Siete empresarios de la Región de Murcia han admitido su participación en una red de explotación sexual de menores. A pesar de reconocer haber pagado por mantener relaciones sexuales con jóvenes menores de edad, estos empresarios evitarán la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que implica una pena de cinco meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos. El juicio, que estaba programado para iniciarse este miércoles en la Sala 001 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, no se llevará a cabo debido a este pacto.
En la misma causa, otros seis acusados, integrantes de la red de captación y prostitución de las menores, también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Según las condiciones del mismo, es probable que ninguno de los 13 acusados ingrese en prisión, siempre que cumplan con el pago establecido como responsabilidad civil. Este acuerdo se produce después de un largo proceso judicial que comenzó hace una década, cuando la red fue desarticulada por la Policía Nacional en 2015.
La investigación se inició en agosto de 2014, tras la denuncia de la desaparición de una menor. Los padres de la joven alertaron sobre el inexplicable alto nivel de vida de su hija, sin tener un empleo remunerado conocido, lo que llevó a la Policía a sospechar que podría estar siendo explotada sexualmente. Las indagaciones condujeron a los agentes a un piso en Murcia, donde residían otras chicas y un matrimonio que explotaba sexualmente a estas jóvenes, incluyendo menores de edad.
Red de explotación sexual en Murcia
La red operaba principalmente en Murcia y sus alrededores, captando a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas, o a través de anuncios en Internet. Los clientes, cuyas edades variaban entre los 40 y los 80 años, pagaban entre 80 y 200 euros por servicio, una suma que se repartía entre las víctimas y los organizadores de la red.
Entre los detenidos en el operativo inicial, se encontraban las tres principales responsables de la organización y quince clientes que habían solicitado expresamente servicios sexuales de menores. La Fiscalía inicialmente acusó a tres mujeres, que actuaban como 'madames' o 'mamis', de ser las encargadas de captar a las menores, además de dos hombres encargados de los traslados y una mujer que facilitaba el contacto entre las 'madames' y las jóvenes.
Aunque inicialmente se solicitaban penas severas para los implicados, con hasta siete años de cárcel por cada menor captada para los responsables de la red y cuatro años por delito para los clientes, el acuerdo final con la Fiscalía ha reducido significativamente estas penas. La próxima sesión judicial determinará si estas penas se suspenden definitivamente.
