Tampoco será este 2026 que en breves arranca, sino más bien en el segundo semestre de 2027 cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para instalar un campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II en Madrid. Una operación que se enmarca en la pieza 2 del caso Lezo, para el que la Justicia tiene todavía en pendientes a múltiples citaciones a exdirigentes y exconsejeros del Partido Popular (PP).
Según se desprende de un auto de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, González acudirá ante el juez en septiembre de 2027, ni más ni menos que diez años después de que estas presuntas irregularidades comenzaran a investigarse tras la detención del expresidente madrileño y seis años después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abriera juicio contra González. Sobre la fecha exacta del juicio, aunque será en septiembre de 2027, el auto prevé que se celebre entre el 13 y el 30 de septiembre de ese año, algo que “más adelante se concretará” con el calendario de sesiones.
Cuando llegue tal fecha, para la que todavía queda un año y nueve meses, González se sentará en el banquillo para investigar si benefició a sus familiares en las adjudicaciones de la empresa pública de aguas de Madrid para su campo de golf. Además, también se sentarán con él el gerente de la empresa entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la firma TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente.
De hecho, estos dos últimos enfrentan acusaciones por tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa, cohecho y fraude a las administraciones públicas, derivadas de la obtención, entre 2006 y 2012, de un beneficio cercano a medio millón de euros, obtenido a través de los fondos públicos destinados a los dos concursos en cuestión, pese a ser una entidad -TCT- "sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados". Sobre ello, el juez García Castellón ya adelantó que “dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos”.
Sin embargo, la fecha recientemente anunciada para este juicio al expresidente madrileño del PP devuelve al primer plano la doble velocidad con la que actúa la Justicia dependiendo de la causa que tenga delante y del investigado que se trate. Cabe recordar en este punto que el Tribunal Supremo apenas tardó una semana tras finalizar el juicio en comunicar la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que, por otra parte, han pasado 179 días desde que la jueza de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que todavía no ha llegado , y sobre lo que la propia UCO admitió recientemente que no había iniciado la investigación.
La trama Púnica, otro ejemplo de la doble velocidad
Prácticamente de forma paralela a conocerse la fecha del juicio a González, este lunes la Audiencia Nacional condenaba a cinco exalcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local en el marco de la trama Púnica por presunto amaño de contratos públicos a la empresa Cofely entre 2012 y 2014 en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en Almendralejo (Badajoz), es decir, una sentencia que llega entre 13 y 11 años después de los hechos. Asimismo, la sentencia absuelve a 8 de los 36 procesados y les impone penas bajas tras aplicarles varios atenuantes.
Así, una década después, la Audiencia Nacional condena a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, con una pena de tres años de prisión como autor de un delito de cohecho durante su mandado en esta localidad; al de Collado Villalba Agustín Juárez, con cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación con otro de cohecho; al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, la misma pena que el anterior, por parte del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (partido independiente), para quien la Sala impone una pena de dos años y 10 meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias; y al exalcalde de Parla José María Fraile, del PSOE, a quien el tribunal ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias. Asimismo, la Audiencia Nacional condena a prisión también a los hermanos Alejandro Utrila, exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles; y Mario Utrila, exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.
Al margen de los ex regidores, el tribunal condena a la pena de 8 años y 2 meses de cárcel al empresario y asesor comercial David Marjaliza por varios delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil, aunque le aplica las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño. Por su parte, también impone 6 años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice y a los directores comerciales Constantino Álvarez y Pedro García.
