El levantamiento del secreto de sumario de la causa contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y sus colaboradores, además de destapar un nuevo episodio cloaquero del Gobierno de Mariano Rajoy, pone en entredicho la figura de Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, a la par que fiscal de Sala, la nobleza de la cúpula fiscal.
Durante los más de siete años de pesquisas, al que consideran el Ángel Hurtado de los fiscales ha cosechado polémicas por doquier que le colocan una densa nube de dudas sobre su cabeza. Desde cuatro años de enfrentamientos con la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, por el rechazo del propio Luzón a escudriñar el correo del exdirigente del Partido Popular, hasta la filtración de información privilegiada al principal cabecilla de la trama y jefe del despacho Equipo Económico. Sin dejar fuera el epicentro de la causa, que no es sino la aprobación fraudulenta de leyes del ministro a cambio de comisiones a lobbies gasísticos a través de su bufete.
La investigación judicial contra el exministro y su Equipo Económico arrancó en 2018. Siete años de indagaciones que no han estado exentos de una polémica soterrada bajo el secreto de sumario que, una vez levantado, ha arrojado más sombras que luces contra varios actores – al margen de Montoro y sus 27 colaboradores imputados -. Concretamente, la extensa y compleja instrucción deja tocada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el mando del teniente coronel Antonio Balas, cuya – en ocasiones – inacción salpica incluso más arriba en el escalafón.
He aquí donde emerge la figura del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y su número dos, Antonio Romeral, por librar al PP de la acusación de delito fiscal en el marco de la causa que investigaba la Caja B. Una liberación que queda demostrada que los ahora imputados también querían, tal y como publicó ElPlural.Com.
De hecho, también pasó por el foco mediático al no pedir la prisión provisional para el extesorero del partido Luis Bárcenas, quien hasta que no se demostró que tenía millónes de euros en el extranjero no pisó la cárcel, algo que con un sistema garantista es normal, pero que con Santos Cerdán no se ha cumplido. Actuaciones que catapultaron a Romeral a un ascenso tras el cierre del caso, siendo ahora el apoyo de Luzón en el boicoteo a la investigación en torno al exdirigente conservador.
Filtración de información
De aquí parten algunas de las sombras que persiguen a la Fiscalía Anticorrupción durante esta instrucción. Precisamente con un correo electrónico que recibió en el año 2005 Cristóbal Montoro, a una dirección de correo que pretendía disimular su titularidad (aromero@minhap.es) y en el que se adjuntaba un escrito del Ministerio Público referido al caso de la 'Caja B' del Partido Popular, tal y como desveló elDiario.es. El exministro de Mariano Rajoy tuvo dicho documento en su poder incluso antes de que les llegase a las partes personadas en la causa, e incluso con anterioridad a ser elevado al instructor del caso, Pablo Ruz.
El escrito que recibió de manera ilícita Montoro estaba firmado por el único fiscal que tutelaba el caso por aquel entonces, Antonio Romeral, que gozó de un ascenso después del cierre de la causa pese a sus tentativas por minimizar el impacto para el PP. El premio fue ser la mano derecha de Alejandro Luzón en Anticorrupción. Dos fiscales que ahora están en la picota por sus actuaciones durante la dilatada fase de instrucción del procedimiento contra el ex ministro de Hacienda. El fiscal jefe concedió a su número dos la tutela – cuasi censora y si no lean los autos del juez – de supervisar los avances de la fiscal al cargo del caso, Carmen García Cerdá, quien se ha topado en numerosas ocasiones con la “pasividad” de la Fiscalía Anticorrupción en sus pesquisas contra el ex del Partido Popular.
Choques con la fiscal del caso
Este nubarrón es quizás el más complicado de sortear para un Luzón – y su segundo - que ha regresado al foco mediático. Su presión fue crucial para evitar que se abriera en canal el buzón del correo electrónico del que se valía el exministro para sus quehaceres extragubernamentales. De hecho, la propia García Cerdá confrontó hasta la saciedad contra el criterio del fiscal jefe durante más de cuatro años, tal y como adelantó elDiario.es en relación con los documentos internos del Ministerio Público. La fiscal trató por todos los medios de amplificar la investigación, pero sin suerte. Incluso llegó a elevar una nota interna que retrataba la actuación del propio Luzón en mayo del año 2023: “Como fiscales que somos, me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo”.
