El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, adjudicó a dedo diferentes contratos al Grupo El Castillo para la gestión de varios centros de menores de la región, las mismas instalaciones de las que desaparecieron numerosos menores y cuyas instalaciones y mantenimiento se encuentran en condiciones que han llegado a ser denunciadas ante la Justicia.
En concreto, se trata de los centros de La Cantueña (Fuenlabrada) y de Casa de Campo (Madrid), ambos de primera acogida y el primero de ellos también de media estancia. Ambos son de titularidad pública y en el caso del primer centro mencionado, la adjudicación se produjo por la vía de emergencia como medida anticipatoria a la publicación del pliego ordinario. Ambos contratos se firman por un plazo de dos años y 23.682.148 euros y 12.054.431 euros, respectivamente. A su vez, no son los únicos centros que han ido a parar a manos de este grupo, sino que también se les entrega de forma temporal la gestión de los centros de La Marina y Acacias, ambos en Madrid.
"La gestión del CPA Cantueña, de titularidad pública, quedará sujeta a las particularidades definidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, en el que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta, así como se establece el procedimiento para el desarrollo del contrato. Todo ello, bajo la dirección del Servicio de Infancia y Migraciones de la Subdirección General de Protección a la Infancia y dentro de la configuración de los centros de primera acogida como entornos seguros y de buen trato, a los que se refiere la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia", reza el contrato del centro de La Cantueña, cuyo beneficiario de la licitación es EL CASTILLO, GESTIÓN INTEGRAL, S.L.
"Gestión de un Centro de acogida para niños, niñas y adolescentes migrantes de edades comprendidas entre 12 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, definido en el pliego de prescripciones técnicas, en el que se especifican las necesidades administrativas a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta, así como establecer el procedimiento para su prestación", dicta el del centro de Casa de Campo, cuyo beneficiario de la adjudicación es FUNDACIÓN ANTONIO MORENO, relacionada directamente con el Grupo El Castillo. Ambos pueden ser consultados en el apartado de Contratación de la Comunidad de Madrid, de libre acceso para todos los ciudadanos.
Otros dos centros más
A su vez, como se ha indicado en líneas anteriores, en los acuerdos del Consejo de Gobierno también se adjudicaron a este grupo los centros de Marina y el de Acacias. "Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la contratación del servicio de alojamiento, atención inmediata y cobertura de las necesidades básicas de 76 menores, consistente en la disponibilidad de 12 plazas en el Centro Marina y 25 plazas en el Centro Acacias, ambos de titularidad pública, y 39 plazas en dispositivos de titularidad privada, con distintas entidades privadas, por un importe estimado de 2.066.475,79 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de 147 días", recoge el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com. Ambos fueron adjudicados, de igual manera, por la vía de urgencia y sin pliegos.
34 menores desaparecidos en 2024
El fondo de este asunto no termina en las contrataciones. En los centros de Hortaleza y Casa de Campo se han producido numerosas desapariciones de menores. La diputada socialista Lorena Morales solicitó a la Comunidad de Madrid que le facilitara los datos de las 'ausencias voluntarias' de estos centros, y las cifras son demoledoras: 11 niños en 2019, 16 en 2020, 14 en 2021, 22 en 2022, 16 en 2023 y 21 en 2024 en el centro de Casa de Campo, sumando un total de cien desapariciones desde entonces y 84 desde que el Grupo El Castillo comenzó a hacerse cargo de su gestión.
"Los niños y las niñas desaparecen, y no se contabiliza en ningún registro si son niños o niñas. Desaparecen y pueden estar en problemas muy serios, a merced de la calle, de la delincuencia o de las mafias de explotación sexual. El tratamiento que reciben es síntoma del abandono más absoluto y de que la intención de la Comunidad de Madrid es completamente expulsiva: ofrecerles condiciones de miseria para que se marchen a otras regiones", argumentaba Morales a este medio.
"Ellos no están en régimen carcelario. Pueden salir de los centros, sobre todo por las tardes, a hacer actividades extraescolares, a pasear, etcétera. Pero las desapariciones son ya muy numerosas, y el desinterés de la Comunidad de Madrid en ese sentido hace que no podamos saber si están vivos o muertos. Tenemos que imaginar que son nuestros hijos. Imaginad que mi hijo se va a jugar con sus amigos, no vuelve y no hago nada al respecto por saber dónde o cómo está", señalaba la diputada, denunciando las condiciones de abandono de los menores.
