Desde hace dos años, la ultraderecha ha desplegado una ofensiva por todo el territorio nacional contra las siglas socialistas. Concretamente, desde que Pedro Sánchez selló su pacto de investidura, la fachaborroka ha redoblado sus esfuerzos, atacando más de 180 veces sus casas del pueblo. Una campaña de hostigamiento que ha contado con el “silencio cómplice” de un Partido Popular que, si bien admite que “toda agresión se merece una condena”, no duda en descargarse de cualquier atisbo de responsabilidad para, por supuesto, atribuírselo a Pedro Sánchez. Esta es la línea a la que se han abonado en Génova y que su vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda, Juan Bravo, ha escenificado este martes.
Tras el último atentado contra una sede del Partido Socialista – sufrido este pasado lunes en el municipio almeriense de Vera -, el gurú económico de Alberto Núñez Feijóo acudió a la llamada de Espejo Público para repasar la anestesiada actualidad de un mes de agosto algo más agitado de lo normal – sin alardes, claro -. Y es que la casa del pueblo del PSOE en la localidad andaluza amaneció vandalizada, con pintadas ofensivas como “corruptos”, “puteros”, “cocainómanos” o “traidores”. Colección de insultos que se suman a los más de 180 ataques a sus sedes desde noviembre de 2023. Un clima que en Ferraz atribuyen a la estrategia discursiva del líder de la oposición, que en su pugna electoralista con Vox, compra el marco incendiario de la ultraderecha.
Condena, pero…
De hecho, fuentes socialistas lamentan desde 2023 la tibieza del Partido Popular al respecto. Entienden que su discurso se mueve entre dos aguas, para no disgustar en exceso a los sectores más radicales de su formación y de su electorado. De ahí que cada intento de condena caiga en saco roto o quede desnaturalizada directamente por sus palabras. Juan Bravo ha escenificado la montaña de rusa discursiva de Génova en su complejo juego de equilibrios con Vox. A su paso por Espejo Público, otras cuestiones mediante, se le interrogó por el enésimo ataque ultra perpetrado contra una sede del Partido Socialista.
Su respuesta alumbraba en su concepción una meta diferente a las ocasiones anteriores. Sin embargo, no rascó si no sólo la superficie. Bravo condenó, efectivamente, la vandalización de la casa del pueblo socialista de Vera. Lo hizo a su manera, claro, minimizando el impacto democrático que supone un ataque de tales magnitudes. De hecho, según concluía su reproche, teledirigía su ofensiva contra el presidente del Gobierno al hacerle responsable del clima de polarización política que vive el país.
“Ante cualquier agresión tiene que haber una condena”, comenzaba el vicesecretario de Hacienda, Economía y Vivienda, antes de dar una severa corrección a su rumbo. Bravo, de inmediato, descargó la responsabilidad que le atribuyen desde Ferraz al Partido Popular, para reorientarla hacia Pedro Sánchez, a quien culpan de “marcar los muros” en su momento. De hecho, puntualizó que fue el propio jefe del Ejecutivo central el que dijo que “había un muro”. “Los que estaban dentro de su muro y los que estaban fuera. Fue el primero que, de alguna manera, buscó esa confrontación”, justifica el dirigente conservador, sugiriendo que sus siglas reivindicaron desde el primer día de tender “puentes”.
“¿Eso justifica la violencia? Evidentemente, creo que todos tenemos que tener una misma posición, la misma, y es estar en contra de cualquier tipo de violencia”, remarcó de inmediato el portavoz económico del Partido Popular. Continuó su réplica al PSOE, exigiendo que “no se hable de muros” y que no se construyan más diques de contención que “dividan”, sino que se busque “aquellos puntos de encuentro, que seguro que los hay”.
Ferraz culpa a Génova
La indignación no es nueva, pero se ha vuelto más ruidosa. En las redes sociales, las imágenes del nuevo ataque en Vera —difundidas por miembros del PSOE andaluz— han provocado una oleada de solidaridad. Pero también han reavivado una exigencia política dirigida sin rodeos al líder de la oposición. “El PP no puede seguir mirando para otro lado”, aseguran fuentes de la dirección socialista, que reclaman a Alberto Núñez Feijóo “una condena clara, expresa y sin matices”.
La frase se repite como un mantra entre los dirigentes del PSOE: “En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena”. Y sin embargo, desde el Partido Popular no ha habido ni un solo gesto público, ni un comunicado, ni una declaración institucional que repruebe los ataques a las sedes socialistas. Ni ahora, ni en los 182 casos anteriores.
El silencio, denuncian, también es una forma de actuar. “Callar es permitir y mirar para otro lado es justificar”, insisten desde el PSOE, que no oculta su frustración ante lo que perciben como una connivencia pasiva de la derecha con el acoso político.
