Ana Obregón copa los titulares del día en la totalidad de medios de comunicación. No son los años 90 o la primera década de los 2000. La actriz y presentadora ha focalizado la polémica este martes tras conocerse que a sus 68 ha sido madre por gestación subrogada. Una práctica que desde el Gobierno han censurado en incontables ocasiones y esta no iba a ser menos. En los pasillos del Congreso de los Diputados, tras la sesión de control, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha arremetido contra la televisiva e incluso ha vinculado estos métodos como una forma más de “violencia contra la mujer”.

Tras la sesión de control, los diputados han desfilado por los pasillos del Hemiciclo bajo la atenta mirada de los periodistas. Este miércoles, la polémica, lejos de los habituales rifirrafes intrínsecos a un pleno -esta vez descafeinado-, la ha protagonizado Ana Obregón desde Miami. La actriz abría a toda página la revista ¡Hola!, con un titular que  ha reabierto un debate latente en la sociedad española: la gestación subrogada. La información relataba que ésta había sido madre a los 68 años gracias a un vientre de alquiler, práctica que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español y que causa un rechazo a priori mayoritario en la ciudadanía, con excepciones.

La maternidad de Ana Obregón  ha traspasado los gruesos muros de la Carrera de San Jerónimo. Al Gobierno no le ha pillado a contrapié y ha expresado su más que absoluto rechazo a una práctica que incluso vinculan con una forma de “violencia contra las mujeres”, orientada siempre desde el “sesgo de la pobreza”. En estos términos se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero. La dirigente morada se ha expresado con firmeza contra la gestación subrogada, recordando que en España “no es legal”.

Montero ha subrayado que la nueva Ley de derechos sexuales y derechos reproductivos no incluye en su paraguas a los vientres de alquiler. Desde los pasillos de la Cámara Baja, la responsable de Igualdad ha cargado las tintas contra Obregón, tras calificar la gestación subrogada como una “forma más de violencia contra las mujeres”. Explica al mismo tiempo que el grueso de mujeres en esta situación comparte una situación de “pobreza claro”, que incluso llega a catalogar de “discriminatorio”.

En paralelo, la ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, ha apuntalado que se trata de un método de “explotación del cuerpo de la mujer”. “No estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos”, ha agregado la dirigente socialista. Al mismo tiempo, ha recordado que al principio de la legislatura se modificaron ciertos aspectos relacionados con las inscripciones en el Registro Civil para impedir estas situaciones. No obstante, ha matizado que cada caso es un mundo y “hay que analizarlo de forma muy concreta”, por lo que no puede hablar en “genérico”.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados también se ha pronunciado al respecto. Patxi López se ha limitado a añadir a la polémica que su formación se opone a “todas estas cosas”. Posición idéntica a la que ha verbalizado el grupo confederal de Unidas Podemos a través de su presidente, Enrique Santiago. “Estamos en contra de que se mercantilicen los embarazos, que se puedan vender y comprar los embarazos y la utilización del cuerpo de la mujer”, ha matizado.

La derecha, a mitad de camino

En el flanco diestro del arco parlamentario, sin embargo, las posiciones se diversifican. La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, no ha clarificado la postura de su formación en torno a la gestación subrogada. La conservadora considera que se trata de un “aspecto complejo” que merece un debate “profundo y sereno”, dado que involucra a menores. En este sentido, entiende que afecta a muchas cuestiones “morales, éticas, religiosas”, amén de otras tantas sensibilidades en la “sociedad española”. “No hay que olvidar que hay niños, que tienen unos derechos que deben ser garantizados”, ha apuntalado.

Por el contrario, Ciudadanos, que siempre ha abanderado la gestación subrogada, se ha mostrado en contra de que se utilice el apelativo de “vientre de alquiler”. Los liberales han sido los únicos en plantear una “regulación jurídica” para estos métodos. “¿Cuántas personas famosas de nuestro país tienen esta familia a través de este sistema?”, ha cuestionado el Edmundo Bal en declaraciones a los medios.

El portavoz adjunto naranja ha explicado que en el ideario de su formación no se contempla la gestación subrogada “mediante un precio”, sino de manera “altruista”. Por ello, ha agregado que en otros países del entorno de España dan cobertura a un método “contra el pago de un precio”, con el objetivo de posibilitar que una persona incapacitada para engendrar hijos de manera natural, “pueda conformar la familia que quiere o tiene en mente”. Asimismo, ha exigido no perder el foco de lo que “importa”, que no son sino los niños. “No nos fijamos en ellos”, ha lamentado.