Tras el parón navideño, el Gobierno de coalición retoma la actividad donde la dejó. El pasado siete de enero el Ejecutivo cumplió su tercer aniversario y aún tiene deberes pendientes. La elaboración de una ley de Vivienda y la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza, eran dos de sus propuestas estrella y aún permanecen en la carpeta de pendientes. La primera es la que más avances registra, tal y como reconocen tanto PSOE como Unidas Podemos, pero la fumata blanca aún se antoja algo lejana y su aplicación podría no ser efectiva hasta la precampaña de las elecciones generales, es decir, pasado el verano, bien entrado septiembre, toda vez que se cumplan los hitos fijados en el calendario en tiempo y forma.

Moncloa esperaba culminar 2022 con la ley de Vivienda encarrilada, cuando no aprobada. La formación morada presionó y el Grupo Socialista emplazó las negociaciones al mes de diciembre, pero finalmente no hubo tiempo material. Los flecos en forma de enmiendas a la ley Trans y la crisis de Estado generada por la intervención del Tribunal Constitucional de un proceso parlamentario en curso acapararon todos los esfuerzos. Ahora, encaran un nuevo deadline: febrero.

El mes de enero es inhábil para el Congreso, pero según informó ElPlural.com, se habilitará para celebrar comisiones, elaborar dictámenes, avanzar en la agenda legislativa y aprobar los decretos en un pleno que se celebraría la última semana de enero. La ruta está clara y el objetivo también: acercar posturas para rubricar un consenso en los primeros compases del 2023. El principal obstáculo para topar los alquileres es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. Además, Unidas Podemos percute para reducir el vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor efectiva. El texto salido del Consejo de Ministros establece un periodo de 18 meses que los morados abogan por eliminar, pero que los socialistas admitirían rebajar hasta los seis. De darse el caso, si la ley de Vivienda se aprobara en febrero, el control de los precios se implementaría en su totalidad en septiembre.

Moncloa lograría, así, dos impulsos electorales. El primero en las semanas previas a la precampaña de las autonómicas y municipales en mayo, y el segundo, en la víspera de las generales. El articulado pondrá en un serio brete a las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya que la regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, que deberán decidir si aplicarla, así como los ayuntamientos harán lo propio con la subida del IBI en las viviendas vacías.

Fuentes consultadas por este periódico admiten que ven avances, máxime si se compara con las conversaciones sobre Mordaza. “Somos optimista y habrá ley de Vivienda”, aseveran. Era una de las prioridades de la legislatura, pero sea demorado en exceso. En octubre del año 2020, PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para legislar el precio de los alquileres, pero no fue hasta el 1 de febrero del 2022, año y medio después, cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso. Una vez allí, la Mesa de la Comisión de Transporte ha ampliado en no pocas ocasiones los plazos para el registro de enmiendas, llegando a acumular más de 850. Los grupos están trabajando en todas ellas y la ponencia que redacte el informe está pendiente de convocarse. Desde el entorno del Grupo Confederal de Unidas Podemos señalan a los socialistas recordando que es el presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ignacio López Cano (PSOE), quien ha de convocar al órgano para comenzar la ponencia; por lo que lamentan la terna de “excusas”.