Era una promesa. Más bien un compromiso. O una exigencia. En concreto, una exigencia de Vox al Partido Popular de Castilla y León que se firmó en el elenco de acuerdos que le dieron el Gobierno autonómico a Alfonso Fernández Mañueco hace dos años y que, finalmente, toma cuerpo a la mitad de la legislatura, cuando parecía que las andanadas y las largas iban alejando el propósito de la ultraderecha de hacer cumplir lo escrito.
Y resulta que no, que a pesar del tiempo transcurrido y de que nada había vuelto a saberse sobre la famosa “Ley de Concordia” que derribará la normativa sobre Memoria Histórica aprobada durante el mandato del anterior presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el de ahora, Alfonso Fernández Mañueco, acaba pasando por el aro de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, presentando este Martes Santo el texto para el comienzo de la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León.
La vuelta a 1931
La Proposición de Ley acordada entre el Partido Popular y Vox engloba un total de cuatro títulos, veinte artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales que retrotraen la “concordia” hasta el inicio de la Primera República, en 1931, incluyendo en la retrospectiva aquella época anterior al golpe de estado y la dictadura de Franco.
El documento que han registrado PP y Vox en las Cortes de Castilla y León este martes se erige, señalan estos grupos, como “un testimonio de compromiso para defender la dignidad de las víctimas desde el año 1931 hasta 1978, un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales y que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales”.
Acuerdo PP-Vox
Derecha y ultraderecha recuerdan que fue el acuerdo de Gobierno suscrito entre Partido Popular y VOX, en su tercer eje, el que recogía “la necesidad de reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles”.
La ley propuesta recoge el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y establece los instrumentos jurídicos necesarios, como el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico, además de incluir “el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas”.
Derogación de lo que contradiga
La Ley derogará, en caso de aprobarse —algo absolutamente previsible, dada la mayoría absoluta que suman PP y Vox— “todas las disposiciones normativas en aquello que oponga o contradiga a lo dispuesto en la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León y en concreto, el Decreto 9/2018 de 12 de abril”.
Asimismo, la Disposición final primera recoge la modificación de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas de terrorismo de Castilla y León con el objeto de incluir un “Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo”.
“La derecha no se distingue del franquismo”
Las reacciones de la oposición han sido unánimes. El líder de los socialistas, Luis Tudanca, ha recordado que en 2018 se consensuó la normativa entre PSOE y PP, durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera, de acuerdo con la legislación estatal, que condenaba la dictadura y acordaba la protección de sus víctimas.
“Mañueco ha enterrado en seis años lo que quedaba de la derecha moderada de Herrera en Castilla y León”, ha dicho, “resucitando el franquismo de mano de la extrema derecha, de modo que la derecha no se distingue de la extrema derecha ni del franquismo, porque desmantela la legislación de Memoria Democrática que lo condenaba, protegiendo a las víctimas de todos los bandos, pero respetando la realidad”.
“No se puede igualar a quienes dieron un golpe de estado y a quienes defendieron la democracia”, ha dicho Tudanca.
“Uno de los días más vergonzosos”
Por su parte, el procurador Francisco Igea ha calificado de “inútil y humillante” la Proposición de Ley que, en su opinión, “pone fin al consenso de “todas las asociaciones y partidos políticos en el Decreto de Herrera” de 2018.
“Nos encontramos ante uno de los días más vergonzosos para Castilla y León”, ha lamentado. “El PP se ha visto forzado y humillado a presentar una Proposición de ley completamente incomprensible.
El texto presentado, señala, hace hincapié en el periodo que pretende abarcar la norma en “defensa de las víctimas”, ampliado desde 1931 a 1978, cuando el Decreto de 2018 se refería a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. “Nadie sabe explicar por qué se ha extendido este período; si el PP encuentra legítima o no la II República, o si encuentra legitimo o no el Golpe de Estado del 36”.
El PP, opina Igea, autoriza “con su silencio ominoso” la comparación del gobierno actual de Sánchez con la Dictadura franquista por parte del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. “No hemos podido caer más bajo”.
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