Trabajo reclama casi medio millón de euros en cuotas al Hospital de Torrejón por el uso de falsos autónomos

Inspección de Trabajo reclamó en octubre, con un Acta de Liquidación, 488.503 euros a Ribera Salud por impagos a la Seguridad Social al considerar que 28 de sus sanitarios en el Hospital de Torrejón de Ardoz estaban trabajando como falsos autónomos. Así lo ha avanzado el diario El País este domingo, dando a conocer que el documento analiza el periodo entre diciembre de 2020 y agosto de 2025 y desglosa mensualmente los trabajadores, las bases de cotización y las cuotas no ingresadas al juicio de los inspectores. Un balance, no obstante, que "no contempla de forma correcta la naturaleza de las relaciones profesionales analizadas", según un portavoz del hospital, que avanza que el centro y que varios de los profesionales afectados han recurrido la sanción.

El hospital de Torrejón lleva varias semanas en el foco mediático tras conocerse unos audios en los que el CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, pedía a los dirigentes del hospital que tuvieran en cuenta en su trabajo la cuenta de resultados del centro. "Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la sociedad (...) y qué procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer". En esencia, tomar medidas para obtener mayores beneficios incluso si ello ponía en peligro la calidad del servicio recibido por los pacientes. "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", añadía Gallart en esas conversaciones, reclamando hacer ajustes para reengordar las listas de espera y, con ello, los ingresos. La Comunidad de Madrid reaccionó a estos audios enviando al hospital a equipos de auditores que dijeron no haber encontrado defectos en su gestión. De hecho, la Administración regional, a través de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, celebró los datos del centro. A toda la controversia inicial se suma ahora esta nueva situación con las cuotas de autónomos.

La Inspección de Trabajo reclama al centro casi medio millón de euros en cuotas a la Seguridad Social al considerar que usó falsos autónomos. La naturaleza del descubierto ha sido la falta de afiliación de trabajadores, según se lee en el acta: "En documentos anexos por cada periodo parcial se detallan los datos que han servido para calcular el débito, la liquidación parcial, con el importe principal del débito, el recargo del 20% por falta de ingreso en plazo reglamentario y el total de ambos. En los supuestos de derivación de responsabilidad se incluyen también los intereses y costas. De todo ello resulta que el importe total de la deuda del periodo del descubierto es de 488.503 euros".

Sin acta de infracción, pero con los trabajadores listados

Aunque la Inspección ha decidido no levantar acta de infracción, sí que ha elaborado una lista de 28 profesionales que han prestado servicios en el centro de Torrejón en los periodos indicados "sin estar de alta en dicha empresa (constando de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutua Médica)". Se destaca que en su ejercicio profesional atienden a pacientes del hospital, y no propios, y que usan medios del hospital, y no propios, además de ser el centro quien les viste, identifica y da trabajo. Los representantes del hospital explican que la relación de los profesionales por cuenta propia se debe a tres situaciones: en primer lugar, a que algunos prestan servicios que tienen "una actividad muy limitada", como médicos que realizan trabajos de alta especialización y que ofrecen sus servicios a varios hospitales; en segundo lugar, que son profesionales que realizan guardias médicas por continuidad asistencial, facultativos "de presencia física o localizada las 24 horas del día, los 365 días del año"; y en tercer lugar, por "incrementos de actividad y/o falta de oportunidad de contratación laboral", tomando medidas para "evitar la saturación". Por otro lado, el hospital matiza que la contratación de profesionales mercantiles ronda un 5% sobre los profesionales contratados por cuenta ajena y subraya que la actividad mercantil "es muy puntual y limitada".

A juicio del abogado Javier Flores, consultado por el citado medio, el acta de la Inspección de Trabajo "no es un expediente laboral aislado". "La Inspección acredita oficialmente que durante casi cinco años el hospital funcionó con una estructura laboral irregular, con el consiguiente ahorro de costes empresariales", analiza el letrado, que ve en esta situación un dato clave para la transferencia que realizó la Comunidad de Madrid al centro por valor de 33 millones de euros con el argumento de que había estado dando servicios y prestaciones que no incluía su acuerdo original con la Administración, y que por lo tanto suponían un gasto compensable.

"El análisis de la Inspección encaja con las anomalías económicas denunciadas: caída abrupta de ingresos declarados, incremento posterior de costes y solicitudes de reequilibrio económico con cargo a fondos públicos. El acta refuerza el contexto general de las denuncias sanitarias en un periodo de tiempo amplio: precarización laboral, dependencia económica de profesionales y un modelo de gestión en el que el criterio económico se impone al asistencial, tal y como reflejan las grabaciones internas y las denuncias de directivos cesados", sintetiza el abogado.

"Tanto el hospital como algunos profesionales afectados han recurrido la citada acta de Inspección por considerar que no contempla de forma correcta la naturaleza de las relaciones profesionales analizadas. Mientras no haya una resolución firme sobre este asunto, tanto el hospital como los profesionales exigen el máximo respeto y confidencialidad dada la sensibilidad del asunto en cuestión", ha sido la respuesta final del centro.