Casi un año después de que se iniciara la legislatura del PSOE de Pedro Sánchez y Sumar de la ya exlíder Yolanda Díaz, es fundamentalmente ahora cuando echa a andar el Gobierno desde el punto de vista legislativo. O eso es al menos lo que desliza el lado fucsia de la coalición, que se ha visto oculto en muchas ocasiones por las actuaciones de los socialistas y quiere enfrentar la vuelta al cole este septiembre con un acelerón parlamentario.
Asuntos como la ley de la amnistía y la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat han copado todos los titulares de los últimos meses y han obligado a posponer la puesta en marcha de muchas medidas con firma de los minoritarios, que ahora buscan recuperar el foco. Todo ello mientras se encuentran en un impasse a la espera de su reestructuración orgánica al tiempo que intentan apagar el fuego interno que ha generado la diversidad de posturas al respecto del cupo catalán.
Sumar quiere impulsar la coalición
Desde el descalabro electoral de Sumar en las últimas citas con las urnas de pocas medidas han podido sacar pecho los fucsias, lo que está impidiendo al partido reflotar su imagen institucional tras la debilidad mostrada con la salida de Yolanda Díaz de la dirección. La ley de amnistía ha tenido la firma del PSOE, que también ha capitaneado las negociaciones para lograr que el socialista Salvador Illa pudiera ser president de la Generalitat. Dos temas candentes en los últimos meses.
De hecho, los riesgos de una repetición electoral o la posibilidad de que Carles Puigdemont se sentara en la bancada del Govern catalán paralizó la agenda de la coalición, que pospuso cualquier actividad legislativa extra hasta solucionar esta situación. Ahora, una vez el PSC ha dado un respiro a Ferraz, los fucsias quieren dar un acelerón en la puesta en marcha de medidas de cara al mes de septiembre desde La Moncloa.
Así, Sumar quiere gobernar y quiere hacerlo ya, especialmente en un contexto sin Presupuestos Generales del Estado (PGE). El lado socialista renunció a ellos por falta de apoyo pero en las últimas semanas la portavoz parlamentaria de los fucsias aseguró que habían impulsado las negociaciones con el PSOE para atajarlos en una comisión interministerial. La noticia la dio la propia Díaz, que avanzó que se había reunido con Sánchez para analizar los escollos potenciales.
El techo de gasto era y es uno de ellos, después de que Junts lo tumbara junto a la senda de déficit. Así, los socios de la coalición quieren acometer un nuevo diálogo para volver a negociarlo antes de que el Gobierno lleve otra vez el techo de gasto a la Cámara Baja a partir del mes de septiembre. De hecho el Gobierno ya ha pactado un proyecto con cifras récord. Esto volverá a poner una rueda en el camino para los fucsias, que tiene en cartera unas cuantas iniciativas relegadas.
Entre estas se encuentran la prestación por crianza, la regulación de los alquileres turísticos y apuntalar los impuestos a la banca, todos ellos como parte de los PGE. Pero la medida estrella es la reducción de la jornada laboral, que no acaba de llegar pese a avanzar en los acuerdos con la patronal y los sindicatos. Ya en las últimas mesas de diálogo el desacuerdo era muy patente, por lo que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo lo postergó para la vuelta del verano.
Esto último en el Ministerio de Trabajo que lidera Díaz, pero el resto de carteras fucsias también están paradas con medidas metidas en el cajón. La ministra de Sanidad, Mónica García, se encuentra a la espera de avanzar en el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud -que buscar también aprobar su anteproyecto de ley de alcohol y menores- mientras la titular de Juventud, Sira Rego, quiere impulsar una norma para establecer un control parental en los dispositivos digitales de los niños.
Por su parte, es el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que lidera Pablo Bustinduy el que quiere llevar a cabo la prestación universal por crianza así como mantener la reducción del IVA en los alimentos que se acometió por los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, o avanzar en la protección de los animales.
Sumar apaga el fuego interno por el cupo catalán
Entre tanto vacío legislativo, Sumar se encuentra también en un impasse doble: por la reestructuración orgánica que tienen que acometer entre los partidos que conforman la formación y por la diversidad de opiniones que ha generado el cupo catalán. Para lo primero todavía no tienen fecha aunque muchas voces internas ya adelantaron que tendría que haber un cambio sustancial en la forma de relacionarse y en el peso de la dirección.
En lo segundo, los fucsias ya han logrado apagar el fuego, o al menos reducir la llama, a cuenta del acuerdo firmado entre el PSC y ERC y la fiscalidad singular para Cataluña. Compromís y Chunta Aragonesista fueron los primeros en manifestarse en contra de este sistema, especialmente si iba a generar un problema en sus respectivos territorios, pero también Izquierda Unida se opuso al considerar que iba en contra de la solidaridad entre los territorios.
Durante unos días no hubo postura oficial por parte de la cúpula del partido, que finalmente se pronunció a favor de una propuesta que sería una "oportunidad histórica" también para el resto de comunidades. Así lo dijo textualmente la propia Díaz. Pero frente a esto salió una voz más discordante aún, la del responsable económico del grupo parlamentario, Carlos Martín Urriza. Este cargó con dureza contra la medida, que asegura que "pone en riesgo la autonomía fiscal del Estado".
La imagen que proyectó en estas semanas el partido era, de nuevo, de desunión y ruptura, pese a que la formación se empeñaba en acotar estas posturas en tan solo opiniones personales a la espera de conocer los pormenores de la propuesta. Y es precisamente esto lo que la dirección ha querido transmitir a sus aliados en las últimas horas, cuando se han producido algunos contactos para rebajar las tensiones internas.
Esto parece haber funcionado ya que se ha impuesto el silencio al respecto en las filas fucsias. Así lo ha evidenciado el pasado viernes el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ha pasado de cargar contra el pacto a rebajar el conflicto. "Yo desdramatizo la discrepancia porque no hay texto sobre el que posicionarse", ha defendido en una entrevista en la que, con todo, sí ha sostenido que el proyecto es "incompatible" con las ideas de la formación.
"Si esto sirve como excusa para llegar a un modelo federal, nosotros vamos a estar ahí, pero actualmente lo que conocemos y no ha sido desmentido es que ese modelo singular no contribuye a la federalidad, contribuye a la confederalidad. Y nosotros no vamos a estar en ese modelo", ha manifestado Maíllo antes de pedir "reposo" en el debate sobre esta financiación así como prestar atención a la "letra pequeña" del pacto.
