Con la oleada de estudios sin cursar y títulos sin acreditar, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón tiene, según revela elDiario.es, una veintena de altos cargos que incumplen la ley de Transparencia y Buen Gobierno al no publicar la titulación académica que dicen tener. Ante la urgencia que exige la situación, tan acentuada en todo el país, algunos departamentos del Consell que preside Carlos Mazón han iniciado una maniobra para buscar rápidamente todos los documentos acreditativos, y evitar así posibles consecuencias legales.
El Secretario Autonómico en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Javier Sendra, que gestiona las adjudicaciones de las obras de la DANA, presenta ciertas incongruencias en su currículum, concretamente en su formación. Sendra, mano derecha de Mazón, ya fue acusado de falsear su currículum cuando ocupaba un cargo en la Diputación de Alicante, al incluir dos supuestos másteres. Tras las críticas, rectificó el documento y los rebajó a la categoría de simples cursos. Sin embargo, al incorporarse al Gobierno autonómico, uno de esos títulos ha reaparecido como “máster de alta dirección” en su ficha del portal de transparencia GVA Oberta. En realidad, se trata de un curso de 140 horas ofrecido por una escuela privada de negocios en Alicante, que no tiene consideración oficial de máster universitario.

Poco después de que salieran a la luz los incumplimientos normativos de varios altos cargos, que según la legislación autonómica podrían derivar en la apertura de expedientes y sanciones económicas, el Ministerio de Universidades registró un repunte inusual de actividad durante el primer fin de semana de agosto. Una oleada de altos cargos ha comenzado entonces a solicitar con urgencia los justificantes oficiales de sus titulaciones académicas para adjuntarlos a su perfil en el portal de Transparencia de la Generalitat, tal y como exige la normativa vigente.
Nueve de los altos cargos señalados por no acreditar sus estudios han publicado en GVA Oberta, el Portal de Transparencia de la Generalitat, los títulos universitarios o los certificados emitidos por el Ministerio de Universidades que respaldan la formación académica que figura en sus currículums. Aunque la Ley de Transparencia no obliga a publicar todas las titulaciones, sí exige que se incluya una copia gráfica del “principal mérito” que justifica su trayectoria profesional.
Entre quienes han rectificado su omisión se encuentran directores generales y secretarios autonómicos de distintos departamentos del Consell:
- Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Presidencia y uno de los miembros más cercanos a Carlos Mazón en el Palau, fue el primero en reaccionar. Licenciado en Economía por la Universitat de València y funcionario habilitado de carácter nacional, solicitó su justificante al Ministerio el 31 de julio a las 19:00 horas, justo después de que este diario consultara al gabinete de Comunicación. Ya ha subido el certificado del Registro Nacional de Títulos.
- Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón, también dependiente de Presidencia, ha seguido el mismo procedimiento. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU Cardenal Herrera, según el documento expedido el 1 de agosto por el Ministerio de Universidades.
- Maria Luisa Mediavilla, subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, ha subido su título de Licenciada en Derecho por la Universitat de València, carrera que finalizó en 1996.
- Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, ha acreditado su título de Doctor en Ciencias Jurídicas - Derecho, obtenido con sobresaliente cum laude, junto a dos másteres. Aportó la documentación a este medio al día siguiente de la publicación del informe sobre los incumplimientos.
- Miguel Ángel Sánchez Navarro, director del Instituto Valenciano de Estadística, ha publicado el título de Técnico Superior en Automoción, expedido por la Conselleria de Educación, conforme a su condición de funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Técnicos de FP.
- Asunción Perales, directora general de Asistencia Hospitalaria, ha subido su licenciatura en Medicina y Cirugía, obtenida en la Universitat de València.
- Miquel Nadal, director general de Cultura, ha acreditado su licenciatura en Derecho Público por la Universitat de València, concluida en 1985.
- Mª Àngels Ramón-Llin Martínez, directora general de Producción Agrícola y Ganadera, ha subido su título de licenciada en Derecho por la Universitat de València.
- José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de Turismo, también ha publicado su título de licenciado en Psicología por la Universitat de València, ya disponible para consulta pública.
Con esta maniobra de urgencia de completar sus formaciones y los vacíos en sus currículums, estos nueve cargos ya han enmendado su situación para evitar de esta forma las consecuencias legales. Las posibles sanciones correspondientes, basadas en el régimen sancionador de la legislación valenciana, serían multas de hasta 600 euros en los casos de omisiones leves, como no aportar a tiempo la documentación exigida. En los supuestos más graves, como la falsedad en los datos académicos o la reiteración del incumplimiento tras un requerimiento oficial, las sanciones pueden alcanzar hasta 12.000 euros, además del cese en el cargo y la inhabilitación para ocupar responsabilidades públicas durante un periodo de cinco años.