”. Los apartados que se quieren eliminar llegan incluso a afectar al nazismo, que también desaparece en la legislación de Aragón, que ha acabado con el mapa de fosas “para dificultar o imposibilitar las exhumaciones”, con lugares de memoria y con los homenajes a los aragoneses asesinados en los campos de concentración nazis.
Igualación de dictadura y república
Los servicios judiciales han terminado su estudio inicial y el ministro de Memoria Democrática ha trasladado las conclusiones claras: “se iguala lo que fueron los años de la dictadura con un régimen democrático como fue la Segunda República”. En consecuencia, “lo que se pretende por los Gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, con la ultraderecha marcando el territorio y sus principios, es blanquear la dictadura igualándola a un régimen democrático y eso es imposible de igualar”.
Aquellos que ven con buenos ojos aquellos tiempos o que quieren negar lo que en España se produjo durante décadas no pueden ocultar que “la dictadura fue fruto de un golpe de Estrado militar y una imposición totalitaria de un régimen sin libertad”. Por el contrario, les guste más o menos que la gente decida libremente o que la izquierda pueda ser la alternativa elegida, “en la segunda república quienes decidían los representantes legítimos en las cortes eran los españoles con su voto”.
Ignorar o querer ocultar la historia
La ignorancia y el total desconocimiento de la historia de su propio país es la única justificación no franquista que pueden esbozar los servidores públicos de PP y Vox en los tres territorios implicados. De no ser esa la razón, los gobiernos de las tres comunidades autónomas estarían blanqueando un régimen dictatorial que persiguió y asesinó a miles de personas durante 70 años, buscando que las generaciones venideras no conozcan lo que en este país perpetró una ideología sanguinaria.
“Las generaciones más jóvenes debe entender que lo que tenemos combatir es la supresión de libertades”, ha defendido Torres. “Es lamentable que representantes públicos, fruto del sufragio de personas, lleguen a las administraciones para una involución democrática”, que ha criticado que Vox esté revestido de “ropajes democráticos” y a la vez sean capaces, “con la complicidad y el aplauso del PP”, de equiparar una época de democracia con otra en la que “las mujeres no tenían la posibilidad de abrir una cuenta bancaria”. “Como choca eso con las maestras de la república que formaban a los jóvenes”
