Un ensordecedor silencio precede a un encogimiento de hombros cuando preguntas por el Congreso por la nueva ley de Secretos Oficiales. En pleno verano de 2022, en concreto el 1 de agosto, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros su Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, una propuesta con la que Moncloa pretende actualizar la norma vigente, que data del franquismo. El PNV lleva varias legislaturas impulsando su propia Proposición de Ley, pero no era del agrado de los socialistas y el Ejecutivo ha apostado por la suya. Sin embargo, desde entonces, el mutismo atraviesa el asunto. Nadie sabe nada. No es la primera vez que decae un articulado por consumar la legislatura sin concretarse. “¿Puede volver a pasar? ¿Podría darse el caso de que se disolvieran las Cortes y convocaran elecciones antes de modificar la ley de Secretos Oficiales?”, pregunta servidor a una fuente, que tajante, sentencia: “No”. “¿Entonces? ¿En qué estado se encuentra?”, insisto. “No hay información”.
Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista creen, sin aventurarse a asegurar, que hay conversaciones previas con los socios para rubricar un acuerdo. Unas negociaciones que, de existir, se retomarían ya en febrero, dado que enero es un mes inhábil a nivel parlamentario y la ley de Vivienda y la reforma de Mordaza son prioritarias y ocupan la práctica totalidad de sus esfuerzos.
La ley de Secretos Oficiales deambula por la Cámara Baja como un espectro. Nadie sabe nada. No se le ha visto. La pregunta es si se le espera. Moncloa la incluyó en su calendario legislativo para 2022, pero la inflación, el Plan de choque contra las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tapón provocado por la Ley Mordaza, la Ley de Vivienda y la de Memorias Histórica dispusieron una excusa perfecta para volver a aplazarla. La primera iniciativa para reformar una anacrónica ley llegó en el año 2016 a lomos del PNV. PSOE y PP se encargaron de bloquear su tramitación en la Mesa. Al finalizar la legislatura, los nacionalistas vascos tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, el Congreso dio su visto bueno. Los socialistas volvieron a paralizarla aplazando sine die el proceso de enmiendas, dejando la ley en una suerte de limbo. Todas las leyes que no han completado su camino hacia el BOE en la legislatura en que fueron votadas decaen con la disolución de las Cortes Generales. Pero Sánchez tenía un plan.
Un caramelo de arena
El 26 de mayo del 2022, el presidente del Gobierno hizo un anuncio insólito. Fue durante el pleno monográfico sobre el caso Pegasus (presunto espionaje del CNI a líderes independentistas catalanes y vascos). Los ánimos de sus socios estaban caldeados, los discursos destilaban fabulosos niveles de enfado y voces como la de Íñigo Errejón alertaban de la posibilidad de fractura irreparable del bloque de la investidura. Para aplacar las feroces y afiladas críticas, Sánchez se las sacudió comprometiéndose a reformar la ley de Información Clasificada, un gesto encomiable de no ser porque era el propio PSOE el que bloqueaba la proposición de ley del PNV.
El Grupo Socialista, semana sí y semana también, dilataba el periodo de enmiendas para ganar tiempo y articular la suya propia. Según pudo confirmar ElPlural.com, el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, era el principal artífice de tamaño filibusterismo parlamentario. Moncloa había armado un grupo de trabajo comandado por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo para, junto a Defensa, Exteriores e Interior, desarrollar su propia ley de Información Clasificada. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, heredó el encargo y lo ultimó.
En declaraciones a ElPlural.com, desde el PNV lamentan que no han recibido ninguna información después de que el Consejo de Ministros aprobara su anteproyecto. Asimismo, confiesan que captaron el mensaje: “Quedó claro, como ya suponíamos, que no había ninguna voluntad de tramitar nuestra proposición de ley”.
Hasta la fecha, ningún socio del PSOE se ha plegado a la nueva ley. Ni siquiera su compañero de coalición. La nueva norma establece cuatro categorías, adaptando la protección en consonancia con lo establecido por la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos para la desclasificación de documentos oscilan entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque según precisan desde Moncloa, algunos podrían prorrogarse más allá de ese medio siglo de horizonte (15 años más). Unidas Podemos ha manifestado su desagrado en no pocas ocasiones, al igual que PNV, ERC y EH Bildu. La cifra no satisface en absoluto su sed de transparencia y ventilación; y ven más razonable un plazo máximo que oscile entre 15 y 20 años. Además, la potestad de desclasificar información ya no residiría en Defensa, sino en el Ministerio comandado por Bolaños.
El propio ministro, a una pregunta de la portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, justificó durante una sesión de control que otros países como Reino Unido barajan los 20, sí, pero también contemplan prórrogas indefinidas, lo que de facto puede provocar que haya información clasificada que nunca vea la luz.
