El grupo municipal de Vox en Badajoz ha denunciado que la dirección nacional podría haber vulnerado la confidencialidad en el caso del concejal Alejandro Vélez, que denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el uso de sus datos personales durante el expediente de expulsión que le abrió la cúpula de la formación.
Según una nota emitida por el propio grupo municipal, "la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aprecia indicios racionales de vulneración de la normativa en materia de protección de datos, en relación al expediente tramitado por Vox España contra Alejandro Vélez".
El expediente de expulsión
Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando la dirección nacional decidió expulsar a Alejandro Vélez y le pidió que entregase su acta de concejal, algo a lo que éste se negó. El partido tomó su decisión después de que el concejal optara por mantener, como asesor, a Juan Antonio Morales, candidato a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, y, como administrativo, al exalcalde de Guadiana, Antonio Pozo.
Vélez continuó contando con Morales y Pozo, y mantuvo su actividad como concejal de Limpieza, Poblados y Parque Móvil. Tras las últimas elecciones municipales, el edil apoyó el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, lo que permitió que el popular Francisco Javier Fragoso fuese investido alcalde.
Filtraciones de datos personales
El concejal recurrió ante el Comité de Garantías de Vox, que desestimó su demanda, y luego acudió a la justicia ordinaria y logró paralizar su expulsión definitiva. Vélez presentó entonces una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Vox, "debido a las filtraciones sobre el contenido del expediente que se tramitaba contra él por parte del partido. Dichas filtraciones se hicieron en distintas redes sociales por parte de Víctor Sánchez del Real, Gabriel Viñegla García, Manuel Barragán Lancharro, el perfil oficial de Vox Badajoz y distintos medios de comunicación", según recoge el comunicado del grupo municipal.
En julio de 2020, Vélez pasó a convertirse en concejal no adscrito, pero paralizó su expulsión de Vox gracias a un auto del Juzgado de Primera Instancia del Juzgado número 7 de Badajoz.
Vulneración de derecho a la intimidad
La denuncia del concejal recoge que "según la normativa de protección de datos, Vox está obligado a no revelar, ni dar a conocer los datos personales facilitados por sus afiliados, ni tampoco los relacionados con los expedientes abiertos contra los mismos, garantizando en todo caso, el derecho a la privacidad de sus afiliados".
La AEPD admitió a trámite la denuncia de Alejandro Vélez por "posible vulneración de su derecho a la intimidad personal, parece que Vox España puede haber cometido una infracción Muy Grave a la Ley de Protección de Datos de carácter personal al no haber protegido el acceso de datos confidenciales del expediente de Alejandro Vélez, permitiendo que determinados afiliados los usaran en su contra, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación", según el escrito del grupo municipal.
