La persecución de los más vulnerables no tiene límites y, con la excusa de que existen enganches ilegales al tendido eléctrico para mantener plantaciones de marihuana, 4.500 personas de la Cañada Real de Madrid (sector 5 y 6) llevan más de cuatro años sin electricidad, entre ellas 1.800 niños. Ni la nevada de filomena, ni los calurosos veranos, ni el mero calvario diario que supone no poder realizar labores básicas de alimentación o higiene han hecho inmutarse a las autoridades. Este martes, se ha conocido que por todo ello Europa señala a España por vulneración múltiple de derechos humanos.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, da la razón a la reclamación colectiva presentada en 2022 por múltiples plataformas y sindicatos, entre las que destaca Plataforma Cívica Luz Ya para la Cañada Real, contra el corte de luz generalizado de la zona. El organismo considera constatada la inacción del país de cara a solventar la situación y la violación de la Carta Social Europa en varios artículos, de lo que emana una vulneración de hasta siete Derechos Humanos de los vecinos de la barriada madrileña:
- A una vivienda digna y segura
- A la salud
- A la educación
- A la protección de la familia y la infancia
- A la protección contra la pobreza y la exclusión social
- A la protección social de las personas en edad avanzada
- A la autonomía e integración social de las personas con discapacidad
Asimismo, destaca la vulneración del derecho de las familias afectadas a la participación en la toma de decisiones. “El Comité considera que España no ha adoptado medidas adecuadas para garantizar que las personas afectadas por los cortes de electricidad que viven en los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfruten de su derecho a una vivienda de calidad adecuada”, recoge la resolución revelada por ElPaís. El organismo europeo también alude a un informe de la Universidad Carlos III de Madrid y a las temperaturas extremas alcanzadas en las viviendas durante dos años.
España no garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y jóvenes
Con estancias que superan los 40 grados en verano y caen por debajo de los diez en invierno, sin calefacción o aire acondicionado que encender, ni una nevera donde enfriar agua o un horno o microondas donde calentar un caldo. Desde octubre de 2020 sobreviven así muchas familias. Velas, generadores de gasolina y otras soluciones improvisadas por los vecinos han marcado su día a día y han sido señaladas por el Comité debido a los “riesgos para la seguridad y la salud de las personas afectadas y para la calidad del aire de las viviendas”.
Vivir así, obligados, deriva en un aumento de “infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias relacionadas con el resfriado, especialmente en niños y jóvenes, casos de intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras, complicaciones de las condiciones de salud de los pacientes con diabetes, empeoramiento de las enfermedades reumáticas” y una larga lista que ha plasmado el organismo europeo aludiendo a un informe del Equipo de Intervención en Población Excluida. Los efectos se han podido ver en el aumento drástico de la atención requerida por los vecinos.
Los principales damnificados han sido los niños que, además de todo lo anterior, han visto golpeado su periodo madurativo, su derecho a la educación y a un futuro y su protección. Por ello, “el Comité considera que España no ha adoptado todas las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y jóvenes a crecer en un entorno que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades físicas y mentales”.
Esta decisión del Comité deberá ser asumida, dado que es vinculante. En consecuencia, todas las administraciones, desde el Ejecutivo a los ayuntamientos, pasando por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la comercializadora, Naturgy, deben cumplir y restablecer la luz de forma regular en la Cañada Real. No obstante, el principal señalado es el Estado por incumplir la Carta Social Europea y no acometer las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo contemplado en su interior.
