Las acusaciones de golpe de Estado eran recíprocas: el bloque de la izquierda acusaba al Tribunal Constitucional, de mayoría caducada y conservadora, de realizar una injerencia “sin precedentes” al mantener en vilo la votación de la reforma del poder judicial por petición expresa del PP y su cautelar presentada hacía 24 horas; frente a ellos, el bloque de la derecha respondía otorgando el mismo castigo argumental a un Gobierno al que acusaban de introducir enmiendas de forma irregular para tratar de asaltar la corte de garantías cambiando las mayorías necesarias para su renovación.

Palabras como “lawfare” -judicialización de la política- provocaban búsquedas rápidas de los cronistas parlamentarios en la carrera de San Jerónimo. Términos técnicos y teóricos que chocaban diametralmente con acusaciones por todos conocidas: “Estamos ante lo más grave que se recuerda desde el 23-F”, se escuchaba en los pasillos del Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, en la propia sede de la soberanía popular. “Hay un aroma a febrero del 81”, proseguían estas mismas voces.

Eran horas extrañas, donde los periodistas especializados en política nacional y tribunales se intercambiaban la atención en búsqueda de una información que llegaba a cuentagotas. En el Congreso la tensión era máxima. A la espera de lo que decidiera el Tribunal Constitucional, arrancaba una batalla de recursos para paralizar un pleno que ardía intramuros, con el bloque conservador y el progresista enfrentados, con pocas horas de sueño acumuladas tras una jornada de miércoles maratoniana que acabó con el aviso de que el jueves la democracia española se enfrentaba a un choque institucional sin precedentes.

La reforma judicial se debatía en la Cámara Baja a expensas de si ese trabajo devendría en su votación o en Meritxell Batet anunciando desde la tribuna que el pleno acababa por orden y mandato del Constitucional. Desde primera hora, el alba de un jueves largo y tedioso, hasta más allá del ocaso, cuando el sol traspone al horizonte. Sánchez amagó con anular el conticinio saliendo a altas horas de la noche para desesperación de los más cafeteros, exhaustos tras 24 horas de acusaciones e intoxicación de uno y otro bando.

8.40 horas. El PSOE se persona en la causa. Con el primer café del día, y apenas 20 minutos antes de que arrancase un pleno de imposible predicción, el PSOE informaba de la presentación de un recurso para personarse en el pleno del Tribunal Constitucional, hacer notar su voz y tratar de impedir la “injerencia” del órgano de garantías frente al Poder Legislativo.

Isaura Leal, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, era quien firmaba esta petición cargada de advertencias. Los socialistas indicaban al TC de que una decisión de este tipo, que podía “suspender el procedimiento parlamentario impidiendo al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones”, podría provocar unos daños de “imposible reparación”.

"Conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara (elegidos por los Diputados) y la mayoría de los Diputados que han votado y aprobado los textos en distintas fases del procedimiento legislativo", concluían en su escrito.

9.00 horas. Arranca el pleno del Congreso. “Señorías, se abre la sesión. Comenzamos con el punto único del orden del día, relativo al dictamen de la Proposición de ley orgánica de trasposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y de reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. Con puntualidad británica, Meritxell Batet anunciaba de esta forma el pistoletazo de salida a un pleno matinal donde los diputados, pegados al móvil y a las cámaras de los pasillos, permanecían a la espera de ver si la sesión continuaba con normalidad o el TC los levantaba de su escaño aceptando la cautelar presentada por el PP.

Eran muchos los asuntos pendientes que debían avanzar parlamentariamente con el sí mayoritario de sus señorías. La responsabilidad era máxima: hipotecas, aborto, reprobaciones y una reforma judicial convertida en un cajón de sastre vía enmiendas en la que entraba la europeización de las penas por sedición, la rebaja de condenas por malversación a aquellos que no se lucraran personal, la ley de enriquecimiento ilícito, el cambio de mayorías en el CGPJ para designar a los magistrados del TC e incluso introducir en la exposición de hechos de la ley del ‘solo sí es sí’ un párrafo aclaratorio con el que tratar de persuadir a los tribunales para que cese la sangría de revisiones de condena a la baja para los violadores.

Casi nada. Un atropellado procedimiento que, incluso, había provocado fricciones en el seno del PSOE, con barones críticos por la reforma ‘ad hoc’ de los malversadores del procés y una ERC en tono triunfalista incidiendo en que esta era la primera piedra de un camino que acabaría con un referéndum de autodeterminación pactado con el Ejecutivo.

10.00 horas. Los magistrados se enfrentan a un pleno crucial. Esta era la hora prevista para que el Tribunal Constitucional debatiese la paralización de la reforma judicial en el Congreso por petición del PP. Fue Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional, el encargado de aceptar el recurso del PP y fijar la hora del pleno convocado con carácter de urgencia. Sería Enrique Arnaldo el encargado de defenderla. El primero: ideólogo de FAES, rector de la URJC en el momento de los escándalos sobre los estudios de Máster de Pablo Casado y Cristina Cifuentes y colocado en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy. El segundo: también designado por el PP, asesor de FAES y señalado por sus grabaciones en la operación Lezo.

La celeridad del proceso, así como los recursos en cascada que llegaban al órgano de garantías, máximo garante de la Constitución Española, provocaban que el pleno se fuese aplazando paulatinamente, acumulando un retraso de cerca de tres horas. El bloque progresista y el conservador, en reuniones paralelas, discutían cómo hacer valer sus postulados. Los informes que llegaban, contradictorios: por un lado, uno que defendía aceptar el recurso del PP y dar por acabado el pleno del Congreso; por el otro, lo opuesto.

