El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Felipe Sicilia, ha señalado este viernes que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía al rey Emérito Juan Carlos I por el cobro de comisiones internacionales demuestra que cualquier ciudadano es igual ante la ley y, por tanto, puede ser sometido a que se realice una indagación judicial.
Así se ha expresado Sicilia respecto a la noticia de que Fiscalía del Tribunal Supremo cree que el rey emérito cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según ha adelantado El Mundo.
"Desde el PSOE mostramos nuestro respeto a las investigaciones judiciales que se realicen y por tanto, dejar que la justicia trabaje. Esto lo que demuestra que nuestro país cualquier ciudadano es igual ante la ley y por tanto, esta sometido a que se realice cualquier investigación judicial", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press.
Asimismo, Sicilia no ha respondido sobre si considera que Juan Carlos I debe volver a España y si la investigación complica la posibilidad de un regreso porque, a su juicio, eso es "algo que tiene que ver" la Casa Real.
Según ha publicado este viernes el periódico El Mundo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que habría amasado su fortuna oculta gracias al cobro de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Así lo expone en la comisión rogatorio remitida por el teniente fiscal del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas. Campos lidera la investigación junto con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzyn, y un equipo de fiscales del Supremo. Todos ellos consideran que existen “elementos indiciarios” de que el dinero opaco procede de actividades ilícitas. En consecuencia, se advierte la posibilidad de que el Emérito pudiera haber incurrido en un total de cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias”.
