Ribera Salud, el gigante sanitario cuyo CEO, Pablo Gallart, pidió retrasar las listas de espera para ampliar beneficios en el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), opera en varias comunidades autónomas, entre ella la Valenciana; y lo hará aquí al menos hasta 2030 gracias a una actualización del coste de servicio aprobada por el PP de Carlos Mazón en 2023 que permitirá a la firma ahorrarse 34 millones de euros y actuar en la zona durante cinco años más.
De este modo lo refleja la auditoría de los ejercicios 2023 y 2024, tal y como informaba esta semana elDiario.es, que remite la empresa Elche-Crevillente, filial de Ribera y que debe su nombre a la zona mediterránea en la que opera, a sus accionistas. En este resumen de los últimos cursos, la firma celebra que la revisión de la cápita les ha supuesto un ahorro nada despreciable; de 4,1 millones de euros en 2023 y de 30,3 millones el año siguiente.
El documento, al que ha accedido el medio mencionado, establece que “como consecuencia de información adicional obtenida en el ejercicio 2024, principalmente relacionada con la revisión anual de la cápita provisional, la Sociedad ha modificado la estimación de determinados conceptos de saldos a pagar a la Conselleria de Sanidad, disminuyendo el importe a pagar en 30.369 miles de euros (disminución de 4.157 miles de euros en 2023)”.
¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?
Ribera Salud defiende que la actualización de esta cantidad -lo que la Consellería de Sanidad paga por cada paciente atendido- se trató en comisión mixta en octubre de 2023 y que nunca se ha correspondido a un criterio arbitrario, sino que para él se tienen en cuenta diferentes variables como la actualización del gasto sanitario que hacen público de forma periódica tanto al Gobierno de España como en este caso al de la Generalitat. De hecho, hablan todavía de una cifra “provisional”.
Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad justifican que cuando el gobierno valenciano era de izquierdas casi no se ejecutaban las liquidaciones anuales. Ahora, la compañía de Salud ha abonado al Ejecutivo regional 58 millones de euros vinculados a 23 liquidaciones de todas las concesiones participadas por el Grupo Rivera hasta 2022 en la Autonomía: Alzira, Torrevieja, Dénia y la protagonista de estas líneas.
De esos 58 millones, 34’1 se corresponden con el departamento de salud Elche-Crevillente entre 2010 y 2022, por lo que quedan pendientes las liquidaciones de 2023 que la empresa estima en 77 millones a devolver a la administración y en 21,3 millones al año siguiente.
El ‘modelo Alzira’
Lo que ocurría en Torrejón no es un caso aislado, sino que se da en diferentes centros y encuentra su base, precisamente, en Alzira. De ahí que se denomine ‘modelo Alzira’, que supone un choque entre administraciones, empresas y la sociedad civil.
Ribera Salud recurría a los tribunales durante los años del Botànic -denominación con la que se conoció la unión de los partidos progresistas que capitanearon la Comunidad Valenciana- prácticamente la totalidad de las liquidaciones que reclamaban desde la Conselleria de Sanidad en un momento en el que gestionaba varias áreas sanitarias.
Han sido las distintas resoluciones al respecto las que han ido sentando las bases y los criterios de estas liquidaciones. En números, durante los años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionares, mientras que en los dos años de la presente legislatura se han resulto 23.
Es esa pugna judicial la que, sumada a los problemas estructurales de los contratos o la dificultad de controlar la contratación precisamente la que ha dado como resultado que no se prorroguen algunos contratos de diferentes concesiones y acabar con el ‘modelo Alzira’.
Mediante informes de técnicos de Sanidad, el anterior gobierno recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja y empezó los trámites para conseguirlo con los de Dénia y el de Manises, este último gestionado por otro gigante empresarial que no es Ribera Salud. Sin embargo, el partido de Mazón dio carpetazo a los dos procesos, pero prorrogó durante un lustro el contrato de Ribera en el hospital de Vinalopó (Elche), atendiendo a unas supuestas auditorías favorables que, con todo, no han visto nunca la luz.
