El 'caso Montoro' se extenderá hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

El 'caso Montoro' ya tiene fecha para el interrogatorio de sus principales figuras bajo lupa judicial. El juez instructor ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda del Gobierno del Partido Popular, Cristóbal Montoro, entre una treintena de personas más investigadas en la causa.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, el juez Rubén Rus, precisa que también tiene pendiente recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria.

El instructor explica que, dado el estado de la investigación, es necesario prorrogar la instrucción seis meses más. "De no hacerlo, se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción", apunta.

De igual forma, señala que "es previsible" que del contenido de las declaraciones de los investigados surja "la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas" al no saber qué declararán los imputados.

El juez recuerda que se trata de una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el magistrado instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El despacho Equipo Económico defiende su trabajo

El despacho Equipo Económico (EE), epicentro de la presunta trama de favores políticos a empresas en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, defendió a finales del mes de septiembre ante el juez instructor de Tarragona "la legalidad de los trabajos y conductas llevadas a cabo", a la par que insistieron en la "nulidad" de actuaciones.

La defensa de la compañía argumentó que la actividad de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), conformada por varias empresas investigadas, "respondía a una finalidad absolutamente legítima" y "recogida en su objeto social". Siendo así uno de los fines constitutivos "formular y suministrar informaciones, estudios y recomendaciones, a efectos de colaborar con las autoridades y los organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales en la preparación de leyes o reglamentos relativos a la producción, transporte, 'stock', manutención, manipulación y utilización de gases".

A ello añadieron que "es también legítimo, normal e incluso conveniente que las sugerencias y opiniones que un determinado sector dirijan a los funcionarios y autoridades que intervienen en dichos procedimientos de elaboración de normas se asesoren de los mejores expertos en la materia objeto de regulación, con la finalidad de dotar a sus aportaciones de la fundamentación técnica oportuna".

En estos términos, reivindicaron "la legalidad de los trabajos y conductas llevadas a cabo no sólo por Equipo Económico y por la AFGIM, sino también por cuantos funcionarios o autoridades participaron en las reformas legislativas a que se refiere la presente causa".

Podemos se persona en la causa como acusación popular

Entre los últimos movimientos del juez Rus en la instrucción de la causa, se ha sumado la personación de Podemos como acusación popular, en la que ya están inscritos otros partidos políticos, como bien son el PSOE o Vox. 

De dicha decisión quedó constancia en el auto del pasado 31 de julio, en el que el juez admite a la formación morada "sin exigencia ni de querella ni de fianza", al igual que a otras acusaciones ya personadas. De esta manera, Podemos se añade a la lista en la que ya están los socialistas y el partido de ultraderecha, así como otras entidades como Manos Limpias, Iustitia Europa, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), Sociedad Humana o la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada.