El ala socialista del Gobierno mantiene el principal punto de fricción de la futura ley de Secretos Oficiales: el plazo de desclasificación. Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La diputada y portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le ha preguntado si el articulado sobre información clasificada que Moncloa prepara desde hace meses tras bloquear la propuesta del PNV “será homologable a las de una democracia avanzada”.

“No sé si ha visto la serie Salvar al rey. Aporta más datos e información que la que ha dado cualquier Gobierno español sobre el papel del Emérito y la Casa Real en el 23F. El manto de impunidad es tan grueso que un documental cuenta lo que el Estado oculta”, ha censurado la dirigente de la izquierda abertzale.

Bolaños ha asegurado que “no solo va a ser homologable”, sino que “va a estar a la vanguardia”: “Vamos a dar cumplimiento a un compromiso del presidente y requerimientos de la Comisión Europea. Hemos estudiando el derecho comparado. Habrá máxima transparencia y protección de la Seguridad Nacional”. Además, ha recordado que aún está en tramitación y atenderán las propuestas de otros grupos.

En este sentido, Aizpurua le ha urgido a revisar los plazos para la desclasificación de archivos. La norma hilvanada por el Gobierno establece un límite de 50 años prorrogable a 15 más para asuntos que el Ejecutivo considere sensibles. Esta cifra no satisface, en absoluto, la sed de transparencia y ventilación de sus socios, que ven más razonable los 15 o 20 años. “Ni Francia, ni Alemania, ni ningún otro Estado a los que pueda aludir ha tenido vigente una ley hecha desde una dictadura. Tiene demasiadas zonas de penumbra para ser democrática. Cualquier cuestión puede ser susceptible de clasificación dependiendo del Gobierno, incluidas violaciones de Derechos Humanos”, ha lamentado, haciendo hincapié en que asuntos como los GAL, los “negocios oscuros durante la Transición” o el 23F “seguirán sin ser aclarados”.

“No debería tener reparos en conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. La nueva ley no responde a las demandas de EH Bildu”, ha reiterado, instando al Gobierno a “corregir esta ley y adecuarla a los estándares democráticos”.

Por su parte, Bolaños ha justificado el plazo de 50 años apoyándose en que países como Reino Unido barajan los 20, sí, pero también contemplan prórrogas indefinidas, lo que de facto puede provocar que haya información clasificada que nunca vea la luz. “Se equivoca teniendo una opinión tan negativa. Es una ley que avanza claramente y garantiza la Seguridad Nacional de todos”, ha zanjado el ministro.