La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lleva ya más de un mes en el foco mediático tras haber sido denunciada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias en el Juzgado de Instrucción nº43 de Madrid. Esta denuncia, fundamentada en recortes de prensa de corte derechista y ultraderechista y cuyo contenido fue asumido como posiblemente falso por la propia organización denunciante, ha sido utilizada como gasolina por el Partido Popular y Vox durante el último mes para cargar constantemente contra la mujer de Pedro Sánchez. En concreto, la denuncia le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias en dos operaciones: el rescate a Air Europa y la adjudicación de contratos a Innova Next. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que no existe indicio alguno de delito en el proceder de la mujer del jefe del Ejecutivo, y ya interrogó a los empresarios con los que el juez encargado del caso está pretendiendo maniobrar.
El polémico juez Juan Carlos Peinado, responsable de la apertura de diligencias de este caso, ha llamado a declarar a cinco testigos para el próximo 6 de junio (tres días antes de las elecciones europeas): Luis Antonio Martín Bernardos, David Mateo Cerco Jiménez de Parga, Alberto Martínez Lacambra, Ignacio Espejo Saavedra Hernández y Luis Prieto Cuerdo, y a Juan Carlos Barrabés Cónsul, como sexto testigo, para el día siguiente. Este último era profesor de un máster codirigido por Begoña Gómez y cuya empresa obtuvo dos lotes en los concursos convocados por Red.es, que entonces dependía del Ministerio de Economía. Barrabés incluyó en su oferta 32 cartas de recomendación, una de ellas firmadas por la mujer de Sánchez y otra por la responsable de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida.
El titular del Juzgado de Instrucción abrió diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en el sector privado y posible tráfico de influencias tras la denuncia de Manos Limpias. La pasada semana ya se encargó de tomar declaración a dos periodistas. Por el momento, ningún organismo ha encontrado indicios suficientes como para que Gómez tenga que rendir cuentas. El último ejemplo de ello es un informe de la UCO al que ha tenido acceso ElPlural.com, que, además de certificar que no hay indicios de delito en las actuaciones de Begoña Gómez, desvela que los mismos empresarios a los que el juez Peinado quiere tomar declaración ya fueron interrogados por la unidad de la Guardia Civil, sin encontrar, tampoco, ningún atisbo de ilegalidad.
A su vez, a este documento de la UCO hay que añadir una petición de la Fiscalía para archivar la causa. Por otra parte, cabe recordar que el caso está viciado desde el principio. Los procedimientos de investigación se declararon secretos, y la filtración interesada del caso a los medios por el jefe de prensa de la oficina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Luis Salas Fernández, interfirió en este carácter y en el derecho a la defensa de la propia Begoña Gómez, en tanto que se ha puesto en duda la honorabilidad que se le presupone a cualquier persona en cualquier contexto judicial, y ello ha podido truncar el normal procedimiento legal.
Peinado, polémico y vinculado al PP
El 11 de enero de 2024, la Comisión Permanente del CGPJ le comunicó a Peinado la autorización para continuar en activo hasta los 72 años, edad que cumplirá en 2026. Perteneciente a la promoción de 1994, previamente al cargo que ostenta actualmente en los juzgados madrileños se dedicó durante años a ser Secretario de Ayuntamiento de 2ª categoría, y ha estado destinado, entre otros, en los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid.
Peinado entró en esta unidad en sustitución de Cristina Díaz Márquez, que acababa de ser nombrada Directora General de Justicia y Seguridad del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Con anterioridad, Díaz Márquez había sido alto cargo en el Ministerio del Interior con Jorge Fernández Diaz.
En 2015, este juez ya protagonizó otra polémica, también con Manos Limpias. El pseudosindicato interpuso una denuncia contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto y Guillermo Zapata a cuenta de unos tuits ofensivos que ya estaban siendo juzgados por la Audiencia Nacional, en un caso que se terminó inhibiendo en favor de éste organismo, y en 2019, el magistrado imputó a doce periodistas de ocho medios de comunicación diferentes por informar sobre el caso de los CDR. Las imputaciones llegaron después de que las defensas de los CDR acusados por terrorismo denunciaran la "filtración masiva" de información sobre este sumario pese a que se encontraba bajo secreto. Los detenidos denunciaban que los medios de comunicación habían publicado una información exhaustiva de por qué estaban detenidos cuando, en sus propias palabras, los propios afectados "no tenían el más mínimo conocimiento de los hechos". Tras fuertes protestas, las diligencias fueron archivadas.
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