Con cerca de 15 minutos de retraso sobre la hora establecida, el presidente del Gobierno ha comparecido este martes tras la celebración del Consejo de Ministros para informar sobre todas aquellas medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente al paso de la DANA, la peor del siglo, por los territorios afectados: “El Gobierno de España acaba de aprobar un importante primer paquete de medidas destinadas a ayudar a los hogares, las empresas, los autónomos y las instituciones locales de los 75 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Este listado se ampliará en función de las necesidades”, ha arrancado.
Este primer paquete, ha explicado el presidente, se enmarca en una batería de ayudas enmarcadas en el “Plan de respuesta inmediata de reconstrucción y relanzamiento de la Comunitat Valenciana”, que constatará de tres fases: la respuesta urgente, la reconstrucción y una última de relanzamiento y transformación para adaptar el territorio al cambio climático. “Durará el tiempo que sea necesario”, ha repetido recurrentemente a lo largo de su comparecencia el presidente.
Realizados los prolegómenos, el líder del Ejecutivo ha procedido a explicar las medidas adoptadas en este primer paquete de ayudas e inversiones (con 10.600 millones de euros solo para esta primera fase), entre las que ha primado la declaración de zona catastrófica que habilita al Gobierno a desplegar todas estas acciones con una burocracia reducida y rápida. Dentro de esta amalgama de anuncios, centrados en varios bloques -ayudas directas por valor de 838 millones, una línea de avales DANA que alcanzará los 5.000 millones, el pago del 100% de los gastos de emergencias de los ayuntamientos afectados y un paquete de moratorias y exenciones fiscales tanto para hogares como empresas y autónomos-, Sánchez ha querido poner en valor el esfuerzo realizado por el Gobierno para “recuperar la normalidad y cotidianeidad de los afectados”.
Detallando la letra pequeña, dentro del paquete de ayudas directas, el presidente ha explicado que se cuadruplicarán las ayudas públicas, haciéndolas universales “para que llegues a todos los afectados independientemente de sus niveles de renta”. Estas ayudas podrán alcanzar los 72.000 euros en caso de incapacidad, los 60.000 en la reparación de viviendas, los 2.300 en la compra de nuevos muebles y enseres o los 37.000 para reparar zonas comunes de los vecindarios.
Además, entrando dentro de las destinadas a las empresas y los autónomos, el Gobierno pondrá en marcha ayudas que podrán ir desde los 10 hasta los 150 mil euros en función de su producción: “La estimación que hacemos es que beneficiaremos a 65.000 autónomos y 30.000 empresas”. “Al mismo tiempo, hemos creado una nueva figura que es la de la incapacidad temporal extraordinaria para todas las personas que afectadas física o psicológicamente por esta DANA tendrán garantizado el 75% de su salario”, ha añadido, asegurando que los pagos del consorcio de seguros empezarán a sufragar los gastos de los vehículos afectados desde mañana mismo.
10.600 millones de euros, en total, que serán publicados y desgranados en la web de La Moncloa en las próximas horas para que todo el mundo afectado pueda beneficiarse y conocer sus derechos. Desde las ayudas hasta las moratorias, la línea de avales, la inversión del Gobierno para salvar las cuentas de los ayuntamientos afectados o la creación de una comisión interministerial para coordinar los próximos pasos.
“Sabemos que no es suficiente: aún quedan desaparecidos, negocios y viviendas sepultadas bajo el lodo y mucha gente afectada de forma severa. No dejaremos de trabajar hasta devolver la normalidad a todos los territorios”, ha concluido, insistiendo en que desde Moncloa se trabajará todo el tiempo necesario para cumplir con los cuatro radios de acción del plan de choque: salvar vidas, recuperar el cuerpo de los fallecidos, garantizar la seguridad en las calles y devolver los suministros.
Punto de partida
De hecho, el presidente del Gobierno, aparte de anunciar las novedades emanadas del Consejo de Ministros, ha querido hacer un breve repaso sobre cuál es el punto de partida y qué ha cambiado desde hace 72 horas, momento de su última comparecencia pública para hacer un análisis de situación.
