Ni Montoro ni Lezo: las dos velocidades de la Justicia española

¿Va la justicia a dos velocidades en función de los intereses judiciales que se muevan? Es una pregunta que se ha convertido en recurrente durante los últimos meses. Si bien para proceder con ciertas investigaciones, informes y juicios han bastado días o semanas, otras se han demorado meses o años sin que exista una explicación aparente a esta diferencia en el apremio. Es el caso, por ejemplo, de la instrucción que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, que se ha resuelto en apenas dos semanas de juicio en el Tribunal Supremo, unos plazos sin precedentes, y en el lado contrario, los casos Lezo y Montoro, clásicos de la corrupción del Partido Popular que siguen en un stand-by judicial y tienen largas fechas de espera a pesar de que hace décadas de sus acometidas.

Por ejemplo, atendiendo al caso Lezo, hay que irse hasta el plazo entre el 3 de septiembre y el 9 de octubre de 2026 para que los exconsejeros del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional. Por otro lado, el segundo juicio por corrupción del caso Lezo, donde se investiga el presunto desvío de dinero público de la empresa Emissao, se celebrará entre el 1 y el 26 de junio de 2026. Entre otros, se sentarán en el banquillo Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Habrán pasado, así, más de diez años entre que se produjeron los hechos delictivos y que se pongan en marcha nuevas diligencias judiciales después de que el caso fuera archivado por el juez García Castellón en 2019.

Fue en 2016 cuando la Fiscalía solicitó la apertura de diligencias para indagar hechos relativos a la compra de Inassa, una empresa latinoamericana de gestión de aguas, por empresas de la Comunidad de Madrid y un consorcio de inversores valencianos relacionados con la política y los negocios.​ Las investigaciones que derivaron a continuación incluyeron grabaciones autorizadas judicialmente de conversaciones, entre las que figuraban el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con interlocutores como Eduardo Zaplana. En 2017, la UCO de la Guardia Civil arrestó a más de diez personas, entre ellas el propio González. En la causa se personaron entidades y partidos como Izquierda Unida. Más adelante, en marzo de 2018, compareció el empresario Juan Miguel Villar Mir, ​y en abril de 2018 fue llamado a declarar como investigado el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. No obstante, en mayo de 2019, el magistrado Manuel García Castellón archivó la investigación. Siete años después, las pesquisas se reactivarán.​

El caso Montoro, otro ejemplo

En cuanto al 'caso Montoro', en el que se investigan presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental alrededor del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, fueron cerca de dos millones de euros los que Madrid Network pagó entre 2008 y 2011 al despacho de abogados fundado por el ex titular de Hacienda, el conocido como Equipo Económico. Este año se ha descubierto que Montoro obtenía a través de él los beneficios económicos derivados de los favores que hacía a las empresas gasistas, para las cuales llegó a modificar leyes reduciendo las cargas fiscales que debían afrontar.

Madrid Network fue creada por Esperanza Aguirre, quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, con la intención de fomentar la innovación tecnológica. Esta entidad, de caracter privado, gestionó casi cien millones de euros públicos y sirvió de trampolín político y económico para nombres como Ayuso, Abascal o Montoro, actuando con gran opacidad en sus cuentas y memorias, si bien el Tribunal Supremo ha fallado que es la Comunidad de Madrid quien debe esclarecer las incógnitas existentes. Esta entidad privada impulsada por Aguirre en el 2007 se convirtió con el tiempo en una estructura clientelar que obtenía su financiación de las arcas públicas madrileñas sin darse un control parlamentario que vigilara estas inyecciones económicas. Su estatuto vinculaba la presidencia al consejero de Hacienda del Gobierno regional, un puesto que en sus inicios ocupaba Antonio Beteta.

En tan solo cuatro años, el proyecto ya había absorbido más de 80 millones de euros, los cuales procedían de un préstamo estatal blando concedido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que la Comunidad de Madrid debía devolver a plazos. Sin embargo, desde 2018, el Ejecutivo autonómico dejó de abonar las cuotas de amortización, acumulando un agujero superior a 50 millones de euros que terminó cubriendo el propio erario madrileño. En paralelo, la asociación acumulaba impagos, proyectos fallidos y préstamos de dudosa justificación. En cuanto a la judialización de este caso, está en marcha en un juzgado de Tarragona, pero el oscurantismo ha sido su claro protagonista y los plazos para las declaraciones han sido prorrogados por el juez hasta enero de 2026.