El Congreso ha creado una comisión de investigación sobre la trama Kitchen que se instruye en la Audiencia Nacional y en la que el juez ya considera como investigado al ex ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. Para llegar a esta aprobación, sus señorías mantuvieron un bronco debate en el que la derecha de Pablo Casado se defendió con el habitual “y tú más”, pero que llegó a buen puerto con el voto de todos los partidos que favorecieron la investidura y el apoyo también de Ciudadanos.

Como se sabe, se trata de averiguar qué hay de cierto en los indicios de que en el Ministerio de Interior se organizó una trama parapolicial auspiciada presuntamente por el propio ministro y el secretario de Estado, Francisco Martínez, que coordinaron a un nutrido grupo de funcionarios del ramo.

Se investiga si su objetivo era efectivamente obtener y, en su caso, destruir los documentos que podían implicar a la dirección del PP, que presidía entonces Mariano Rajoy Brey, en la supuesta caja B del tesorero del partido, Luis Bárcenas.

En el debate del jueves, que fue bastante desagradable por el tono y los contenidos, la portavoz del PP, Ana Vázquez, se defendió como gato panza arriba lanzando acusaciones de corrupción contra el PSOE y Unidas Podemos en base a casos judicializados o simplemente denunciados en prensa. El representante del PNV, Aitor Esteban, con su habitual sensatez, aparte de apoyar la comisión destacó preocupado el ambiente de intolerancia y la crisis institucional reinante.

Es lógico que los de Pablo Casado intenten echar balones fuera. Según se van conociendo datos del sumario de este vergonzante tema, más preocupación debe sentir la formación que preside. Los medios informativos revelan sobre el sumario en curso que el policía Villarejo y su grupo confesaron una operación para que la primera pieza del caso Gürtel no alcanzara a la cúpula del PP, o que el juez investigara si el marido de Cospedal recibió chivatazos.

La investigación puede salpicar también a altos cargos del Gobierno Rajoy Brey como es el caso de la que fue secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa entre otros cargos. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se la cite como investigada al entender que tenía “interés personal” en esta mencionada operación de espionaje a Bárcenas, que se intenta saber si fue sufragada con fondos reservados.

Es lógico que el Congreso quiera saber qué estaba pasando con el dinero de todos los españoles y si se han producido irregularidades de tal calibre, protagonizadas por representantes electos y altos cargos. Por eso, el PP maniobra organizando una bronca permanente con cualquier tema, utilizando incluso al Rey en sus maniobras para alejar la atención de sus presuntas golferías. No quieren que se investigue. Ellos sabrán por qué.