En el año 2021, el juez Rubén Rus dictó un auto mediante el cuál presentaba los indicios contra Cristóbal Montoro y nueve de sus colaboradores por tejer una “organización” destinada a favorecer al lobby gasístico desde su ministerio a cambio de elevadas cuantías a su consultora. Ese mismo día, el ex ministro fue imputado formalmente en la causa por tener un “rol nuclear” conforme a los “correos intervenidos”, que a la postre aireaban un modus operandi en la cúpula ministerial, que se valía de esta información como ariete político y vindicativo. Asimismo, el magistrado acordó que se pincharan los teléfonos de cuatro de sus colaboradores. Sin embargo, Luzón maniobró a través de Romeral sin que García Cerdá lo supiera para recurrir esos pinchazos y convencer a la Audiencia de Tarragona de cesar las intervenciones telefónicas y considerarlas nulas.
No obstante, las desavenencias entre la fiscal y el jefe de Anticorrupción ya venían de lejos. Los Mossos entregaron documentación con los primeros inicios del caso en octubre de 2017 a sus compañeros de Anticorrupción, que derivaron el caso hacia Carmen García Cerdá, quien ya había investigado previamente a Equipo Económico por el contrato suscrito con las Cámaras de Comercio en plena redacción de la ley que rige tales organismos. Estas pesquisas, sin embargo, no prosperaron, pero se abrió después un horizonte de derivadas después de que la fiscal consiguiera que el juez de Tarragona solicitara al Ministerio de Hacienda el volcado de las direcciones de correo electrónico de antiguos miembros de su bufete que también pasaron por su departamento.
Luzón entró en juego, minimizando la onda expansiva de lo que siete años después se ha convertido en un escándalo de enormes dimensiones y poniendo coto a la fiscal que investigaba la causa. Lo hizo a través de un decreto del 21 de enero de 2023, en el que el jefe de Anticorrupción subraya que todos los escritos o movimientos de Cerdá debían de contar con el visto bueno o de él mismo o, en su defecto, de su mano derecha. Es decir, Antonio Romeral. En esos momentos, tanto los investigadores de la Agencia Tributaria como de los Mossos d’Esquadra terminaron sus conclusiones sobre los correos intervenidos, afianzando las sospechas iniciales.
Unos meses más tarde, la fiscal del caso intentó que el magistrado decretara el volcado de la dirección de correo, pero sus decisiones estaban en cuarentena desde el máximo escalón de Anticorrupción. El 9 de mayo, el número dos de Luzón rechazaba todas las diligencias de investigación a excepción de una que sí acepta. Cerdá lo vuelve a intentar, pero se choca contra un muro de hierro en forma de veto.
Presión y expediente
En un escrito dirigido a Luzón, García Cerdá expone que ha hallado correos electrónicos que demuestran cómo Montoro recibía, fuera del marco judicial formal, datos fiscales de personalidades relevantes como Margarita Robles, José María Aznar, Rodrigo Rato, los Pujol, y vinculados a casos como Gürtel, Noos o Podemos.
La fiscal categoriza los hallazgos en tres bloques: información sobre periodistas y rivales políticos; datos confidenciales de causas judiciales filtrados desde la Agencia Tributaria y la Oficina Antifraude; y actuaciones de la AEAT a petición directa del ministro. Entre los correos figura uno sobre el caso de la 'Caja B' del PP, donde la cúpula de Hacienda habría colaborado para presentar una versión favorable al partido ante el juez Ruz. Otro mensaje, desvelado por elDiario.es, revela intentos de Montoro por justificar legalmente la publicación de datos fiscales para proteger la imagen de la Agencia Tributaria.
García Cerdá sostiene que podrían haberse cometido cuatro delitos: revelación de secretos, aprovechamiento de secreto por particular, encubrimiento y obstrucción a la justicia. Sin embargo, Luzón niega esa posibilidad, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para estos delitos, como la procedencia de archivos automatizados o la existencia de un perjuicio a las personas afectadas. Además, defiende que el ministro y el director de la Agencia Tributaria tenían derecho a acceder a dicha información en el ejercicio legítimo de sus funciones.
La división interna en Anticorrupción culminó con una junta de fiscales el 26 de septiembre de 2023. En ella, 18 fiscales respaldaron a Luzón y solo cinco, entre ellos García Cerdá, votaron a favor de abrir una investigación sobre la llamada "brigada fiscal" de Montoro. Esta decisión fue clave para que el juez no admitiera la personación de figuras como Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre.
Pese a la negativa oficial, García Cerdá continuó su investigación por otros medios, lo que llevó a que fuera expedientada. Contactó con un mando de los Mossos d’Esquadra para pedir que ellos solicitaran judicialmente el volcado del correo de Montoro. Este hecho fue reportado a Luzón por un mando de la Guardia Civil adscrito a Anticorrupción, lo que precipitó el expediente disciplinario contra la fiscal.
