Las dos patas del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, se han puesto finalmente de acuerdo para sacar adelante la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Ambas formaciones han llegado a un consenso gracias a la inserción de una medida que obligará a las empresas que deslocalicen su producción fuera de la zona euro antes del periodo establecido a devolver las ayudas públicas percibidas, siempre y cuando estas superen los tres millones de euros. Esta y otras modificaciones que contiene la ley serán aprobadas este martes por el Consejo de Ministros.
La principal novedad que afecta a la ley es la reducción a la mitad del umbral a partir del cual se deberán devolver las ayudas, que en el anteproyecto de Ley se establecía en los seis millones de euros. Finalmente las pretensiones de los magentas han quedado plasmadas sobre el papel y la nueva ley, hito acordado con Bruselas dentro del Plan de Recuperación para la recepción de fondos europeos, buscará combatir la marcha de empresas hacia localizaciones con menores gastos fiscales o costes laborales.
A más, el texto impulsado por el Ministerio de Industria, capitaneado por Jordi Hereu, establece un periodo de preaviso de nueve meses, momento en el que se intentará establecer una negociación con la parte empresarial para evitar la fuga. En estos casos, el Ejecutivo convocaría una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. En el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones por valor superior a tres millones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas.
La ley incorpora conceptos que no reflejaban la anterior, redactada hace 32 años. “Descarbonización, digitalización, autonomía estratégica, innovación, talento, brecha de género, resiliencia, transición verde, simplificación administrativa, son conceptos que no estaban presentes en el paradigma industrial y ahora emergen con fuerza”, ha defendido el titular de la cartera de Industria. “Impulso de la innovación y la competitividad, pero de la mano de “dos grandes vectores” como la “transición verde, a través de la descarbonización, y digital”, ha desarrollado.
El proyecto final incluirá así medidas de transición ecológica, defensa del empleo, además de la aprobación de una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica y la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial. "La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España, de manera que, en este contexto actual, la política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda política y pública", ha defendido Hereu en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El proyecto de ley ha llegado de la mano del anuncio de CATL y Stellantis, que han anunciado la creación de una joint venture para la construcción de una planta de baterías en Aragón, con una inversión de 4.100 millones. “Que dos grandes compañías multinacionales hayan decidido empezar un gran proyecto transformador en Aragón es fruto de la enorme competitividad del ecosistema industrial español. Pero también tiene mucho que ver con la implantación de una política industrial activa y, por lo tanto, la decisión tiene que ver con instrumentos industriales como los PERTE”, ha puesto en valor el ministro del ramo.
Sumar se anota el tanto
Desde el partido encabezado en el seno del Gobierno por Yolanda Díaz se anotan el tanto y aseguran que es Sumar quién “logra” la inclusión final de las deslocalizaciones en la ley. Eso sí, para conseguirlo ha sido necesaria una “larga negociación” que ha terminado en el añadido de fórmulas para evitar las deslocalizaciones de empresas industriales, como la retirada del 100% de ayudas públicas, incluidos los ERE y los mecanismos red.
Asimismo, los magentas ponen en valor que se contemple el principio de condicionalidad a la política industrial, lo que de facto representa que la colaboración público privada en España se condicionade siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental. Más allá de la transición ecológica y la necesidad de revisar el abordaje innovador en la industria, desde Sumar recuerdan también los miles de puestos de trabajo del sector.
“En ningún caso una deslocalización puede ser la justificación para medidas traumáticas como un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio ni individuales ni colectivos”, apuntan fuentes de la organización a ElPlural. De esta manera los fondos de inversión especulativos que trasladan las empresas de España a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas “no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación”.
