Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y PSC cerraron este lunes el preacuerdo para la investidura de Salvador Illa, aunque serán las bases del partido independentista quienes tengan la última palabra. Este viernes votará la militancia republicana un documento que fija la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado al principio de ordinalidad en un próximo modelo de financiación catalana. El acuerdo, si sortea el último escollo, no estará listo hasta el primer semestre de 2025, tal y como consta en el escrito del pacto para desencallar la gobernabilidad de la región.
El documento se canalizará a través de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, cuyos pactos se extrapolarán a una comisión mixta de asuntos económicos para su aprobación definitiva. De este modo, tal y como consta en el acuerdo entre ambos partidos, la Agencia Tributaria Catalana asumirá “progresivamente” las competencias y el Govern contará con “mayor capacidad tributaria”. El calendario está sujeto al acuerdo, aunque el primer impuesto será el de la renta, del cual se encargará la Generalitat a partir del próximo 2026. Es decir, para la campaña del 2025. Tras ello, comenzarán los estudios para recaudar parte del IVA.
A expensas de las bases de ERC
No hay rastro de membrete oficial a lo largo de las 25 páginas del documento. Tampoco está firmado por representantes de las dos formaciones. No obstante, sí delimita la asunción por parte de la Generalitat de la recaudación impositiva de Cataluña, para pagar una parte al Gobierno central posteriormente. El apartado de servicios e inversiones estatales en la autonomía se establecerá a partir de un “porcentaje de participación en los tributos”. La segunda, en cambio, se articulará mediante una cuota de solidaridad que no se concreta en el escrito. Sin embargo, fija que ésta será “transparente” y deberá garantizar que el resto de las regiones puedan prestar “niveles similares” de servicios públicos que Cataluña, siempre que “hagan un esfuerzo fiscal similar”. En otras palabras, ninguna comunidad podrá contar con más recursos que Cataluña toda vez se apliquen los fondos de solidaridad en virtud del máximo respeto al principio de “ordinalidad”.
Por su parte, la Agencia Tributaria Catalana asumirá las competencias de “recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos generados en Cataluña”. Por ello, según se desprende del documento, será imperativo el “traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos” pertinentes. No se hace una mención explícita a la Agencia Tributaria estatal, pero se da por hecho que esos medios tendrán que proceder del organismo que recauda los impuestos en todo el país. Todo ello, siguiendo lo establecido en el preacuerdo, queda bajo el cobijo de los artículos 204 y 205 del Estatut de Catalunya, que establece que la Generalitat puede recaudar sus propios impuestos sin perjuicio de los que pueda ceder al Ejecutivo estatal.
Una vez se formalice el acuerdo en 2025, todas las modificaciones y pactos se someterán al escrutinio de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales de la mesa bilateral entre Gobierno y Generalitat. Será en este organismo desde donde se impulsen otros cuatro objetivos. El primero de ellos pasa por la concesión de la recaudación de todos los tipos impositivos por parte del organismo catalán; mientras que los siguientes fijarán el aumento “sustancial” por parte del Ejecutivo autonómico de la capacidad normativa tributaria en coordinación tanto con el Estado como con la Unión Europea. De ahí emanará también el despliegue de la agenda del nuevo modelo de financiación, así como el impulso de las modificaciones de la LOECA.
El acuerdo íntegro
En suma, el acuerdo deja patente que sufre una “infrafinanciación sostenida en el tiempo”. Una reivindicación histórica del independentismo que ninguna de las administraciones ha sido capaz de resolver a través de los sistemas de financiación que, a su vez, ponen barreras a las políticas públicas de la Generalitat en materia de salud, servicios sociales y vivienda. Bajo este precepto, expone que, en lugar de corregir las “deficiencias” se perpetúan porque el actual modelo es caduco, poco transparente e incluso insuficiente. Puntualizan, por último, que es un “lastre sistemático” para el crecimiento económico de Cataluña. Por esto, apuestan por una remodelación del sistema sobre un “nuevo paradigma”; el del concierto económico.
Este es el acuerdo íntegro entre PSC y ERC en catalán:
