Hasta 13 acusados, siete de ellos empresarios de la Región de Murcia, han eludido la cárcel pese a haber creado una red de prostitución de menores en 2014 y haber reconocido los hechos ante los tribunales tras el longevo aplazamiento del proceso judicial. Los empresarios llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para asumir multas e indemnizaciones en vez de la primera condena de cuatro años de cárcel. Sin embargo, el caso no está cerrado, puesto que el fiscal superior de la región está estudiando la posibilidad de que “algunos o todos ellos” sí que ingresen en prisión.
Con este telón de fondo, la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) ha difundido una nota de prensa, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que denuncian fallas de gravedad en el sistema judicial al no imponer una pena contundente ante un caso de tal calibre. “Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la sentencia dictada por la Audiencia de Murcia en relación al caso de la red de explotación de menores”, reza el inicio del texto.
De esta manera, sostienen que la decisión de dejar en libertad a los condenados “envía un mensaje equivocado, contradictorio e injusto ante la gravedad de estos delitos”, motivo por el que muestran su rechazo a la sentencia al considerar, a su vez, que “fomenta el sentimiento de impunidad de los agresores sexuales de menores”.
“Esta decisión desprotege a las personas más vulnerables, reduce la confianza en la justicia y traslada un mensaje peligroso a la sociedad, minimizando el sufrimiento de las víctimas y sus familias y favoreciendo a los que han agredido a los menores. ¿Cuál es el mensaje que reciben los menores que puedan estar sufriendo una situación similar? ¿Pedirán ayuda? ¿Guardarán silencio?”, subrayan desde AMAIM.
Debido a la gravedad de las circunstancias, desde la asociación reclaman “una revisión exhaustiva de esta sentencia para que se adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad y bienestar” de estos niños y adolescentes, además de instar a la justicia a imponer “penas más severas” de cara a estos delitos.
Asimismo, reiteran que, con la resolución de este caso, la sentencia de la Audiencia de Murcia se ha postulado como “un claro ejemplo de la necesidad de revisar los protocolos y criterios de valoración de estos casos, como de implementar medidas más contundentes de protección”.
La Fiscalía de Murcia estudia la entrada en prisión de los acusados
El juicio, tras diez años de demora en el proceso, comenzó la semana pasada contra ocho empresarios y proxenetas en la Región de Murcia implicados en una red de prostitución de menores de entre 14 y 17 años que se destapó en 2014. Por un lado, los empresarios enfrentaron penas de entre 4 y 24 años de cárcel; mientras, las proxenetas, que captaban a las víctimas, entre 21 y 56 años de prisión.
Los acusados no sólo eran conscientes de que contrataban a niñas menores de 18 años, sino que las pedían adrede, captándolas en discotecas e incluso a la salida de sus institutos prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de labores de masajista, según reza en el documento de la Fiscalía.
Tras alcanzar el acuerdo de conformidad con la Fiscalía el pasado miércoles 11 de septiembre, los acusados aceptaron pagar, por víctima, de 500 a 2.000 euros, más las multas que ascenderían, como máximo, a los 720 euros. Todo ello para eludir la cárcel.
Ahora, el fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, anunció la semana pasada que se encuentra estudiando la posibilidad de que “algunos o todos ellos” –los acusados- entren a prisión. Para ello, podría convocar a la Junta de Fiscales para tomar la decisión al respecto. Y es que el fiscal superior hizo el apunte de que la demora en el proceso judicial provocó “un atenuante de dilaciones indebidas” que ha derivado en la rebaja de las penas.
En la misma medida, Díaz Manzanera anunció que la Fiscalía General también está trabajando en una circular para reforzar la protección de las víctimas menores de abuso sexual. Un documento que, de salir adelante, sería vinculante para todos los fiscales generales del país, pero cuyo proceso de elaboración tiene “su complejidad y matices”.
