El próximo lunes 23 de diciembre se hará efectivo. Gobierno y Podemos han acordado la prórroga durante seis meses más de las ayudas al transporte y un año más la suspensión de los desahucios, también con el voto afirmativo de PNV y Junts. 

El real decreto ley se aprobará el lunes en el Consejo de Ministros y supone una ampliación del escudo social que centra sus esfuerzos en posibilitar que los colectivos vulnerables disfruten de unas condiciones óptimas de vida. 

Por lo que respecta a las ayudas al transporte, que iban a finalizar el 31 de diciembre, se mantendrán ahora hasta mitad de 2025, concretamente hasta el 1 de julio, y suponen, como han hecho hasta ahora, la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, descuentos del 50% en los trenes Avant para usuarios frecuentes y descuentos en los abono transporte para viajar en metro o autobús. Referente a la aportación del Gobierno central, se mantendrá la actual, es decir, el 30% sobre el precio de los abonos, siempre que los ejecutivos autonómicos aporten mínimo otro 20%. 

Según se informó hace unos meses desde la cartera de Transportes, cuando estas ayudas finalicen de manera general para todos, únicamente beneficiarán a determinados colectivos. Entre ellos, los jóvenes, la población más vulnerable y los usuarios frecuentes de trenes. Pese a ello, el Gobierno central no ha dado todavía detalles sobre las tarifas exactas ni tampoco sobre cómo se redistribuirán las bonificaciones. 

En otro orden de cosas, la otra pata del decreto ley se basa en la prórroga de la suspensión de los desahucios durante un año más. En esta materia, la formación morada, liderada por Ione Belarra, ha celebrado el acuerdo con el Gobierno instantes antes de la votación en el Congreso, con el que salva la ley promovida por el Ministerio de Justicia. 

Con este último acuerdo, se recoge que la próxima ley orgánica que llegue al Congreso incluirá una disposición que suprima la disposición en la normativa de eficiencia judicial que agiliza los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada, un cambio legal que se introdujo en la ley vía enmienda por el PNV y por error de Bildu y ERC en la votación.

Belarra ha definido la prórroga como “una buena noticia para la gente trabajadora, para la gente en una situación más vulnerable de nuestra sociedad”. Con ello, ha concluido que “cuando el Gobierno escucha a Podemos, cuando se hacen las políticas transformadoras y valientes que yo creo que es lo que la gente votó el 23 de julio, no solo eso es bueno para la gente, sino que estoy firmemente convencida de que es bueno también para el Gobierno”. 

Entre otras cosas, ha defendido que han llegado al acuerdo con el PSOE “por la gente, porque realmente creo que España no se puede permitir que el día 1 de enero se empiecen a desbloquear miles de desahucios que están paralizados”. 

El impuesto a las energéticas, sin prórroga

El anuncio de extender tanto las ayudas al transporte como la suspensión de los desahucios se hace en un día en el que el Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el gravamen a las empresas energéticas.

Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Senado con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen. 

Con esta medida, se deroga el artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los impuestos temporales energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Con ello, el Gobierno, junto con ERC, Bildu y BNG, tienen previsto aprobar el decreto de prórroga en el último Consejo de Ministros del año, que será el próximo lunes 23 de diciembre. Sobre ello, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que ese decreto se aprobará para dar cumplimiento al acuerdo con sus socios. “Lo traeremos, lo aprobaremos”, ha asegurado. 

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