Quedan menos de ocho meses para que llegue el final de la legislatura y la Ley de Secretos Oficiales sigue en el mismo punto: ni para delante ni para atrás. El texto del Anteproyecto presentado por el PSOE y aprobado por el Consejo de ministros el pasado 1 de agosto de 2022 sigue estancado en el Congreso de los diputados por falta de apoyo de los socios, lo que pone en peligro su desarrollo parlamentario y, por lo tanto, su puesta en marcha, que ya se da por perdida en lo que queda del Gobierno de coalición. Y es que tampoco Unidas Podemos ve con buenos ojos el proyecto socialista, impulsado tras la polémica por el espionaje del caso Pegasus y que viene a sustituir la actual normativa franquista. 

Entre tanto, el articulado preparado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ha sido objeto de críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha apuntado a fallos y "falta de concreción" en lo relativo a la "seguridad y defensa del Estado". Pero la norma está abocada al fracaso especialmente en el seno de la Cámara Baja, donde no tiene fecha para su aprobación ni lo tendrá en un plazo corto.

Estancada en el Anteproyecto por falta de apoyo

No va a ser este año. El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, conocido como Secretos Oficiales, está atascada precisamente en este nivel parlamentario, en el que se encuentra desde que fuera aprobado por el Consejo de ministros el pasado 1 de agosto de 2022 en su redacción, impulsada por la parte socialista del Ejecutivo. El proyecto estrella de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, -que se tramitó por procedimiento de urgencia- no tiene fecha en el calendario para su aprobación en el Congreso, donde está encallada por falta de acuerdo entre el PSOE y los socios, especialmente Unidas Podemos.

Los morados no están dispuestos a dar su voto a favor en los asuntos más controvertidos, que son los que forman parte de la columna vertebral de la iniciativa del socio mayoritario para sustituir la norma de 1968. El objetivo es frenar los secretos de Estado más anquilosados en los últimos 40 años, pero la complicación es mucho mayor y pasa por las alianzas. Los de Ione Belarra -que apuntan a una falta de acercamiento por parte de los de Pedro Sánchez para su negociación- consideran que el texto sigue favoreciendo que haya muchas autoridades e instituciones que pueden acogerse a los secretos, como la policía o las embajadas, así como la falta de concisión en los asuntos que pueden ser clasificados por "intereses económicos", "industriales" o de "servicios públicos".

Los plazos de la desclasificación

El punto de fricción es especialmente los plazos de desclasificación. Apuntan a que el articulado no incluye la apertura automática de las reservas anteriores en el momento en el que entre en vigor la ley. De hecho, la legislación que prepara el Gobierno acomete una reforma para marcar en los 50 años el tiempo de clasificación pero deja abierta la posibilidad a que sean ampliable hasta 65 años. La reticencia a apoyar estos puntos es también sostenida por otros aliados de la investidura, como ERC, PNV o EH Bildu, lo que pone en peligro que vea la luz.

En cuanto al otro lado de la bancada, el Partido Popular se ha presentado en varias ocasiones como copartícipe de los socialistas para sacar adelante este tipo de normativas que tildan "de Estado" -eso sí, con peticiones de por medio de que los de Sánchez "abandonen" a los de Podemos- y no ponen conflicto con los puntos que estos sí. Pero el Gobierno no está dispuesto a pactar con Alberto Núñez Feijóo, y menos a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, por lo que esta opción no está contemplada por Sánchez ni sus ministros. El líder del PP criticó con cierto sarcasmo tras su aprobación en el Consejo de ministros que la ley de Secretos Oficiales fuera un "secreto" para el autodefinido primer partido de la oposición mientras su secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, instó al Gobierno a "reconducir" las negociaciones en pro, una vez más, de los asuntos de Estado.

Críticas del CGPJ

Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la pasada semana por unanimidad su informe preceptivo sobre el texto del anteproyecto, del que ha hecho una "valoración negativa". Así, este órgano jurídico afirma haber detectado ciertas deficiencias para la futura ley, que con todo no va a ponerse en marcha en esta legislatura. El punto fundamental es lo relativo a las materias sujetas a la clasificación de la información, entre ellas la "seguridad pública y vida de los ciudadanos", "las relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional", los "intereses económicos o industriales de carácter estratégico" o las "negociaciones políticas o comerciales de España con otros estados".

Para subsanarlo, el CGPJ propone sustituir el concepto de daño a los "intereses de España" por el de "seguridad y defensa del Estado" como justificación para poder ocultar documentos y en línea con el precepto que está marcado en la Constitución en lo relativo al derecho de los españoles a acceder a los archivos y registros administrativos. Y es que el poder judicial pone el foco en el listado de las materias, que le parece "dudosa" y con "falta de concreción" para las categorías de alto secreto y secreto, contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 del anteproyecto. En esta parte se contemplan, por ejemplo, las "relaciones exteriores de España o situaciones de tensión internacional" y a los "intereses económicos o industriales de carácter estratégico".

Las competencias para clasificar

Pero también ve vacíos en las competencias para clasificar información. Señalan que en una democracia la decisión de decretar el secreto es extremadamente grave, por lo que debe ser adoptada al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Un requisito para "clasificar, reclasificar y desclasificar" la información perteneciente a las categorías de "alto secreto" y "secreto" que en el texto recae en el Consejo de ministros. En cuanto a los términos de "confidencial" y "restringido", esto queda en manos de una lista de autoridades civiles y militares "particularmente desmedida" según el Consejo Fiscal, por lo que piden limitarlas únicamente al Gobierno -véase presidente, vicepresidentes y ministros con competencias en los ámbitos de seguridad y defensa nacional-. 

Al mismo tiempo, el CGPJ sugiere revisar los plazos de clasificación aplicando para ello un "criterio restrictivo y proporcional" que permita "la salvaguarda de la seguridad y defensa del Estado sin merma, más allá de lo necesario, del derecho de los ciudadanos de acceso a la información". Pero lejos de las indicaciones de este organismo, lo cierto es que la norma va a tener un camino difícil a la luz del punto de escollo actual entre los socios y el Gobierno para impulsar la Ley de Secretos Oficiales.