En los últimos años parte de la opinión pública se ha ensañado con el argumento de "la generación de nuestros padres vivían mejor que nosotros". ¿Acaso no es cierto en materia de vivienda? ¿No se ha convertido en un problema de primer orden para los jóvenes acceder a un alquiler asequible? Debido a que la opción a compra prácticamente ni se contempla, se ha convertido en una verdadera odisea optar a un inmueble de manera temporal o por un periodo de tiempo más prolongado. 

La subida exponencial de los precios de la vivienda, especialmente en las zonas más tensionadas que suelen concentrarse en capitales como Madrid, Barcelona o Málaga sitúa al borde del precipicio las oportunidades de miles de jóvenes por hacer una carrera universitaria o encontrar un trabajo que, con suerte, les dé un margen para pagar un alquiler asequible. Un escenario que podría haberse oxigenado a corto y medio plazo si no fuera porque la proposición de ley sobre la regulación de contratos de alquiler por temporada y de habitaciones decayó este martes en la votación del Congreso de los Diputados ante la negativa del Partido Popular, Vox y, contra el pronóstico inicial, Junts.

La medida, apoyada por PSOE, Sumar, Podemos, EH Bildu, ERC, BNG, PNV y Coalición Canaria, recibió este martes por la noche la negativa de la Cámara Baja ante la suma de fuerzas de grupos de la derecha (178 votos frente a los 172 a favor) y consistía en reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y, de esta manera, desincentivar la especulación sobre los mismos.

Esta reforma legal contemplaba incluir un nuevo artículo 9 bis en la normativa para que el contrato de temporada no pudiera exceder los seis meses de duración y, si pasaba este plazo o se encadenaban dos contratos consecutivos, pasaría a comprenderse como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándosele los preceptos previstos de estas características.

Sin salarios ni condiciones justas, no hay alquileres asequibles

Y es que a los hechos se remite esta realidad. Pongamos el ejemplo de una persona joven de 25 años con un sueldo mensual de 1.200 o 1.300 euros. ¿Puede permitirse una habitación por 500 euros más gastos en Madrid? ¿O un estudio entorno a los 800 u 900 euros en Barcelona? Pocas palabras más hacen falta.

Según el Estudio prospectivo sobre juventud y empleo en España de la ONG Ayuda en Acción, el precio de los alquileres en España supone, de media, que los jóvenes desembolsen el 80% de su salario. Desde 2006, el porcentaje de este sector de población que vive en propiedad ha descendido drásticamente, del 60% al 30%, aumentando por ende y con creces aquellos que viven de alquiler.

De la misma manera, atendiendo al tiempo a los datos de Eurostat, la imposibilidad de independizarse entre los 20 y 30 años ha declinado en que el 83,2% de estos jóvenes aún convivan en casa con sus padres, convirtiéndose así España en el país de la zona euro con la media de emancipación juvenil de tres años y medio más tarde que la media.

Las circunstancias que presenta el mercado del alquiler en España, más aún el de temporalidad, sitúa a las generaciones jóvenes en un punto que, décadas atrás, se percibía impensable. Los alquileres temporales han crecido en un 55%, así como la explosión de los alquileres por habitaciones, obligando a los inquilinos a asumir precios por las nubes, afrontar el temor de poder renovar anualmente, perder derechos en calidad de inquilinos o ser testigos de la caída de oferta por la explosión de pisos turísticos en las temporadas vacacionales.

Con esta pócima de complicaciones el escenario resultante no presenta aires esperanzadores. Ya sea desde el ámbito de la opinión pública, bien mostrada a golpe de tuit en redes sociales, o desde el político, pese a las fricciones entre partidos y sin un horizonte de acuerdo, la conclusión es clara: son necesarias soluciones urgentes para trazar una hoja de ruta que facilite el acceso a la vivienda de las generaciones jóvenes del presente y las venideras.

Dado a que en los tiempos que corren todo funciona a través de lo viral, no está de más recordar las recientes palabras que entonó el presentador David Broncano en ‘La Revuelta’ que, tirando del altavoz de televisión pública y de sus buenas cifras de audiencia, una mera reivindicación ha servido como voz de protesta que aboga por tomar medidas ya: “El problema de la vivienda en algún momento habrá que solucionarlo porque es el mayor problema para nuestra generación que ha habido en décadas”, expresó en el programa de este lunes.

 

España, a examen: ¿qué realidad presenta Europa en materia de vivienda?

Tan sólo hace falta levantar la mirada más allá de nuestras fronteras para comprobar cuán asfixiados están en otros países vecinos o, por el contrario, se han aplicado topes a los alquileres. En un escenario generalizado por la subida de la inflación y el encarecimiento de muchos productos y bienes básicos, el acceso a la vivienda ha sido una problemática que se ha abordado con mayor urgencia y eficacia en Alemania, Suecia o Países Bajos.

En Alemania, cada estado federado –similares a las comunidades autónomas- fija sus controles de alquileres en zonas tensionadas, ejemplo que se empezó a adoptar meses atrás en Barcelona. En el caso de este país, ya se aplica en 11 de estos conocidos ‘lands’, lo que se traduce en un control de 300 municipios que tienen un control muy fuerte en los precios de sus inmuebles.

Similar telón de fondo el que presenta Suecia, donde el precio de referencia del alquiler de vivienda se adopta por una negociación colectiva entre inquilinos, empresas de vivienda y propietarios, afectando así al 90% de las viviendas en concepto de alquiler disponible.

En cuanto al volumen de parques de vivienda social Países Bajos tiene la mayor cifra con el 30% y donde los alquileres tienen el tope de precio en los 1.100 euros mensuales por decreto de su Gobierno. A su vez, destaca el caso de Austria, que concentra el 24% de parques de vivienda pública, en especial, su capital Viena, con el 60%.

En este último aspecto, el Gobierno de España ya adelantó su planteamiento de habilitar, a través del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, más de 184.000 viviendas en concepto de alquiler social, de las que ya han sido movilizadas 80.745, según adelantó el Ministerio de Vivienda; mientras, hay otras 59.879 en distintas fases de desarrollo.

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