No hay nada hecho con el anteproyecto de Ley de secretos oficiales. El diseño del nuevo articulado causa una nueva discrepancia entre los socios de Gobierno. A lo largo de esta mañana, el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, ha trasladado su descontento hacia este nuevo texto. Fuentes de la formación morada han transmitido que uno de los puntos inasumibles es el periodo de hasta 50 años para desclasificar documentos reservados. "España es una democracia y tiene derecho a conocer su historia", apuntan voces del partido. 

El espacio confederal ya le ha trasladado al PSOE su disconformidad con determinados aspectos del proyecto normativo, el cual recala este mismo lunes en el Consejo de Ministros en primera vuelta. En la reunión del gabinete, socialistas y morados tratarán de cerrar un acuerdo para incorporar posibles mejoras al articulado y que se aprueba en una segunda intentona.

En Unidas Podemos sostienen que España es una "democracia madura" y los ciudadanos tienen derecho a "conocer su historia" mediante documentos que siguen clasificados. Consideran que es vital mantener el diálogo con los socios habituales de la investidura para tomarles la temperatura en lo relativo a estos asuntos y facilitar que se tramite el mejor articulado posible. En este sentido, aluden expresamente al PNV, que ha llevado por bandera la reforma de la Ley de secretos oficiales desde hace dos años. 

"España es una democracia y tiene derecho a conocer su historia"

 

En el último Debate sobre el Estado de la Nación, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó que el anteproyecto partiría del Gobierno y que su intención era aprobar el borrador del texto antes del final de julio. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo hincapié en reiteradas ocasiones de la urgencia que requiere esta modificación, pues la normativa vigente vio la luz en 1968, en plena dictadura franquista. En palabras de la impulsora de Sumar, el texto "no puede garantizar la seguridad en el siglo XXI". 

 

Por ello, Díaz subrayó que España vive en una situación "anómala" y lo ejemplificó con que el articulado ha de dar un plazo temporal adecuado a la desclasificación de documentos. 

 

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya urgió al PSOE a dialogar con más asiduidad con sus socios de Gobierno sobre el anteproyecto de la nueva ley y propuso rebajar el plazo de desclasificación de documentos a un periodo que los morados entienden razonable, como 20 o 15 años.

Bolaños, protagonista del anteproyecto 

La nueva norma establece cuatro categorías, adaptando la protección en consonancia con lo establecido por la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos para la desclasificación de documentos oscilan entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque según precisan desde Moncloa, algunos podrían prorrogarse más allá de ese medio siglo de horizonte.

Así las cosas, el nuevo articulado retira algunas competencias que hasta la fecha recaían sobre el Ministerio de Defensa, cuya titular, Margarita Robles, ha dado su visto bueno. Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre el que recaerá la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, dotando a su departamento con recursos adicionales. La decisión final emanará del Consejo de Ministros, al menos la que esté protegida por el más alto grado de protección.

Visto bueno de Defensa

Desde junio de 2020, periodo en el que se aprobó la ley de secretos en el Congreso, la Mesa ha ampliado sistemáticamente los plazos para la presentación de enmiendas, condenándola al ostracismo. El Gobierno ya la incluyó en su calendario de 2021, pero, según precisaron fuentes de Moncloa a ElPlural.com, se frenó porque había otros asuntos más acuciantes, como la recuperación y consolidación económica. “Hay otras prioridades”, resolvieron desde el Ejecutivo. Por su partes, sus socios gubernamentales, Unidas Podemos, atribuían las sucesivas prórrogas a la “voluntad del Ministerio de Defensa”.

Con todo, a pesar de esas maniobras del departamento que dirige Margarita Robles, la titular del ramo ha dado su luz verde al anteproyecto que el Ejecutivo aprobará este mismo lunes. De hecho, la ministra ha revisado el articulado y ha aprobado las modificaciones a pesar de restarle competencias. De hecho, según fuentes consultadas, le trasladó a Sánchez que la nueva normativa era de su agrado.

En Moncloa estiman “lógico” que la labor recaiga sobre un ministerio “transversal” y de “coordinación interministerial” como es el departamento de Félix Bolaños, pues hay información clasificada que afecta a diversos ámbitos que extralimitan las fronteras de defensa, como industria o cuestiones económicas, según explican. Así ocurre, de hecho, en gran parte de los países de la Unión y de la Alianza Atlántica.