La Comunidad de Madrid siguió concediendo ayudas y subvenciones al colegio Alborada, denunciado por abusos sexuales, tras conocerse el caso. Cabe recordar que a mediados de 2024 algunos profesores habrían advertido de comportamientos sospechosos por parte de un cuidador del centro, aunque no es hasta mayo de 2025 que la dirección del espacio académico procede a su expulsión.
Siendo benévolos y tomando de referencia la segunda fecha, aún desde entonces la región liderada por Isabel Díaz Ayuso ha seguido regando de dinero a este colegio, concertado y con vinculaciones históricas con el Opus Dei. Así lo muestra el Portal de Subvenciones y Ayudas de la administración de la Puerta del Sol.
Dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el Alborada ha recibido diferentes cuantías, desde 400 euros hasta cerca de 14.000. En concreto, la Comunidad de Madrid ha dado dos montantes por victorias en concursos y otro en el marco del Programa de Cooperación Territorial.
La información del portal solamente alcanza desde 2022 y, en un total de nueve concesiones cerca de 125.000 euros. Se trata de un dinero que se corresponde únicamente con ayudas y subvenciones, y es que la región que disfruta de mayoría absoluta del PP continúa sin explicar cuánto recibe de concierto educativo que desde la izquierda reclaman romper.
Las explicaciones sobre el concierto educativo no llegan
Esto fue Izquierda Unida (IU), pero en paralelo Más Madrid ha registrado varias preguntas sobre el tema, tanto a través del Portal de Transparencia como dirigidas a la Mesa de la Asamblea. Ahora, el organismo que capitanea Enrique Ossorio, ex consejero de Educación, ha aceptado las cuestiones después de desecharlas en noviembre del año pasado.
Recientemente, la diputada Alicia Torija, del partido que en la Cámara autonómica lidera Manuela Bergerot, pedía el “desglose del importe económico total que la Comunidad de Madrid destina al Colegio Alborada en Alcalá de Henares en concepto de concierto educativo; una copia o referencia administrativa del acuerdo, resolución o instrumento jurídico por el que se formaliza y regula el concierto educativo; si el colegio ha recibido, además del concierto educativo, subvenciones, ayudas u otra financiación adicional por parte de la Comunidad de Madrid; y las actuaciones llevadas a cabo a cargo de la Comunidad de Madrid desde el momento en que se conocieron los casos de presuntos abusos sexuales a niños y niñas en el Colegio Alborada”.
Familiares y oposición critican la gestión de las administraciones en varias direcciones: desde posible obstaculización de los trámites académicos, hasta el silencio del centro mismo -que quedaría demostrado con la información de la que dispone ElPlural.com- o la no actuación de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, ponen el acento en posibles otros puntos que no pasan desapercibidos, como que el subdirector del colegio, Javier Doncel, es a su vez alcalde de Anchuelo (PP), o que en pleno escándalo autobuses complutenses han circulado con publicidad del centro, dependiente de la red Arenales, en favor de la que el partido actuó en otras ocasiones.
Dinero del PP
Hay que acudir a 2009, cuando bajo el mandato de Esperanza Aguirre el Ejecutivo cedió una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados para que el polémico espacio académico fuese una realidad en el Ensanche de la mencionada localidad madrileña.
Antes, la administración de la Puerta del Sol había dado 26.000 metros cuadrados para otro colegio de carácter religioso en Alcorcón, y dos años más tarde, en 2011, la Consejería formalizó una concesión administrativa llegada del Ayuntamiento a favor de la Fundación Arenales para edificar y gestionar un centro docente privado concertado por un plazo de 75 años y un canon anual de 12.000 euros.
Finalmente, se encuentran en funcionamiento los colegios concertados Arenales y de educación especial Cambrils, los dos localizados en la Avenida de los Poblados 151 de Carabanchel y cuya licencia tampoco ha estado exenta de polémica, pues los colegios habrían incurrido en ampliaciones irregulares.
La responsable de Educación de aquel momento era Lucía Figar, quien estuvo en distintos Ejecutivos regionales ‘populares’ entre 2005 y 2015, cuando cesó por su vinculación con el caso Púnica. Carlos Aragonés, su marido, ejerció como director de gabinete de Aznar y forma parte del entorno del Opus Dei.
