Varias asociaciones de la Cañada Real han convocado este domingo 6 de abril una manifestación para reclamar "luz, contratos y no más derribos ni vertidos ilegales" en el barrio.
El recorrido se ha realizado en dos marchas: una que ha salido del sector 4 y ha avanzado hacia el sur. La segunda ha salido desde el Centro Sociocomunitario, que se encuentra en el sector 5 y ha discurrido hacia el norte. Ambas han confluido a las 12:00 horas en el colegio Mario Benedetti y han marchado hacia el Ayuntamiento.
En el comunicado de la Asociación Vecinal Barrio Unido Sector 4, Grupo Afectados Zona Sin Asfaltar Sector 6 y Plataforma Cívica Luz para Cañada, organizaciones convocantes, se recuerda que la Cañada Real "es un barrio consolidado desde hace más de 40 años". En él viven más de 8.000 personas que "no han podido acceder a una vivienda en términos de mercado" y que se han construido sus viviendas de forma pacífica sobre una vía de transhumancia en desuso que atraviesa los municipios de Coslada, Rivas y Madrid.
Los afectados apuntan que las viviendas que se encuentran en el sector 1 y 2 tienen contratos de agua y luz. Incluso el primer sector está prácticamente integrado en el municipio de Coslada. Sin embargo, a otros sectores "se les ha negado el acceso a servicios públicos básicos". "Esta falta de servicios afecta además a una población creciente", indican.
Las organizaciones convocantes de la protesta insisten en que "la Cañada Real no es un problema de ocupación ilegal o delincuencia; es un barrio habitado por personas que sufren una grave vulneración de derechos provocada por la omisión continuada y culpable de los poderes públicos. Vecinas y vecinos sufren la falta de transporte público, contratos de luz y agua, viales iluminados por la noche, correos, y ausencia de otros equipamientos". "Esta exclusión prefabricada criminaliza a las víctimas, favorece la aporofobia y la xenofobia y oculta una violencia institucional disolvente de los Derechos Humanos y de la democracia", zanjan.
La convocatoria de este domingo denuncia los cortes totales de luz en el Sector 6 y de manera parcial en el Sector 5 que se produjeron después de que el 2 de octubre de 2020 se instalaran unos limitadores en las líneas de electricidad. Este obra fue justificada ,argumentando que se llevaba a cabo para combatir las plantaciones ilegales.
"No pedimos caridad, exigimos justicia. Por eso, la manifestación de este domingo 6 de abril de 2025 reclama a los Ayuntamientos de Rivas y Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España, el respeto del principio de legalidad y acabar inmediatamente con la arbitrariedad de los poderes públicos", subrayan.
Dictamen del Consejo de Europa
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que privando de electricidad a estos asentamientos España está infringiendo múltiples elementos de la Carta Social Europea Revisada. El comité ha constatado que para que las personas puedan disfrutar de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación en virtud de la Carta Social Europea deben tener acceso "estable, constante y seguro a una energía adecuada". También han recalcado que la obligación de suministrar energía es del Estado no de las empresas privadas del sector. "Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo responsabilidad del Estado", indicó la órgano que depende del Consejo de Europa.
Cuando las personas no tienen un acceso regular y estable a la energía son "pobres energéticamente". Esta situación plantea problemas en términos relacionados con la protección contra la pobreza y causa exclusión social, así lo ha establecido la Carta.
El Comité indicó también a España que no se ha hecho lo suficiente por eliminar, en la medida de lo posible la "mala salud" de los vecinos y vecinas creada por los cortes de energía. También ha recordado que la energía es "esencial" para fines como la calefacción, iluminación, lavado, cocina y refrigeración.
Algunas plataformas aseguran que la no reanudación de este servicio esconde otros motivos por parte de la Comunidad de Madrid. La comunidad tiene previsto iniciar un proyecto urbanístico en el sureste de Madrid, que incluye la construcción de cinco nuevos barrios. Por esta razón hay quienes argumentan que la Comunidad tiene claros intereses urbanísticos.
