“El compromiso del Gobierno es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Se encuentra en la última fase de elaboración”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplacó las críticas del portavoz del PNV, Aitor Esteban, durante el Debate del Estado de la Nación a cuenta de la ley de Secretos Oficiales. En 2020, el Congreso validó el articulado de los jeltzales, pero nunca recibiría el visto bueno de la Mesa por el bloqueo socialista. Este lunes, del Consejo de Ministros emanará el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, con novedades en materia de plazos y las competencias transferidas del departamento de Defensa al Ministerio de la Presidencia, de Félix Bolaños.
El Gobierno ha pisado el acelerador antes de las vacaciones de verano y aprobará este lunes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, varios puntales legislativos que guardaban en el cajón. Uno de ellos, la conocida como Ley de Secretos Oficiales, verá por fin la luz tras años de bloqueo.
La nueva norma establece cuatro categorías, adaptando la protección en consonancia con lo establecido por la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos para la desclasificación de documentos oscilan entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque según precisan desde Moncloa, algunos podrían prorrogarse más allá de ese medio siglo de horizonte.
Así las cosas, el nuevo articulado retira algunas competencias que hasta la fecha recaían sobre el Ministerio de Defensa, cuya titular, Margarita Robles, ha dado su visto bueno. Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el que recaerá la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, dotando a su departamento con recursos adicionales. La decisión final emanará del Consejo de Ministros, al menos la que esté protegida por el más alto grado de protección.
Visto bueno de Defensa
Desde junio de 2020, periodo en el que se aprobó la ley de secretos en el Congreso, la Mesa ha ampliado sistemáticamente los plazos para la presentación de enmiendas, condenándola al ostracismo. El Gobierno ya la incluyó en su calendario de 2021, pero, según precisaron fuentes de Moncloa a ElPlural.com, se frenó porque había otros asuntos más acuciantes, como la recuperación y consolidación económica. “Hay otras prioridades”, resolvieron desde el Ejecutivo. Por su partes, sus socios gubernamentales, Unidas Podemos, atribuían las sucesivas prórrogas a la “voluntad del Ministerio de Defensa”.
Con todo, a pesar de esas maniobras del departamento que dirige Margarita Robles, la titular del ramo ha dado su luz verde al anteproyecto que el Ejecutivo aprobará este mismo lunes. De hecho, la ministra ha revisado el articulado y ha aprobado las modificaciones a pesar de restarle competencias. De hecho, según fuentes consultadas, le trasladó a Sánchez que la nueva normativa era de su agrado.
En Moncloa estiman “lógico” que la labor recaiga sobre un ministerio “transversal” y de “coordinación interministerial” como es el departamento de Félix Bolaños, pues hay información clasificada que afecta a diversos ámbitos que extralimitan las fronteras de defensa, como industria o cuestiones económicas, según explican. Así ocurre, de hecho, en gran parte de los países de la Unión y de la Alianza Atlántica.
Una ley franquista
En este sentido, justifican la necesidad de reformar este texto en base a que la normativa vigente hunde sus raíces en pleno franquismo y, por tanto, es un articulado “predemocrático”. Ha de ser adaptada y amoldada al ordenamiento constitucional. No obstante, este texto fue modificado parcialmente en 1978.
La reforma de la ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. La vigente data de abril de 1968 y fue firmada por Francisco Franco y Luis Carrero Blanco. Tal es la anacronía que otorga a un organismo que ya no existe como es la Junta de Jefes de Estado Mayor la potestad de clasificar documentos.
La norma únicamente prevé dos categorías, a saber, secreto y reservado, y no contempla otras habituales como confidencial o de difusión limitada. Tampoco la de muy secreto.
Uno de los aspectos más lesivos es que los documentos únicamente podrían ser desclasificados por el órgano que los clasificó. En este sentido, la propuesta del PNV pretende que el límite para desclasificar archivos pase de 25 a 10 años mientras que la idea del Gobierno es que no existan plazos sino que estén sujetos al grado de protección y el nivel de secreto. En otras palabras, habrá archivos que por su sensibilidad no verían la luz.
