Río de Janeiro reúne a partir de este lunes a los 20 líderes más poderosos del mundo, con la salvedad del presidente ruso Vladimir Putin. Una cita ineludible en términos geopolíticos y en la que España tiene garantizado su asiento. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, estará presente en una cumbre que discutirá el impuesto a los multimillonarios que impulsa su homólogo brasileño, Lula da Silva. Un debate que coincide en el tiempo con la pugna fiscal en el Congreso de los Diputados por la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda, como una suerte de preámbulo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que está al borde del precipicio, incluyendo el proyecto de ley para trasponer el gravamen a las multinacionales.
Sánchez acude a Río de Janeiro con la intención de bendecir la iniciativa de Lula da Silva para gravar a las grandes fortunas. Un cierre de filas que sirve además para escenificar la buena sintonía existente entre los dos gobiernos, español y brasileño. Desde Moncloa justifican su postura en virtud de otras iniciativas similares que el propio presidente ha impulsado en España, como la creación de un impuesto para las grandes fortunas que afectaba a los patrimonios cuyo neto excedía los tres millones de euros. Con este gravamen, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el Ejecutivo recaudó un total de 619 millones en 2023, reduciéndose hasta los 38 millones en 2024 ante la reactivación del Impuesto de Patrimonio en otras autonomías como Madrid, Andalucía o Galicia.
Impuesto a los superricos
La propuesta diseñada por el presidente brasileño abarca a individuos cuyo patrimonio supera los más de mil millones de dólares entre activos, inmuebles, acciones, participaciones en la propiedad de empresas, entre otras cuestiones. Se irradiaría a unas 3.000 personas en todo el planeta, según los datos que manejan en la organización del G20, cuya previsión esboza una recaudación de unos 250.000 millones de dólares al año. Sin embargo, pese a existir un gran consenso en torno a esta tasa, no todos los componentes de este grupo la comparten. Francia o Sudáfrica, al igual que España, la respaldan, pero Estados Unidos y Alemania se posicionan contra la misma; lo cual evidencia un punto de fricción -otro más- entre los participantes de la cumbre.
Moncloa justifica que el gravamen hunde sus raíces en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación con el fin de desarrollar en su máximo esplendor los objetivos para el desarrollo sostenible y contra el cambio climático con vistas a los próximos años. Desde el Gobierno ven coherencia en su apoyo a la iniciativa de Da Silva, pese a que todavía se mantienen las negociaciones de manera intensa entre los diferentes actores, especialmente para traer al redil a aquellos países reticentes.
Al margen, la tasa a los superricos se integra en una iniciativa global contra el hambre y la pobreza. Los países que lo respaldan entienden que es necesario movilizar fuentes de financiación innovadores que sellen cualquier fuga de inmediato. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas climáticas de cara las próximas décadas. El apoyo de países como España o Francia se da por supuesto, pero aun se desconoce su encaje en la declaración final porque las negociaciones siguen su curso.
Además de este impuesto, el movimiento de Da Silva tratará de poner en el centro del relato político la reducción de las desigualdades, del mismo modo que se configurarán posiblemente como un espacio dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de intercambio de buenas prácticas y con contribuciones pecuniarias que están aún por llegar.
Ramificación interna
Este debate sucede mientras a más de 8.000 kilómetros, en España, el Congreso de los Diputados se prepara para acoger una nueva reunión de la Comisión de Hacienda. El Gobierno, ante las elevadas posibilidades de sumirse en una nueva derrota parlamentaria, la retiró hasta en dos ocasiones por no contar el número de votos necesario para sacar adelante una reforma fiscal que, a la postre, contiene una trasposición comunitaria con el impuesto a las multinacionales.
El problema aquí radica en que el bloque de la investidura está completamente fracturado en este sentido. Ninguna de las dos partes tiene visos de ceder. Por un lado, las fuerzas de la derecha independentista (Junts y PNV) no están por la labor de incluir en el plan la permanencia en el ordenamiento jurídico de los gravámenes a las energéticas y bancas, como reclaman desde los nacionalistas conservadores.
ERC, EH Bildu y Podemos, las tres principales fuerzas a la izquierda del PSOE, trasladaron a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien prometió seguir negociando hasta el último minuto. Su vigencia, la de ambos tributos, vence el próximo 31 de diciembre, y para evitarlo, tales fuerzas políticos reivindicaron que se tornara en estructural. Sin embargo, los números no salen y las posiciones ahora mismo son irreconciliables. Salvo milagro de última hora, está previsto que el texto no prospere en comisión y está por ver si se dejan “pelos en la gatera” en estas negociaciones de última hora.
Dos sesiones para Sánchez
Al margen de la deriva nacional, en lo referido a la participación del presidente Sánchez en la cumbre, está previsto que intervenga en las dos primeras sesiones que se celebrarán el lunes. La primera se centrará en la inclusión social y en la lucha contra el hambre y la pobreza, mientras que la segunda abordará la reforma de las instituciones de gobernanza global. La última sesión, que tendrá lugar el martes, tratará sobre el desarrollo sostenible y las transiciones energéticas.
Además, el Gobierno se muestra satisfecho de haber logrado incluir en la declaración final una referencia a la cuarta Conferencia de Financiación Internacional para el Desarrollo, que se celebrará en Sevilla en junio de 2025. Este es considerado un hito importante, ya que será una de las primeras ocasiones en las que se materialice, a través de acciones concretas, el deseo de reformar el sistema multilateral, especialmente la arquitectura financiera internacional, para que responda de manera eficaz a las necesidades de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
