Una semana más y un caso mediático nuevo que tiene su reacción en la política como un verdadero terremoto. La noticia que ha llenado en la última semana las portadas y los debates a todos los niveles, como ha sido la niña que ha tenido Ana Obregón a través de un vientre de alquiler en Estados Unidos, también ha aterrizado en el Congreso de los diputados como un auténtico reactor nuclear. El escándalo ha reabierto la discusión sobre la gestación subrogada con distintas posiciones en las formaciones pero ningún partido del Hemiciclo -excepto Ciudadanos- tienen la intención de iniciar el debate efectivo para regularlo en los próximos meses. Ni siquiera en la siguiente legislatura. 

Mientras la izquierda y el Gobierno han cerrado la puerta de forma tajante a legalizar esta práctica -que actualmente es ilegal en nuestro país- con críticas tanto a la bióloga como a los defensores de esta transacción económica, la derecha se ha dividido. Vox ha rechazado por completo su toma en consideración con el componente religioso y moral en el centro frente al Partido Popular, que se abrió al fulgor de la revelación a analizarlo con el argumento del altruismo. Tan solo unas horas después dieron un paso para atrás. Únicamente Ciudadanos está dispuesto a normalizar esta práctica mediante una Proposición de Ley enarbolando la bandera de la libertad en pro de los cambios sociales.

Portazo a la gestación subrogada

Casi unanimidad. Este es el resultado a nivel político que ha tenido el caso Ana Obregón en el seno parlamentario a cuenta de la gestación subrogada. No es un debate nuevo en la Cámara baja, que ya se ha tratado por ejemplo con la reforma de la ley del aborto, que incluye la prohibición de las agencias que ejecutan estos contratos entre gestante y pagadores, pero sí ha supuesto una nueva sacudida en la sociedad y el entorno de los partidos. En el primer caso el foco ha sido el papel que ha jugado la muerte de su hijo Alessandro Lequio en la decisión de la actriz así como su edad. Y es que tiene 68 años, con dudas sobre esta cifra incluidas. 

En el segundo colectivo, el centro ha sido más el hecho en sí mismo y la práctica elegida por Obregón para volver a ser madre. O abuela, ya que esto también ha sido objeto de conjeturas. La coalición no tardó mucho en salir a expresar su rechazo absoluto a esta praxis, que incluso tildan de otra "forma más de violencia contra las mujeres" con un marcado "sesgo de la pobreza" y que, por lo tanto, puede llegar a ser "discriminatorio". Así lo ha dicho el pasado miércoles en los pasillos del Congreso la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha recordado que en España "no es legal". Cabe señalar que aunque es ilegal, sí está parcialmente legalizado a través de la inscripción de los niños.

La última modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo apunta de forma textual a la ilegalidad de la gestación subrogada por sustitución mediante la prohibición de la publicidad de las agencias de intermediación. Así se queda claro en su artículo 32, donde se señala que las administraciones públicas promoverán la exclusión de "cualquier tipo de publicidad que tenga por finalidad la mercantilización de la salud reproductiva por parte de terceras personas, por atentar contra la dignidad de las mujeres". 

El PP se lía con el altruismo

En frente, la derecha y la ultraderecha. Vox ha rechazado por completo su toma en consideración con el componente religioso y moral en el centro. Una postura que ha sido avalada por la Iglesia católica, que ha manifestado sus "reservas" bajo el precepto de que las mujeres "no son incubadoras" y que "ser madre no es, en sentido estricto, un derecho", pese a entender el "dolor" de todas aquellas que quieren ser progenitoras y no pueden serlo. Más lío han tenido en el Partido Popular, que se ha pronunciado a favor y en contra prácticamente al mismo tiempo.

Una vez saltó la noticia, varios dirigentes populares se manifestaron sobre la polémica. El propio Alberto Núñez Feijóo ha señalado que la gestación subrogada es “legal” en tanto en cuanto hay unas “condiciones” que lo permiten. Así, el líder popular se ha mostrado dispuesto a poner sobre la mesa de discusión este tema porque hay familias que "se traen" a bebés al país para, posteriormente, "inscribirlos como españoles". De hecho, ha sostenido que le parece "razonable" abrir el debate. "Ante un hecho social controvertido, lo que deben hacer los partidos políticos es debatir y proponer alguna consideración al respecto", ha subrayado, señalando al presunto "altruismo" que dicen puede formar parte del acto.

En la misma línea se han pronunciaron otros líderes, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha apuntado a "los señores de la izquierda". "Ya han nacido más de 2.000 niños que están en nuestro país de esta manera. Es la izquierda la única que en España puede decidir cómo tenemos que vivir, cómo han de ser las familias, cuándo interesan los debates, sobre quién ponemos el acento...", ha afirmado la lideresa, de quien es fan la propia Obregón. Pero estas posturas cambiaron pocas horas después de haber sido lanzadas. Al menos, Génova ha intentado quitar al PP de los focos y aseguran que no van a abanderar esta lucha.

Ciudadanos se queda solo

Tanto es así que ni siquiera los populares pretenden liderar la regulación de los vientres de alquiler. Todas las formaciones rechazan llevar a cabo una normalización parlamentaria al menos en el corto plazo. Ni en lo que queda de legislatura ni en la siguiente. Solo Ciudadanos quiere liderar el debate enarbolando la bandera de la libertad en pro de los cambios sociales. De hecho, el grupo parlamentario ha registrado en la Mesa del Congreso una nueva Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución, en línea con la que presentó en 2017. "Las leyes no pueden cerrar los ojos a las nuevas reclamaciones y avances", esgrimen en el texto. Pero hasta ahora no tienen apoyos para ello y no parece que los vayan a cosechar.