El Gobierno catalán está decidido a mantener la excepcionalidad política en Cataluña, como mínimo, hasta conocer las sentencias del juicio por el procés, cuyo inicio se retrasará unos días hasta el 12 de febrero por prudencia procesal. Para asegurarse que la normalidad institucional o la acción de gobierno no vaya a empañar este objetivo político prioritario de la Generalitat, con ocasión del traslado de los procesados a Madrid, se ha decretado el estado oficial de melancolía. La primera consecuencia ha sido la suspensión de la segunda sesión de la mesa para el diálogo entre los grupos parlamentarios.
El presidente de la Generalitat y su Gobierno acudieron a la cárcel de Brians II para despedir a los procesados en sus coches oficiales, ofreciendo una imagen poco consecuente con la denuncia permanente de la represión practicada por el Estado contra los independentistas. A su regreso a Barcelona, el gobierno Torra se reunió con carácter urgente y extraordinario para aprobar una declaración sobre el juicio en el Tribunal Supremo y las consecuencias que en su opinión va a tener en las relaciones entre Cataluña y el Reino de España.
El presidente de la Generalitat aseguró que dichas relaciones van a cambiar para siempre, aunque no entró en detalles del sentido de las mismas a partir de ahora, aunque hay que presuponer que será la distancia y la desconfianza. En su estilo habitual, tras acusar al Estado español de pretender “liquidar la voluntad democrática de los catalanes” y de estar protagonizando una involución democrática, animó al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer un esfuerzo para “homologarse” a las democracias plenas europeas, un objetivo que, en opinión de Torra, solo conseguirá en caso de aceptar la siguiente ecuación: “Diálogo, negociación y aceptación del derecho de autodeterminación de Cataluña”.
Tras la aparente rotundidad de sus declaraciones, domina más la tristeza institucional que la amenaza política. Quim Torra la exhibe a menudo, hasta el punto de provocar la parálisis gubernamental, el desinterés por los asuntos de gobierno, incluido el presupuesto propio embarrancado desde que los Comuns dieron por acabadas las negociaciones por falta de interés de los interlocutores. Su ánimo contrasta con el expresado por los procesados en sus cuentas de Twitter y va mucho más allá del sentimiento de indignación verbalizado por innumerables voces ante la perspectiva del juicio.
Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han lanzado mensajes de optimismo ante la inminencia de la oportunidad, largamente esperada, para defender su inocencia atacando los déficits democráticos del Estado. Los acusados encaran su comparecencia ante el tribunal como una liberación política para poder pasar al contrataque personalmente tras más de un año en prisión preventiva, hablando a través de terceros o mediante emocionantes efectos ópticos.
Torra y sus consellers, por contra, se presentan ante la opinión pública como gobernantes extraordinariamente agobiados hasta el punto de renunciar a ejercer sus funciones para no dar la impresión de estar poco dolidos por la situación que sufren sus predecesores procesados. Su abatimiento oficial se traduce en la proyección de la anormalidad política del momento -- atribuida a la acción del Estado, lo que en parte es cierto--, pero que en su versión sobreactuada para hacer sentir al conjunto de la ciudadanía el peso de la excepcionalidad descubre un interés simplemente táctico, instrumental; probablemente el único punto de acuerdo existente ahora mismo entre los socios, ERC, JxCat y PDeCat.
La suspensión de la mesa de diálogo creada a instancias del Parlament para intentar buscar puntos de acercamiento entre los partidarios de la reconciliación interior de Cataluña (que no son todos los partidos, a la vista de las renuncias a participar en dicho espacio), convocada para este viernes, constituye una prueba de la falta de voluntad del gobierno catalán de hacer compatible la expresión de su solidaridad con los presos con el cumplimiento de su agenda institucional. La previsible prolongación del juicio durante meses, permite sospechar que las jornadas de protesta y de cierre de la Generalitat por la tristeza de sus ocupantes pueden repetirse.
