Las fuerzas parlamentarias nacionalistas y regionalistas han registrado en el Congreso de los Diputados una petición para que la Mesa posibilite la creación de una comisión de investigación relativa a los “gastos públicos interdepartamentales vinculados a las actividades tanto públicas como privadas por parte de miembros de la familia real y familia del rey”; que no es sino un eufemismo con el que pretenden sortear el bloqueo sistemático de PP, PSOE y Vox para investigar el papel de comisionista internacional de Juan Carlos I, rol que le permitió amasar su fortuna.

La propuesta la encabeza el Grupo Republicano (ERC) con el apoyo de EH-Bildu, Junts, PdeCat, la CUP, Más País, Compromís y BNG. Según ha podido saber ElPlural.com, tanto Unidas Podemos como los socialistas han sido sondeados y ninguno de los dos ha querido firmar. No obstante, fuentes internas consultadas por este periódico aseguran que los morados prestarán su apoyo a la iniciativa de forma externa, lo que no propiciará que prospere, pues PSOE, PP y Vox ostentan la mayoría de la Mesa del Congreso y no han dado luz verde a ninguna comisión que indague en los oscuros negocios del exmonarca.

En el documento registrado por los partidos regionalistas se admite que la Constitución de 1978 “entroniza al Rey” y le otorga “los más altos poderes de representación, arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones”, avalado siempre por su condición de inviolabilidad. “Es decir -continúa el escrito- el rey no está sujeto a responsabilidad. Algo que rompe con las más asentadas y aceptadas bases del Estado de derecho democrático”. Sin embargo, existe un resquicio que permitiría investigar al Emérito: “Si bien el corpus constitucional sacraliza la irresponsabilidad del Monarca en activo, no hace lo propio con los demás miembros de la Familia Real y ni tan siquiera para los abdicados”.

Según los firmantes, la inviolabilidad del rey no puede ser óbice para la falta de transparencia en las cuentas

Con la abdicación de Juan Carlos I en 2014, se blindó su aforamiento mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 11 de julio del 2014 (Ley 4/2014). “Sea como fuere, en ninguna norma se halla escrito que la inviolabilidad del Rey sea óbice para la falta de transparencia en las cuentas, gastos, negocios y agenda del propio monarca ni de ninguno de los miembros de la Familia Real”, recoge el escrito; que añade: “Y mucho menos cuando es obvio que, en el caso de esta Institución, casi siempre, lo privado se entremezcla con lo público, haciendo prácticamente imposibles discernir lo uno de lo otro”.

Los negocios del rey

“La abdicación de Juan Carlos I fue el inicio de una serie de escándalos mayúsculos en relación con su propia figura y su reinado desde los inicios de la llamada Transición. Se han ido sucediendo las noticias, a cada cuál peor, que indicaban una presunta profusa y extensa red de relaciones turbias y negocios difícilmente encajares en los estándares del decoro y respeto”, censuran los partidos regionalistas en un comunicado.

“Nunca se ha podido constituir una comisión de investigación en el Congreso” aún “cuando ocho grupos políticos con representación han firmado reiteradas peticiones en este sentido”

Las formaciones firmantes recuerdan que cada vez los indicios son más nítidos hasta el punto en que Suiza sigue adelante con la causa judicial. Pero, a pesar de todo, “nunca se ha podido constituir una comisión de investigación en el Congreso” aún “cuando ocho grupos políticos con representación han firmado reiteradas peticiones en este sentido”.

La Mesa del Congreso ha tumbado todas ellas valiéndose de los votos de PSOE, PP y Vox, alegando siempre “preceptos técnicos” que imposibilitarían la fiscalización política de la Casa Real.

División en el Gobierno

La pasada semana los oscuros negocios del Emérito turbaron nuevamente la paz de la Corona. Según publicó El Mundo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que el monarca habría amasado su fortuna oculta gracias al cobro de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”. En total, le atribuyen cuatro presuntos delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”. Las reacciones del Ejecutivo fueron bien distintas.

El principal partido del Gobierno, el PSOE, fue benevolente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió que se dejara a la Fiscalía actuar para que "llegue hasta el final" sobre la investigación. En la misma tónica se pronunció el portavoz adjunto de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, quien se limitó a valorar que el caso es un claro ejemplo de que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

Mucho menos considerados fueron sus socios en el Ejecutivo. Unidas Podemos tildó al exmonarca de “rey pluriempleado”, censurando que compaginara la Corona con sus labores como “comisionista”. “Una jefatura del Estado que es una vergüenza internacional para España”, rezaba el tuit publicado por la cuenta oficial del partido.

El presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, profundizó en las críticas, considerando que el Emérito "tiene que sentarse en el banquillo de los acusados”. Así lo dijo en una entrevista de TV3,  donde defendió que el Borbón debe responder penalmente de sus actos "como cualquier otro ciudadano”, al tiempo que tildó la posición de la Fiscalía de buena noticia.

Tirón de orejas

Asens recordó también que Podemos ha pedido en reiteradas ocasiones la creación de una comisión de investigación a la monarquía en el Congreso, por lo que espera que con esta noticia el PSOE cambie de posición: "Y que los barones del PSOE dejen de ser los barones de la Corona. La ciudadanía se merece que lleguemos hasta el final”. “Tarde o temprano el PSOE se tiene que mover de esta posición”, ha zanjado; alegando que ”no puede seguir encubriendo a la Monarquía y obstaculizando la comisión de investigación, por decencia democrática y transparencia”.