En un tablero político tan judicializado, todo se mira con lupa y el papel de la Guardia Civil en los procedimientos más mediáticos de los últimos meses no es esquivo. En el fuero interno de algunas formaciones políticas, siempre con la mesura que precisan estas cuestiones, se pasa de puntillas por un terreno tan farragoso como el de poner el foco sobre los investigadores del Instituto Armado.
Concretamente, en la Unidad Central Operativa (UCO), que ha recibido una andanada de críticas a raíz del caso del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. De hecho, este proceso ha aireado un conflicto soterrado entre la Fiscalía Anticorrupción y los propios agentes de la Benemérita, bajo la tutela del teniente coronel Antonio Balas. Pero la presión no sólo se centraliza aquí, sino que se ramifica a otras instrucciones como la controversia por el audio perdido de Víctor de Aldama en el marco de la trama Koldo, que desquitaba de toda responsabilidad a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa.
La cosa viene de lejos, como suele decirse. En este caso, desde hace varios años, habida cuenta de que la investigación sobre el entramado del exministro se extiende casi una década en el tiempo. Todo es cuestión de actitud, sobre todo en una instrucción judicial. Es aquí donde nacen todo los problemas de la Guardia Civil de Antonio Balas, protagonista principal del relato. Y es que el teniente coronel, a ojos de la fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, “no quiere hace nada”. Así lo reflejó la máxima autoridad del Ministerio Público en la causa contra Cristóbal Montoro y sus 27 colaboradores en un escrito elevado a su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón.
El 'pueblo', contra Balas
García Cerdá se quejaba de la deliberada pasividad de la UCO, contrastando con el comportamiento proactivo tanto de la Agencia Tributaria como de los Mossos d’Esquadra, que desde el minuto cero de la investigación clarificaron su absoluta disposición a cooperar. Según elDiario.es, la fiscal encargada del caso trasladó sus quejas a su jefe directo, Alejandro Luzón, en una misiva fechada del 21 de junio de 2023. En ella, denuncia que los agentes bajo la tutela del teniente coronel se negaban a colaborar sin mediar explicación o motivo aparente. De hecho, esa actitud afloró cuando la investigación tomaba la vía de servicio para escudriñar correos electrónicos incautados a Hacienda que comprometían a los socios de Montoro. Dicho de otra manera, aireaban el uso partidista de información confidencial por parte de su entorno.
El principal encontronazo entre cuerpos se produce a raíz de la petición de la fiscal para volcar el contenido completo del buzón del correo aromero@minhap.es – una dirección no identificable a Montoro, pero utilizara para la recepción de informes internos sobre contribuyentes -. En virtud de tales averiguaciones de los Mossos y de la AEAT, Cerdá requirió la apertura de una pieza separada para investigar esta vía de comunicación, pero se topó con la negativa de Luzón, generando una tensión que fue in crescendo entre ambos fiscales. El choque derivó en la intervención y tutela directa de la fiscal por parte del número dos del jefe de Anticorrupción, Antonio Romeral.
En diciembre de 2022, la fiscal requirió un informe urgente al Instituto Armado para justificar registros en sedes y domicilios de los investigados. Sin embargo, la UCO se negó, tal y como refleja un documento fechado el 28 de ese mismo mes, en el que la Guardia Civil de Balas descartaba cualquier actuación alegando falta de indicios suficientes. Incluso etiquetó como “excesivas” las medidas de la fiscal. Añadieron, además, que no era necesaria su participación porque los Mossos ya escribieron un informe al respecto. Una directriz que, según fuentes del Cuerpo, proviene del propio Luzón, reacio a profundizar en la línea propuesta por García Cerdá. No obstante, otras voces apuntaban a la incomodidad de los agentes a compartir protagonismo con los Mossos d’Esquadra.
Finalmente, en febrero de 2025, la UCO entregó al juzgado un informe financiero sobre los cerca de 700.000 euros que el bufete de Montoro, Equipo Económico, percibió del lobby gasístico. El documento no aireó irregularidades en el destino del dinero, pero el instructor decidió levantar el secreto de sumario en junio, manteniendo la condición de investigados a Montero y sus otros nueve altos cargos.
