Dos juzgados de instrucción han abierto diligencias previas de carácter penal contra Pablo Iglesias, su medio Diario Red y otros tuiteros y entidades por "participar, financiar y organizar una red de acoso digital para revelar las identidades, los domicilio, los datos personales, laborales y familiares de tuiteros críticos con Podemos por su animadversión ideológica hacia ellos". Según el auto judicial, se investigan cuatro posibles delitos: asociación ilícita, revelación de secretos, acoso (stalking digital) y delito de odio.
La querella fue presentada por Jesús Santorio Lorenzo, conocido en redes sociales como Sr. LiberalB, que deunciaba una "campaña de hostigamiento digital sufrido desde el pasado 10 de abril de 2025": "Los querellados actuaron de manera coordinada como una asociación ilícita informal, impulsados por su animadversión ideológica y como resultado de un plan de destrucción reputacional preconcebido, para intimidar y amedrentar de manera violenta generando un hostigramiento persistente en el tiempo sobre su persona, su entorno profesional y familiar, divulgando todo tipo de datos personales del querellante", explicaba el denunciante en una nota de prensa publicada el pasado 10 de junio.
Entre los querellados, además de el exvicpresidente del Gobierno y su medio, se encuentran Isidoro Román Cuesta (administrador del canal de Telegram Red Birds), Julián Benito Macías Tovar, Óscar Aguilar Araujo, Alejandro Soler Capella, Daniel Medina Uceda, el canal de YouTube ShamelessP3csOfShit y la entidad Pandemia Digital.Net. En la querella, se los acusa de formar parte de una estructura organizada para acosar a personas críticas contra ellos, revelando información sensible que podría vulnerar los artículos 197 del Código Penal (revelación de secretos), 172 ter (acoso), 510 (delito de odio) y 515 (asociación ilícita).
"La revelación de su identidad real, sin su consentimiento y con evidente ánimo de represalia, constituye la acción desencadenante de una ofensiva digital sostenida y organizada contra él", se lee. En este documento, la jueza acuerda la incoación de las diligencias previas tras valorar que los hechos relatados presentan indicios de infracción penal. Además, en el razonamiento jurídico, destaca que la denuncia de Santorio incluye pruebas tales como capturas de publicaciones o referencias a un informe de la Guardia Civil, que data del 10 de abril de 2025, que ya alertaba sobre actividades similares en redes.
Una de las magistradas instructoras ha optado por inhibirse en favor de otro juzgado que ya estaba tramitando hechos similares, por lo surge la acumulación de las causas. Por otro lado, se ha extendido una invitación a todas las personas afectadas para que se personen en la causa como afectados, abriendo la posibilidad a que más víctimas del supuesto esquema de acoso digital presenten sus testimonios ante la Justicia.
Dos juzgados de Instrucción abren Diligencias Previas (PENALES) contra el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, su medio Diario Red, Isidoro Román Cuesta, Julián Benito Macías Tovar, los Administradores del chat de acoso Red Birds, entre otros tuiteros y… https://t.co/bkYbyftzPU pic.twitter.com/OwXKHJ3p3o
— Sr.Liberal (@SrLiberal) August 5, 2025
Los hechos denunciados
Según expone el tuitero y abogados en su denuncia, todo comenzó cuando uno de los colaboradores de Iglesias reveló en Twitter, de manera deliberada, la identidad real del denunciante además de su imagen, información familiar, laboral y otros datos de carácter personal.
"La revelación de su identidad real, sin su consentimiento y con evidente ánimo de represalia, constituye la acción desencadenante de una ofensiva digital sostenida y organizada contra él", explica el documento del juzgado. Seguidamente, las otra cuatro personas contras las que se han abierto diligencias se habrían dedicado, presuntamente, a difundir masivamente y amplificar la revelación de su identidad a través de distintas plataformas y de canales de Telegram: "Actuaron coordinadamente o con conocimiento mutuo, difundieron fotografías privadas y detalles de su entorno familiar".
Según el denunciante, Iglesias habría consentido que desde Canal Red se diera "cobertura, legitimación y eco" a los ataques. Además, habría participado activamente en la narrativa creada con la que se calificaba al denunciante como "enemigo de la democracia", "extremista" y "agente del odio".
Así, los querellados habrian formado una "estructura informal, pero operativa", persiguiendo el objetivo de "organizar y ejecutar ataques coordinados contra personas concretas -como este abogado- por razón de su "ideología, posición pública o actividad profesional". Santorio asegura que este grupo, llamado "RedBirds", cuenta con "canales, funciones repartidas, normas de actuación" y hasta un "liderazgo informal identificado".
El denunciante ha solicitado a la jueza que dicte una orden de alejamiento digital contra Iglesias y el resto de querellados para que no puedan comunicarse con él mientras dure el procedimiento judicial como medida cautelar: "Dada la naturaleza digital del acoso, se pide que esta medida incluya la prohibición de mencionar o referirse al querellante en foros públicos de Internet", menciona en su denuncia. Decisión que ahora deberá tomar la magistrada.