Concretamente, Sánchez ha explicado que actualmente están operando sobre el terreno 14.898 efectivos de las fuerzas armadas, Policía Nacional y Guardia Civil reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, 100 agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos especializados. Un amplio despliegue que, como ha indicado el presidente, ha servido para reailzar 1.300 rescates en los últimos tres días, restablecer el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, el 68% de las líneas de telefonía y reparar hasta 40 kilómetros de carreteras y 74 de líneas ferroviarias.
Acción coordinada
Desde el principio de la tragedia, el Gobierno puso sobre la mesa la voluntad real e inequívoca de ayudar en todo lo posible a la Generalitat Valenciana, plenipotenciaria en la gestión de la crisis en el nivel dos de alerta que actualmente impera tras las intensas lluvias que arreciaron en buena parte de España hace una semana. Desde entonces, además de ofrecer toda la ayuda que Carlos Mazón y sus servicios de emergencias han ido requiriendo, distintos ministros se han ido sumando a las mesas de trabajo organizadas por el CECOPI para hacer frente al desastre.
Este lunes, sin ir más lejos, fueron siete los ministros presentes en las distintas áreas escogidas por la Generalitat Valenciana para tratar de dar una respuesta certera y rápida a los afectados. De esta manera, Mónica García, Isabel Rodríguez, Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Pablo Bustinduy se sumaron a los consejeros del Ejecutivo autonómico en sus respectivos campos de acción.
De estas reuniones ya emanaron algunas de las decisiones aprobadas este martes en Consejo de Ministros, tales como la creación de un escudo de protección parecido al de la pandemia del coronavirus, la exención de pago del segundo tramo del IRPF en la declaración de la renta de los afectados por la gota fría, las inversiones para garantizar la reconstrucción de los transportes afectados o la declaración de zona catastrófica para todos aquellos lugares donde el paso de la lluvia ha terminado en desgracia para centenares de ciudadanos.
En medio de la riña política
Esta rueda de prensa, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido tomar las riendas y ser él quien compareciese tras la celebración de un Consejo de Ministros clave para el futuro de los territorios afectados por la DANA, llega en un momento de máxima crispación política. Este mismo domingo los vecinos de Paiporta fueron los encargados de dejar claro su hartazgo y sentimiento de abandono arrojando barro, insultos y gritos al propio líder del Ejecutivo, a su homólogo en la Comunidad Valenciana; Carlos Mazón; y a los reyes de España, Felipe VI y Letizia.
Tras este acontecimiento, donde el hartazgo derivó en violencia -en buena parte motivada por la presencia de grupos neonazis organizados para aprovechar el caos en beneficio propio-, las estrategias comunicativas de los implicados han ido variando con el paso de las horas. Si en un primer momento era Alberto Núñez Feijóo quien criticaba a Sánchez por la gestión, con un Mazón mucho más implicado en que la coordinación entre Gobierno y Generalitat fuese fructífera, finalmente ha sido el barón territorial de los populares el encargado de regar su presencia en los medios de calumnias contra distintos organismos dependientes del Estado, tales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Unidad Militar de Emergencias.
Excusas que se han ido desmontado rápidamente por los señalados, provocando que el PP empiece a pensar que sería mejor que el Ejecutivo declarase la emergencia nacional y cogiese las riendas de la gestión de la DANA. Un nivel de alerta que, no obstante, el propio PP tumbó tras la pandemia recurriendo el estado de alarma ante el Tribunal Constitucional, entonces de amplia mayoría conservadora.
Frente a todo este ruido, en buena parte producido desde Madrid, el Gobierno ha reunido a todos los grupos parlamentarios en reuniones bilaterales para explicar qué se está haciendo y cómo se está afrontando esta tragedia. El encargado de organizar y mantener estos encuentros ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien se ha reunido con todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados a excepción de Vox, quien ha rechazado la invitación aduciendo que no tiene nada que hablar con este Gobierno, al que han exigido reiteradamente la dimisión inmediata al considerar que es el principal culpable de lo sucedido.