Audio exculpando a Begoña Gómez
Otro de los hechos que cuestionan la actuación de la Benemérita en las últimas semanas tiene como protagonista al comisionista Víctor de Aldama. A finales del mes de julio veía la luz un audio del empresario que eximía de cualquier responsabilidad a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, una de las aristas de la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, se ha esforzado en alargar a pesar de no encontrar nada que incrimine a la esposa del Jefe de Gobierno.
La UCO había analizado anteriormente esta grabación, pero no la incluyó en sus informes sobre la polémica alrededor de la aerolínea. Nadie sabe por qué. Durante la conversación, Aldama explica de manera exhaustiva cómo durante la tramitación del rescate a la compañía aérea se presionó a varios ministros, pero que fue finalmente la SEPI quien se ocupó de la operación, para lo que exigió duras condiciones a la firma favorecida. Eso sí, en ningún caso existió implicación alguna por parte de Gómez.
El comisionista expresa que “nada” que pudiera involucrar a la mujer de Sánchez es cierto. “Lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad”, esgrimía, para añadir a continuación: “Una operación que lleva desde el mes de marzo o abril y ha salido en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y comas la SEPI, que la SEPI ha contratado a Price Waterhouse, un auditor externo para que den su conformidad y no se pillen los dedos y también ha dado su conformidad que todo estaba legal”.
“Cuando Pepe Hidalgo ha puesto las garantías, ha puesto sus hoteles, ha puesto absolutamente todo... ¿dónde está lo raro de la operación? o ¿dónde está que ha habido presiones?”, preguntaba, colocando sobre la mesa el nombre de otros ministros en tanto en cuanto habrían recibido presiones: “Presiones ha habido a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, a todo el mundo porque era una compañía estratégica y si no se daba el préstamo la compañía cerraba, ¿eh? Iban 50.000 personas a la calle. Si a eso se llaman presiones porque la compañía iba a cerrar, pues sí, ha habido presiones... Hay cosas que no entiendo y no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes, y no les pase nada o alguien les persiga. Esta gente se creen los vengadores, escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”.
Lo llamativo es que, como se ha mencionado, la Guardia Civil no incorporara un audio a primera vista revelador al informe que trasladó al juez, con unas conclusiones muy alejadas asimismo a la versión de Aldama. El documento que terminó en los juzgados aseguraba que el empresario consiguió que Ábalos influyera en la operación, que es la SEPI la que gestiona las solicitudes, pero el Consejo de Ministros quien aprueba la ayuda.
Sea como fuere, Gómez se habría mantenido en todo momento al margen. Así las cosas, atendiendo al informe del cuerpo de seguridad, el 3 de septiembre de 2020 Aldama envía un mensaje al asesor del otrora ministro de Transportes en el que indica que Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, está “jodido, muy jodido”. “Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña (Gómez), mujer del presidente del Gobierno”, emplaza; pero Hidalgo no consiguió avanzar en con esas supuestas llamadas, que en los últimos días quedaron desmentidas por el propio Aldama, porque el acuerdo se le habría complicado. A partir de ahí, las únicas interacciones se habrían llevado a cabo entre Aldama, Hidalgo y, a la desesperada, Koldo.
Informe “incompleto” sobre la DANA
Tampoco escapa a la controversia el auto dictado por la Guardia Civil sobre la DANA. Se trata de un análisis, a ojos de la jueza que investiga la catástrofe que el pasado mes de octubre asoló la Comunidad Valenciana, “claramente incompleto”.
La magistrada se postulaba en los últimos días de forma muy dura para con el texto, vertiendo sobre él calificativos como “erróneo” y acusando a los agentes que lo redactaron de haberse extralimitado en su cometido.
Concretamente, lo que debería ser un análisis cronológico acerca de los desbordamientos y la relación de estos con la mortalidad de aquella jornada terminó incluyendo valoraciones acerca de la supuesta responsabilidad de varias administraciones.
En cualquier caso, desprende el juzgado, “el análisis de la negligencia, fallos o posición de garante es exclusivamente jurisdiccional”, por lo que el trabajo de la Benemérita en ese caso no solamente viene acompañado de cuestiones que se salen de sus competencias, sino que las mismas “no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado”. A ello hay que añadirle que, pesar de obedecer a un “informe extenso (…) refleja una teoría, la del apagón, plenamente superada y descartada”. En resumen y por todo ello, la conclusión en sencilla: el informe no sirve.