10.14 horas. Recurso de amparo de Vox. Poco después del presunto inicio del pleno del Constitucional se publicaba la noticia de que Vox se sumaba al PP interponiendo un nuevo recurso de amparo para paralizar las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se derogaba el delito de sedición. “El momento es gravísimo”, reafirmaba mientras tanto el propio Abascal.

10.40 horas. La denuncia de Podemos aplaza la decisión. Más importante, e innovador, fue la recusación presentada por Podemos en la que se denunciaba el conflicto de intereses de los magistrados Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal de Garantías, y Antonio Narváez.

La formación morada, de esta forma, trataba de revertir la mayoría conservadora con un aviso lógico: el TC estaba debatiendo si impedir, paralizando la reforma judicial, el nombramiento de dos magistrados progresistas que apartarían de la corte de garantías a Trevijano y Narváez, encargados de votar la paralización de su propia destitución. Un recurso certero que sirvió para introducir más picante a un pleno que, obligado a atender tanto este recurso como el presentado por el PSOE, seguía postergándose y dando alas al Congreso.

12.00 horas. Sin quórum. Esta fue la hora en la que el bloque progresista del TC informó de que no se veía preparado para asumir la avalancha de información sobre la mesa y votar. Ante la negativa de estos magistrados, y conscientes de que si se levantaban de la mesa no se conseguiría el consenso requerido, Trevijano tomó nota y la decisión de aplazar el pleno hasta el lunes, dando un respiro a los magistrados, empezó a perfilarse.

Fue María Luisa Balaguer, magistrada progresista, la encargada de notificar esta decisión adoptada por el seno del bloque que representaba. Además, y conscientes de la importancia de lo que se estaba negociando y de las pocas horas que habían tenido para su estudio, explicó a Trevijano que algunos magistrados estarían dispuestos incluso a abandonar el pleno si se producía la votación sobre la medida cautelarísima.

13.00 horas. Arranca el pleno del Constitucional. Empezaban las negociaciones. La decisión estaba tomada, pero era el momento de darle forma: Trevijano, consciente de la posibilidad de que algunos magistrados se negasen a votar, explicó que aceptaría posponer el pleno y dar cierto oxígeno a una jornada de máxima incertidumbre siempre que quedasen especificados por escrito los motivos. Así fue.

14.40 horas. El Constitucional comunica su respuesta. “Hoy no se han atrevido”. Esa era la respuesta más comentada por los diputados del bloque de la izquierda en el Congreso de los Diputados. El pleno de la corte de garantías se posponía al lunes. La decisión no está tomada y la reforma judicial puede ser tumbada, pero todo el mundo sabe que este aplazamiento escondía mucho más: no hubo foto de Batet cancelando la sesión, no se impidió votar a los diputados, no hubo injerencia paralela a la reforma que se debatía en directo.

Oxígeno para la izquierda. Una pena para la derecha: “Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español”, notificó el PP.

15.00 horas. Vox y Ciudadanos piden paralizar el pleno. La tensión se pospuso en la corte, y la derecha pidió que también lo hiciese en el Congreso. Fueron Vox y Ciudadanos los partidos encargados de solicitar esta paralización del pleno. "Pedimos la suspensión del pleno hasta que el Tribunal Constitucional se defina sobre las medidas cautelarísimas", indicó Espinosa de los Monteros, portavoz ultra, “al entender que las enmiendas implican una reforma espuria constitucional”.

“Hoy se pretenden aprobar tres leyes orgánicas con enmiendas que nada tienen que ver con el texto original, y se hace además cuestionando la labor del Tribunal Constitucional. Por tanto, le pido que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha respondido un escrito de recusación presentado por nuestro partido”, indicó, paralelamente, Arrimadas. “Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en 2017, señora Batet: no permita esto”, sentenció.

18.40 horas. El Congreso aprueba la reforma. De nada habían servido las solicitudes de paralización del pleno solicitadas por Vox y Ciudadanos. El pleno había seguido con la normalidad más anómala que se recuerda, y más tarde de lo previsto, bien entrada la tarde y con el día ya apagándose en la capital, se aprobaba la reforma judicial. Victoria del Gobierno, que conseguía rearmar a su bloque de investidura, mandar al Senado sus voluntades y repeler fruto del ruido mediático las críticas que les perseguían por retocar la malversación, anular los efectos de la sedición y tratar de paralizar los efectos nocivos que experimenta el Gobierno con cada una de las revisiones de condena a violadores fruto de la ley del ‘solo sí es sí’.

Turno del Senado. Al menos, a priori, siempre que el Tribunal Constitucional no cambie lo dictado por el Congreso el próximo lunes.

23.00 horas. Comparecencia de Sánchez. El presidente del Gobierno dio la cara. Lo hizo tarde, cuando todo se había resulto (o pospuesto). Cuando todo el mundo había hablado. Cuando su intento de que Europa se plegase a los designios de España e impusiese un tope al precio del gas había vuelto a fracasar por la negativa alemana y holandesa. Era el momento de volver a fijarse en lo nacional, dejar atrás el perfil internacional y hacer balance sobre una jornada histórica que le había pillado a muchos kilómetros de distancia.

“La derecha ha tratado de amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho en estos cuatro años con el CGPJ, ahora pretenden hacerlo con el TC. Han secuestrado la Constitución y, hoy, han intentado bloquear el Parlamento. La pregunta que hay que hacerse es: ¿Por qué?". Con ese interrogante, Sánchez avisó a la derecha política y judicial: “La democracia y la Constitución prevalecerán”.

"Sus ataques quedan pocos epítetos. Hay que reclamar el respeto, pero no solo frente al insulto, sino para la voluntad de la mayoría popular", sentenció. Medianoche. Acababa la jornada. Hasta el lunes.