A las 10:00 horas de este jueves estaba previsto que arrancara el pleno del Tribunal Constitucional para debatir si paraliza la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial después de que el Partido Popular presentara un recurso de amparo y el organismo decidiera discutirlo con carácter de urgencia. Tanto PSOE como Unidas Podemos han movido ficha para esquivar el bloqueo de los conservadores. Los morados han dado un paso más que los socialistas y han presentado la recusación tanto de Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal de Garantías, y del magistrado Antonio Narváez por conflicto de intereses, dado que ambos, de aprobarse la reforma, serían sustituidos por los nuevos miembros nombrados por el Gobierno. 

Los acontecimientos dan un nuevo giro de tuerca. El cónclave del Constitucional tendrá que aplazarse durante dos horas aproximadamente ante los movimientos de réplica de PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas, al filo de la medianoche, presentaron un recurso para solicitar al TC que les tenga por personados y denigue la suspensión de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ambos se aferran a que, de paralizar el tránsito ordinario del articulado, se vulneraría el derecho de los diputados y, en consecuencia, el de los ciudadanos que ellos representan.

Amén de estos recursos, el retraso se explica en base a una reunión del sector conservador -actualmente mayoritario, con seis magistrados- para fijar posicionamiento interno. A las 10:00 horas, momento en el que debería iniciarse el pleno, no había concluido, provocando que los cinco magistrados progresistas regresaran a sus despachos a la espera de ser convocados. Por su parte, los miembros del bloque progresista han solicitado que se postergue el mismo durante unas horas para escudriñar el propio recurso de amparo del Partido Popular antes de dirimir y votar sobre su admisión y las cautelarísimas que solicita.

Movimiento de Podemos

A ello hay que sumar una maniobra de última hora de Unidas Podemos. Los morados han dado un paso más que sus socios de Gobierno y han requerido que se aparte tanto al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, como al magistrado Antonio Narváez. Una decisión que UP fundamenta en base al conflicto de intereses, pues si se aprobara la ley en cuestión, ambos serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Es decir, tanto el presidente del Tribunal Constitucional como el magistrado son la parte afectada de la reforma legal propuesta por la izquierda y en cuyas manos descansa su paralización. En caso de decantar la balanza en favor del Partido Popular, ambos podrían mantener sus puestos. En caso de que no tramitarlo, se verán obligados a abandonar el tribunal tras la preceptiva aprobación del articulado en las Cortes Generales.

La democracia, en el punto de mira

Los miembros de la coalición dejan a un lado sus diferencias para hacer frente común a un “ataque a la democracia”. En estos términos se han referido durante los primeros compases de este jueves a la “injerencia” y “atropello” del Tribunal Constitucional a petición del Partido Popular.  

Las sensaciones en sendas formaciones son de monumental enfado, aunque esperan noticias aún de los recursos presentados. Lo que sí han evidenciado es la gravedad de los acontecimientos, equiparándolos incluso al 23-F. Desde el fallido intento de golpe de Estado, ambas formaciones convergen en que esta supone la “mayor amenaza a la democracia”. De hecho, han instado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ejerza como escudera de la autonomía de la cámara.

Se han atrincherado en los órganos constitucionales, perpetrando un golpe a la democracia

Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos, defiende que son “parte legítima” y que antes de decidir, el Tribunal debería escuchar su exposición de motivos y no ceñirse en exclusiva a las del Partido Popular. Un razonamiento que ha seguido a pies juntillas el Partido Socialista de la voz de su portavoz parlamentario, Patxi López y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Asens ha aireado la idea de que el escenario actual supone la “amenaza más grave a la democracia” española desde el intento del golpe de Estado del 23F. El dirigente de los Comunes argumenta que la deriva judicial de la derecha “lesiona” la separación de poderes a costa de mantener la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. “Se han atrincherado en los órganos constitucionales, perpetrando un golpe a la democracia”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz de los socialistas en le Cámara Baja, Patxi López, ha rebajado la tensión argumental de sus socios, pero manteniendo un discurso crudo. El ex lehendakari se ha referido a la maniobra del TC como “radicalmente antidemocrático” al no permitir al Poder Legislativo que cumpla con sus funciones.

Patxi López: "Es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático"

En efecto, para el socialista hay un responsable principal y no es otro que el Partido Popular, cuya tela de araña envuelve al Poder Judicial y ha facilitado esta jugada. Por ello, lamenta la “preocupante” deriva por la que se ha desviado la derecha. “Es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático”, ha resuelto.

Las primeras reacciones de Moncloa llegan de la garganta de la ministra de Hacienda y Función Pública. María Jesús Montero, ante las cámaras de Antena 3, ha cargado las tintas contra el Tribunal Constitucional, acusándolo de “entrometerse” en la tarea del Legislativo y recordando a los magistrados que la soberanía popular “radica” en el pueblo. Términos similares a los verbalizados posteriormente por la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha calificado la maniobra del PP y de los magistrados como un “atropello institucional” que busca “amordazar” la voluntad popular.

PP y Vox, de la mano

Entre tanto, desde el flanco derecho del tablero político acompasan las maniobras iniciadas por el PP. Vox, socio preferente de los conservadores, se ha sumado al movimiento de Génova a través de un nuevo recurso de amparo que reclama la suspensión de la tramitación parlamentaria.

Desde Génova, vía comunicado, se ha explicado que el motivo de su recurso radica en la consideración de un “uso fraudulento” de los trámites parlamentarios ante la “falta de conexión” de las enmiendas con la proposición de ley. Entienden que estas allanan el camino a unas modificaciones que entienden como “inconstitucionales de forma manifiesta”.

El líder del Partido Popular, lejos de retractarse, se vanagloria de la maniobra orquestada porque busca la garantía de la “democracia en nuestro país”. “Tengo la conciencia tranquila”, ha sentenciado en una entrevista concedida a Telecinco, donde ha insistido en la paralización de forma cautelarísima de la tramitación de la reforma judicial.

Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que el objetivo del PP es la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución Española, subrayando que su recurso pivota sobre el impedimento de una votación con la que “hurtan el derecho a los diputados de discutir lo que se va a votar”. “Las enmiendas no se pueden enmendar”, ha justificado.