Susana Gisbert es conocida por su faceta como fiscal de Violencia de Género y fiscal delegada de Delitos de Odio. La representante del Ministerio Público ha decidido aceptar un nuevo reto y, junto a todo lo anterior, también ha aceptado el cargo de fiscal delegada de Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Valencia. ElPlural.com ha querido hablar con ella de la nueva ley de concordia que el partido de ultraderecha Vox, con el apoyo del PP de Carlos Mazón, pretenden aprobar. Una ley que pone al mismo nivel el período democrático de la república con los 37 años de dictadura franquista.
Pregunta: El PP y Vox quieren modificar la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana y hacer una ley de Concordia. Pero es una ley que equipara el periodo democrático con los casi 40 años de dictadura, ¿como fiscal de Memoria democrática qué opina?
Respuesta: Bueno, lo primero que hay que decir es una cosa que ya he dicho, que soy fiscal de Memoria Democrática según la Ley nacional y no fiscal de Concordia según ninguna ley autonómica, porque la realidad de la concordia no se puede decir que sustituya la de memoria democrática y la memoria democrática, su propio nombre indica que está defendiendo la dignidad de unas víctimas de un periodo que no fue democrático, y que precisamente por eso se quiere restablecer esa dignidad. Y cuando se omite el término democrático, y cuando se omite ese concepto de víctimas de un periodo que no había democracia como es la dictadura, bueno, pues no podemos equiparar una cosa a otra por más que se pretenda decir que se sustituya una ley por otra.
P: Sí, pero ¿qué le supone a usted el hecho de que se equipare un periodo democrático con un periodo dictatorial?
R: Bueno, pues por un lado, personalmente me causa estupefacción porque, bueno, ha pasado mucho tiempo pero todo el mundo tiene claro, incluso la propia RAE, que el franquismo fue una dictadura y por tanto es lo contrario a una democracia. Estamos en una democracia, tenemos una Constitución que defiende los valores democráticos, y de repente equiparar a quienes murieron por defender esa democracia contra quienes fueron contra la democracia, pues me causa cuanto menos estupefacción. Y luego, pues legalmente, evidentemente, el choque entre una legislación nacional y una legislación autonómica, pues cuanto menos produce desasosiego legal.
P: ¿Ahí vamos, eh? El Gobierno ha dicho que recurrirá al Constitucional a esa ley. Bueno, las leyes autonómicas, porque considera que tienen puntos inconstitucionales. Usted me hablaba de que puede ser inconstitucional o simplemente que no sea legal, pero podría explicarle esto a nuestros lectores.
R: Bueno, pues por una parte, para que una ley sea inconstitucional tiene que, como su propio nombre indica, infringir la Constitución o bien en el régimen de competencias, o bien en el fondo, si vamos al régimen de competencias, está claro que el choque entre el contenido de una y otra ley es clarísimo, pero habría que ver si se está invadiendo el ámbito de las competencias del Estado, en cuyo caso, dijera lo que dijera, solo por eso sería inconstitucional. Pero para eso habría que estudiar ambas leyes viendo los artículos 149 y 150 de la Constitución. Y luego, en cuanto al fondo, pues también habría que ver si la ley vulnera los valores de nuestra Constitución. En cualquiera de los casos, el choque de una ley autonómica con una ley nacional, el decir cosas contrarias, puede ser no necesariamente inconstitucional, pero sí que puede ser ilegal y, por tanto, susceptible de anulación de alguna manera.
P: El artículo 4, cuando habla de lugares y documentos de Concordia, dice que tendrán consideración de lugares de concordia de la Comunidad Valenciana aquellos espacios, inmuebles o parajes que se encuentren en ella, y revelen interés para la Comunidad autónoma. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de las cruces franquistas que, según la actual Ley de Memoria, deben desaparecer.
R: Claro, es que ahí tenemos un precepto tan abierto que puede interpretarse de todas las maneras posibles. El interés para la Comunidad Valenciana quién lo determina. Y si lo determina un órgano que está nombrado en virtud de esta idea de que todo igual, lo que se hizo en democracia y lo que no se hizo en democracia, pues estos parajes habría que dudar de ese interés, pero fundamentalmente está en ese concepto de interés para la Comunidad Autónoma.
P: Usted cuando fue nombrada hablaba de que puede ser que las víctimas no puedan resarcirse en el plano judicial pero sí que hay que resarcirlas de otra forma. ¿Cree que una ley que quita incluso el mapa de las fosas puede resarcir a las víctimas, no?
R: No. Evidentemente es que incluso parece contradictorio el término concordia cuando lo que hace no es decir que no hay víctimas o que no hay verdugos, sino que lo que hace es decir "hay unas, pero también están otras víctimas". Eso no es concordia, eso más bien parece una equiparación de hechos más o menos luctuosos según quién lo que lo dicta. Evidentemente, las que pudieron ser víctimas de algo que pasó durante el periodo no democrático tuvieron 40 años para intentar ser resarcidas. De hecho, en la Iglesia, por ejemplo, ha canonizado y beatificado a numerosos mártires porque ha entendido que eran mártires de la Fe, y nadie le ha puesto problemas para eso. Sin embargo, si alguien durante la dictadura hubiera pretendido restablecer la memoria de una persona que fue condenada a muerte por pensar de una manera distinta, evidentemente nunca lo hubiera conseguido.
P: Usted que va a tener que atender a las víctimas, ¿cómo cree que se sentirán cuando lean que se reconocerá el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo, que a las víctimas a las que hace referencia la Ley del 22 de Memoria Democrática?
R: Bueno, pues vamos a ver, creo que, si me viera en el caso de tener a un familiar en una fosa o en cualquiera de estos casos, a una persona condenada a muerte por la dictadura, la verdad es que me sentiría francamente mal. No puedo, no puedo negarlo. Parece que es obvio.
P: Su abuelo fue el último alcalde republicano electo de la ciudad de Valencia, alcalde Gisbert Rico. Usted siempre dice "nos han robado la memoria". ¿Podría explicar, dentro de lo que usted quiera contar de su faceta personal, a qué se refiere con nos han robado la memoria?
R: Bueno, pues precisamente de mi faceta personal no puedo contar absolutamente nada porque prácticamente no hemos sabido nada en mi familia más que había sido alcalde. No, no, no nos han contado nada. No sabemos en qué circunstancias, qué pasó después de la guerra. No sabemos prácticamente nada. Yo lo poco que sé, casi casi lo he sacado de la Wikipedia, y hay cosas que están contra dichas. De hecho, uno de los problemas de la memoria no es solo lo evidente, que son las personas que están en las fosas o las que fueron condenadas a muerte. El problema es que el régimen extendió un manto de silencio por el que perdimos historias que no recuperaremos nunca.
P: Por eso, ¿cree que su fiscalía, al frente de la cual está Dolores Delgado y usted está como delegada en Valencia y la Ley de Memoria Democrática son necesarias? Explíquenos por qué la Ley de Memoria Democrática y la Fiscalía son necesarias.
R: Bueno, pues creo que demuestra vale un botón. Son necesarias cuando de repente, cuando pensábamos que estábamos camino del restablecimiento de la reparación de los derechos de las personas que sufrieron esta represión, se ha visto conculcada por una ley que ni siquiera se atreve a hablar ni de dictadura, ni por supuesto, de memoria democrática.
