La Ribera del Duero, con sus 800 viticultores, 380 bodegas y su mesa para el enoturismo, así como la hostelería y los pequeños ganaderos, se ha levantado contra los proyectos que contemplan la implantación de macrogranjas y plantas de biogás en la zona. Tras meses de reuniones y negociaciones, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco -concretamente su consejero de Medioambiente, según fuentes consultadas por este periódico- ha faltado a su palabra y no ha movido un dedo para impedir que la denominación de origen Ribera del Duero y todo el empleo que ello conlleva se vea comprometida por estos proyectos.
En concreto, el sector vitivinícola y los pequeños ganaderos llevan años denunciando que estos macroproyectos de industria intensiva suponen una gran amenaza, no solo para las industrias familiares y agrarias, sino también para el medioambiente. Es por ello que, tras años de peregrinación por la administración regional, la comisión de la Ribera del Duero, que representa a 8.000 viticultores, 380 bodegas y al sindicato mayoritario de las cooperativas, URCACYL, consiguió una reunión en las Cortes de Castilla y León con el gobierno autonómico para abordar la cuestión y buscar una solución que proteja al medioambiente y la industria que durante años ha generado empleo y riqueza en la zona.
Los datos no son baladíes, ya que la industria viticultora, con bodegas, hostelería y todo lo relativo al enoturismo, mueve más de 80.000 puestos de trabajo en la Ribera del Duero, y solo el sector vitivinícola factura casi 2.000 millones de euros al año. Pese a ello, no se ha puesto impedimento, de momento, al proyecto de la macrogranja de más de 700 cerdos y plantas de biogás que pende sobre esta región burgalesa desde 2018. Esto ha sido lo que ha llevado a los vecinos de las localidades afectadas, a los ganaderos y al sector del vino a levantarse contra estas industrias por sus perjuicios y los daños irreversibles que ocasionan.
Trabas a un acuerdo que hubiera sido unánime
Tras una larga lucha de la comisión de la Ribera del Duero se consiguió una reunión con el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para abordar los reclamos de los sectores tradicionalmente históricos en la zona contra las macrogranjas y el biogás. En concreto, el encuentro se fijó para el pasado 3 de diciembre con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Esta reunión tuvo lugar después de que el grupo parlamentario socialista de las Cortes de Castilla y León presentara una Proposición no de Ley (PNL) para su debate y votación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la que se aprobara una moratoria de seis años por la que no se puedan instalar granjas de porcino y macrogranjas, ni ampliación de las mismas; así como la paralización de los proyectos que se encuentren en tramitación administrativa en la Ribera del Duero burgalesa.
No obstante, en la reunión que la comisión mantuvo con la Junta, Mañueco dio su palabra de registrar una Proposición no de Ley, que ya está redactada por la consejería de Medioambiente, en la que se protegía a las denominaciones de origen de Castilla y León de la implantación masiva de macrogranjas en estos territorios calificados de calidad en la elaboración de vinos.
Pero el consejero Suárez-Quiñones, que en numerosas ocasiones ha manifestado su “personal y pertinaz” esfuerzo en la implantación de plantas de biogás, ya mostró en dicha reunión su reticencia sobre el impedimento a la proliferación de macrogranjas. Pese a ello, Mañueco manifestó su compromiso y apuesta personal por registrar dicha proposición no de ley y por llevar a cabo un decreto ley para proteger a la vitivinicultura de la comunidad y a los pequeños ganaderos.
Pasan los días y las negociaciones y presiones entre sector y PP y Vox, y se llega al acuerdo de que ambas formaciones registrarían de forma conjunta dicha PNL. Vox retrasa el registro por un imprevisto durante 14 horas y, finalmente, el PP se niega, incumpliendo con ello la palabra que había dado al sector.
Según han señalado fuentes de la comisión consultadas por ElPlural.com, fue el consejero Suárez-Quiñones quien torpedeó e incumplió el acuerdo. Conviene señalar que su apoyo a las plantas de biogás está relacionado con las macrogranjas, ya que requieren de estas para ser rentables. Así, estas fuentes indican que resulta “extraño y curioso” que sea precisamente la consejería de Medioambiente la que haya redactado la Proposición no de Ley, por orden del presidente de la comunidad, y posteriormente se haya encargado de faltar a la palabra, dejando de lado no solo a la comisión negociadora sino también ignorando los numerosos informes que alertan de los daños a estos sectores y de la contaminación medioambiental irreversible que conllevan.
Al respecto, insisten en que hay un pertinaz interés del consejero de Medioambiente. Por eso, denuncian que “los intereses de este señor” no pueden “acabar primando sin que nadie diga ni haga nada para salvar la Ribera del Duero de las explotaciones intensivas.
“El consejero ha dicho que no y el que ha dinamitado el tema y que no entendemos, que no entendemos por qué se ha dinamitado ni a qué intereses obedecen, es él. Pero seguiremos peleando para que estas fatales consecuencias se tengan en cuenta, porque en otros países han gastado ingentes cantidades de dinero del erario público contra estas explotaciones precisamente por una falta de regulación y por una falta de previsión”, han aseverado.
De no conseguir que el Partido Popular presente o apoye la Proposición no de Ley, desde la comisión de la Ribera del Duero amenazan con manifestaciones y campañas contra estos proyectos. “Estamos pensando en hacer manifestaciones, no vamos a dejar que destruyan nuestra tierra y nuestra industria”, remarcan las fuentes consultadas.
De la misma forma, desde la Comisión de la Ribera del Duero lamentan que una proposición que puede aprobarse por unanimidad, ya que el PSOE ya presentó la suya propia al respecto y Vox llegó a un acuerdo con el PP, vaya a caer en saco roto por el consejero. “Todos entendieron que hay que priorizar el bien común frente a los intereses políticos o personales, y viene finalmente Suárez-Quiñones a torpedear el acuerdo”, zanjan las fuentes.
Las macrogranjas, una gran amenaza
Las explotaciones intensivas de ganadería cada vez van cogiendo más presencia en el panorama nacional. Se trata de un negocio basado en la alimentación y utilización de los animales lo más rápidamente posible, maximizando beneficios con condiciones de hacinamiento, explotación y, en definitiva, maltrato animal y medioambiental.
En las macrogranjas, los animales se alimentan de piensos y viven encerrados en naves industriales, sin poder salir a pastar al campo ni ver la luz natural. Los animales viven, así, confinados en espacios reducidos, muchas veces sin espacio para darse la vuelta.
Con ello, las consecuencias para el medioambiente también son fatales. Se contamina el agua por nitratos al generar una cantidad ingente de excrementos; se contamina el aire por las emisiones de amoniaco, metano y óxido nitroso; y los efectos para la salud en las personas que comen esta carne también son fatales, ya que se abusa de antibióticos y medicamentos. A ello queda añadir el maltrato y abuso animal y la deforestación.
