Junts se ha sumado finalmente a PP, Vox y UPN para tumbar en el Pleno del Congreso de los Diputados la admisión a trámite de la proposición de ley de los socios a la izquierda del PSOE para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones.
A pesar de que los catalanes habían anunciado que se iban a abstener, finalmente han decidido posicionarse en contra, por lo que la votación ha quedado con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto; y 178 votos en contra.
La norma en cuestión consistía en una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, para evitar fraudes que permitan sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada.
Para dar más garantías, la proposición incluía a los contratos de temporada en el artículo dos de la ley, que es donde se regula el arrendamiento de vivienda habitual y garantiza una mayor protección a los alquileres.
Otro de los elementos a destacar de la reforma legal que proponían los grupos progresistas era un nuevo artículo nueve bis en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que el contrato de temporada no pueda exceder de seis meses. Si se pasaban los seis meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entendería como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos.
Además, la propuesta establecía que en los contratos temporales el arrendatario podría desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hubiera transcurrido al menos un mes desde su formalización, comunicándolo al arrendador con diez días de antelación, sin que en ningún caso dé derecho a indemnización.
Sumar propone impuestos a los pisos turísticos
Sumar, que presentó este lunes una batería de exigencia de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, anunció poner el foco en los pisos turísticos, para los que pide una fiscalidad más dura con el objetivo de desincentivar su proliferación y perseguir a los constituidos de forma ilegal. Así, los de Yolanda Díaz solicita elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar "drásticamente" su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas.
La formación también apuesta por revisar la fiscalidad de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) para fomentar el alquiler permanente, obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones. En la misma línea, los magentas plantean que el contrato indefinido sea la relación contractual por defecto para los arrendamientos, estableciendo un régimen sancionador para posibles infractores.
"Hay un problema que es la centralidad, a día de hoy, de la desigualdad. Se llama vivienda. Es el derecho fundamental que no se está protegiendo. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país tienen riesgo de acabar en la exclusión social", denunció la titular de la cartera de Trabajo. Además, Díaz propuso un tope a las viviendas en alquiler en zonas tensionadas que limitaría el precio al 30% de la renta de los hogares que alquilan.
