La proliferación de la especulación inmobiliaria y la gentrificación de los barrios de gran parte de las ciudades españolas mantiene viva la dinámica de desahucios que tocó su vergonzante pico en la pasada década, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria. Por aquel entonces, los bomberos se plantaron ante su utilización como arietes para derribar las puertas de familias que sucumbían ante fondos buitre y bancos, pero años después aquella victoria de los servidores públicos parece haber caducado y las administraciones vuelven a reclamarles “como una empresa de desokupación”.
Sin embargo, los bomberos han vuelto a dar una lección al resto de funcionarios que hacen posibles los miles de desalojos que se practican anualmente y han constituido la plataforma Bomberos Contra los Desahucios para recordar que “salvan personas, no bancos”. Esta unión de trabajadores no para de ganar adeptos y avanzar en su lucha contra la utilización de trabajadores públicos contra la ciudadanía más vulnerable. Una práctica que Mario Aspano, bombero de Barcelona y uno de los portavoces que ha conversado con ElPlural.com, califica como “un drama”.
“Cada vez que hay un servicio relacionado con esto te encuentras un drama y si tienes un mínimo de sensibilidad te acaba afectando”. “Nosotros no vivimos en una burbuja”, relata, lamentando que dentro del propio cuerpo de Bomberos muchos han tenido que abandonar las ciudades en las que trabajan, como Madrid o Barcelona, y poner rumbo a municipios aledaños por la imposibilidad de asumir el pago de sus viviendas. La crueldad llega a tal punto que, explica, “tenemos un compañero que igual le toca ir de servicio al desahucio de su madre”.
No traicionemos a quienes prometimos proteger
El intento de volver a incluir a los bomberos en los desahucios, buscando una legitimación y un blanqueo, es cada vez más evidente. “Está volviendo a haber un auge de servicios en los que nos reclaman por las características de los servicios y los mecanismos de resistencia que están utilizando los activistas”, explica. Sin embargo, Aspano denuncia que esto es una coartada para justificar su participación. “Con la excusa de que hay una persona en peligro nos están utilizando de forma encubierta como una empresa de desokupación”, explica.
La plataforma lo tiene claro y no piensa ceder aunque sufran multas y sanciones. “No traicionemos a quienes prometimos proteger. No traicionemos a los compañeros que pusieron el cuerpo para hacerlo. No desahuciamos”, garantizan. Las autoridades responderán a su negativa con “sanciones a través de ley mordaza”, de entre 600 y 800 euros, según han trasladado los servicios jurídicos consultados por los bomberos, “como contra cualquier otro activista”. Ellos, lejos de tener miedo, responderán de forma “colectiva”, con “coherencia” y a través de medios como una “caja de resistencia, un servicio legal o lo que sea necesario”.
“Las multas no nos preocupan, son asumibles a nivel colectivo y es algo que sufre cualquier colectivo de vivienda”, apuntan, seguros de que su negativa a dejar a familias en la calle es más fuerte que las posibles consecuencias que puedan sufrir. No obstante, sí que reconoce que dentro del propio Cuerpo de Bomberos existe “gente que tiene miedo”. Asimismo, asegura que también en sus filas ha calado “el discurso que hay hoy en día de la okupación”. Aun así, apenas han recibido unas quejas puntuales y el apoyo a la plataforma en el sector es mayoritario, igual que en la sociedad. Ahora, buscan apoyo en la política.
Objeción de conciencia, petición a los partidos políticos
La plataforma tiene claro que la línea a seguir es la presión social y laboral, pero la acción de los partidos políticos es fundamental para alcanzar su objetivo último. “Nuestra línea de trabajo pasa por hacer un trabajo de base potente para genera conciencia dentro del colectivo”, relata Aspano. “Nuestro objetivo final sería el reconocimiento a la objeción de conciencia dentro de los cuerpos de bomberos”, añade, un derecho que tienen otorgado otros colectivos, como los médicos, que quieren que se extienda a los bomberos.
“Es complicado porque implicaría partidos políticos que llevan adelante la propuesta y que se apruebe”, apunta. El portavoz reconoce que “es complicado, más como está el panorama hoy en día”, pero también reconoce que algunos partidos políticos ya se han puesto en contacto con ellos para reunirse. “Mientras tanto iremos dotándonos de pequeñas herramientas a nivel legal, para cubrirnos las espaldas, y construiremos unos grupos de base fuertes y concienciados porque, al final, si consiguiéramos la herramienta legal, si no hubiera una conciencia dentro del colectivo no serviría de nada”, garantiza.
Una lucha prolongada en el tiempo, pero con particularidades
El momento que se atraviesa es más complicado que antaño, dado que es más “complicado identificar al que está generando el problema”. “Antes eran bancos malos que le quitaban la casa a la gente, ahora está más difuminado porque son desde rentistas que se dedican a alquilar pisos turísticos, hasta los que tienen alquileres de temporada”, desgrana, aunque sin excluir a los omnipresentes bancos y fondos buitre. “Las opciones son muchas más, pero la situación es la misma”, asegura.
En 2013, Roberto Rivas, un bombero de A Coruña, se negó a participar en el desahucio de una octogenaria, portando un cartel de “Stop Desahucios”. A raíz de aquella acción y de la sanción que recibió el servidor público, una ola de solidaridad y posicionamiento del colectivo llevó a la firma de acuerdos sindicales para alejar a los bomberos de estas situaciones. Doce años después, la presión social vuelve a guiar a estos profesionales que salvan vidas diariamente y que reniegan de mancharse defendiendo los intereses de las élites.
